El Constitucional sostiene que Torrent vulneró los derechos de la oposición

 

El Tribunal Constitucional (TC) ha sentenciado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, vulneró los derechos de la oposición al tramitar en 2018 unas enmiendas de la CUP sobre una propuesta de resolución que reiteraba la declaración unilateral de independencia (DUI) de 2017.

El fallo acepta un recurso que presentó Cs y declara que "se ha vulnerado su derecho a ejercer las funciones representativas" y anula la decisión de la Mesa del Parlament por la que admitió a trámite esas enmiendas.

Los hechos ocurrieron a inicios de 2018 --todavía no se había constituido el Govern de Quim Torra y el Parlament estaba inmerso en la polémica por las investiduras fallidas--, cuando JxCat presentó una propuesta de resolución que pedía legitimar al expresidente Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

La CUP presentó varias enmiendas a esta propuesta que buscaban que la Cámara catalana se reafirmara y reiterara la DUI aprobada por el Parlament el 27 de octubre de 2017, y la Mesa la tramitó, pese a la oposición de Cs y PSC-Units, y las advertencias de los letrados, y posteriormente rechazó las peticiones de reconsideración presentadas.

Sin embargo, estas enmiendas nunca llegaron a votarse en el pleno porque finalmente la CUP y JxCat pactaron una resolución alternativa y rebajada respecto a la propuesta inicial de los 'cupaires', de manera que el Parlament evitó ratificar la DUI.

PROPUESTA INCONSTITUCIONAL

El partido naranja presentó un recurso ante el TC por la decisión de la Mesa de tramitar las enmiendas de la CUP y ahora el tribunal ha sentenciado dando la razón a Cs.

El TC argumenta que la Mesa debería haber inadmitido las enmiendas porque las considera inconstitucionales y contradice resoluciones suyas anteriores, como la que suspendía la ley del referéndum aprobada para convocar el 1-O.

El Alto Tribunal afirma que la Mesa y Torrent conocían que admitir a trámite las enmiendas implicaba "no respetar lo ordenado" por el TC, por lo que cree que era su deber paralizar la iniciativa.

"Se ha de concluir que la Mesa del Parlament y su presidente han faltado a su deber constitucional de acatar lo resuelto por el TC", concluye el Alto Tribunal.