Visto para sentencia: el juicio contra Torra marcará el futuro inmediato de la política catalana

 

Una única vista, un único condenado y un calendario político endiablado. Estas son las tres claves que marcan el juicio contra Torra por no haber descolgado los símbolos independentistas de los edificios públicos tal y como le ordenó la Junta Electoral Central (JEC) en periodo electoral.

Aunque la publicación de la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no tendría por qué retrasarse, Torra podría estirar el asunto presentando recurso ante el Tribunal Supremo, que a su vez podría tardar hasta once meses en resolver el recurso de casación.

Sin embargo, el escenario que dejaría una sentencia condenatoria podría ser aprovechado por el tándem Torra-Puigdemont para adelantar elecciones. Ante las negociaciones que ERC mantiene con el PSOE para investir a Sánchez y la falta aparente de un sucesor para el Molt Honorable, el núcleo de Waterloo podría decidir volver a las urnas para bascular el peso del independentismo a su favor.

La figura de un presidente de la Generalitat condenado y obligado a dejar su cargo podría movilizar a un electorado por el cual pugnan tanto posconvergentes como republicanos. La bala en la cartuchera de Puigdemont parece clara: cuanto más lío, cuanta más confusión, mejor para sus propósitos. Ir a elecciones en plena investidura del Gobierno encaja perfectamente en los planes del expresident fugado.

LA DEFENSA

El presidente de la Generalitat, que a respuestas de su abogado, Gonzalo Boye, ha reconocido que "desobedeció" de forma efectiva la orden de la JEC, ya que entendía que era una "orden ilegal".

Durante el turno de la defensa, Boye ha defendido que la JEC carecía de competencia para ordenar a Torra que retirara los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat en marzo y ha criticado a dos miembros del órgano electoral por emitir opiniones críticas con el presidente de la Generalitat.

El letrado ha insistido al terminar de exponer su informe, durante algo más de una hora, que el cumplimento de la orden de la JEC era inasumible por parte de Torra, y ha dicho que "lo querían sentar en el banquillo fuera por desobediencia o fuera por prevaricación".

LA FISCALÍA

El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha concluido que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, cometió un delito de desobediencia y ha valorado que, a medida que pasaban los días tras la primera orden, del 11 de marzo, fue intensificando su falta de respeto institucional y finalmente "se vino arriba" al cambiar la pancarta del Palau por una idéntica.

"El acusado fue intensificando esa falta de respeto institucional, hasta el punto de que se vino arriba" y sustituyó la mañana del 21 de marzo la pancarta del lazo amarillo por una idéntica con el lazo blanco, y en esa espiral acabó presentando una querella contra toda la JEC, ha explicado Bañeres en su informe final.

En su intervención la tarde de este lunes, Bañeres ha afeado a Torra su "nula disposición de acatar la orden" de la JEC, que, según el Ministerio Público, era un organismo competente y superior para darle órdenes.

HECHOS

El fiscal ha recordado que el 11 de marzo de 2019 la JEC dictó la orden de retirada de símbolos de los edificios de la Generalitat en 48 horas al ser periodo electoral, una decisión que no fue recurrida y ganó firmeza, si bien posteriormente se presentó un recurso de reposición y la JEC confirmó la orden el 18 de marzo.

A la vista de la "persistencia del incumplimiento" de Torra, el 21 de marzo la JEC acordó ordenar al conseller de Interior, Miquel Buch, la retirada, lo que finalmente se hizo efectivo.

Para el fiscal, la JEC "no hacía sino reiterar una doctrina consolidada y confirmada por el Tribunal Supremo", y ha citado varias resoluciones en esta línea como la que sirvió para condenar a la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós, en las que se recordaba que la libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos pero no para las instituciones.