Cada semana muere un defensor de derechos humanos en Filipinas
Desde que Rodrigo Duterte llegó al poder en julio de 2016, han aumentado los asesinatos de líderes sociales, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.
Al menos una persona defensora de derechos humanos muere cada semana en Filipinas desde que Rodrigo Duterte llegó al poder en julio de 2016. Son datos de la ONG Karapatan, que significa 'derechos' en filipino y que engloba a diferentes organizaciones sociales del país.
La secretaria general de Karapatan, Cristina Palabay, ha realizado recientemente una gira en Catalunya, de la mano de la Associació Catalana per la Pau y de International Action for Peace para reunirse con representantes institucionales, organizaciones de la sociedad civil y periodistas con el objetivo de dar a conocer la vulneración de derechos que azota el país.
Ella misma recibió en abril de este año amenazas directas de muerte pocas horas después del asesinato de su compañero de entidad Bernardino Patigas en la ciudad de Escalante. Con él ya suman 58 los trabajadores de Karapagan asesinados por realizar labores de denuncia y activismo.
Palabay ha destacado que la supuesta guerra contra la droga impulsada por el gobierno de Duterte disfraza la aniquilación de defensores de derechos humanos, siendo especialmente preocupante en el caso de mujeres, campesinos, indígenas, religiosos y periodistas.
"Mis colegas y yo cada día recibimos amenazas on line o por SMS. Es muy peligroso. Nos acusan de comunistas, terroristas e incluso de rompedores de familia porque impulsamos la ley de divorcio", asegura.
La situación se agrava con la poca confianza que tienen las entidades sociales hacia la Corte Suprema: "En vez de darnos protección judicial cuando la solicitamos, hay acusaciones de falsa denuncia en nuestra contra, en un contexto de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones", añade.
En un país asolado por el conflicto armado interno y la guerra contra las drogas, el ejército ha aumentado el poder, mientras que las voces discrepantes con el ejecutivo se criminalizan de forma sistemática y se incluyen en listas negras.
Esto se traduce en un "desprecio" de Duterte hacia las entidades críticas, por lo que alienta a las fuerzas policiales y parapoliciales a "perseguir a los movimientos sociales con total impunidad". en este sentido, desde julio de 2016 un total de 12 periodistas han sido asesinados en Filipinas.
EUROPA Y LA ONU
En la resolución 2018/2662(RSP) de 19 de abril de 2018 sobre Filipinas, el Parlamento Europeo pidió que los nombres de unos 600 defensores se retiraran de las listas terroristas. Según el PE, con la llegada de Duterte al poder, 12.000 personas, incluyendo niños, habrían sido asesinadas en el marco de la guerra contra las drogas.
El 11 de julio de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de la resolución (A/HRC/41/L.20) en la que expresó su "preocupación" por la situación de los derechos humanos en Filipinas, citando expresamente las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.
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