Ada Colau carga contra el Supremo y Agbar por la sentencia en contra

 

En declaraciones al Món de RAC1, la alcaldesa Ada Colau, ha manifestado dos días después de hacerse pública la sentencia del Supremo sobre la re municipalización del agua, que "de ninguna manera, renunciamos a la gestión pública de la agua. Hoy es un poco más difícil pero no nos dejaremos intimidar por esta dificultad ".

Además ha señalado que la causa en el Supremo "ha cambiado tres veces de sala" y ha insinuado que Agbar habría influido en la decisión judicial sobre la re municipalización del agua.

No ha tenido límites Colau a la hora de hacer ataques directos a los miembros del Supremo y ha puesto en duda, con sus afirmaciones, que las decisiones judiciales importantes se guíen por el "sentido común" y ha dicho en este sentido que: "no puedo hacer una afirmación categórica, yo creo que hay un mal funcionamiento de la cúpula judicial, que requiere que se revise. Cada vez que hay causas mayores que afectan a grandes intereses económicos hay sentencias que, van contra el sentido común. "

Como si el sentido común tuviera que ver con lo que ella y su gobierno exponen como verdades irrefutables. Lo que ha quedado debidamente acreditado, por la unanimidad del Supremo, que ni es cierto sino todo lo contrario, están llenas de falsedades sus argumentaciones en relación con la

re municipalización del agua. De hecho ayer, a su delfín, y vicepresidente del Área de Medio Ambiente en el AMB, Eloi Badia, le cogieron en tres mentiras en sus declaraciones ante los medios de comunicación.

La primera que la "ciudadanía en general quiere que el agua se gestione de forma pública" a pesar de que en el barómetro sobre la valoración de las prestaciones públicas realizado por el Observatorio de Servicios Urbanos  el 70% de los barceloneses aprueba el servicio municipal de agua que lleva a cabo Agbar.

Que "mañana mismo podríamos iniciar la re municipalización" a pesar de que la opinión del Tribunal Supremo es que la validez y la vigencia de la concesión finaliza en el año 2047 y deja claro que la titularidad de las infraestructuras para llevar a cabo el servicio es de SGAB, que es la que otorga a la sociedad mixta unos derechos que siguen vigentes en la actualidad.

Y tercera donde decía Bahía que "nuestra función es velar por unos precios públicos, y es un trabajo conseguir hacer una rebaja" y que un análisis detallado de qué elementos de la factura subirán y cuáles bajarán deja una imagen muy diferente de la que habla el regidor.

Colau afirma en su entrevista que "se calcula que con la concesión actual, hasta el 2047 Agbar tendrá unos beneficios de mil millones de euros." Pero se olvida que la empresa que presta el servicio lo hace bajo la fórmula de la colaboración público-privada y que en su consejo de administración a la hora de aprobar los beneficios la parte pública también coge parte de estos beneficios que públicamente "no cuantifica" nunca. ¿La han escuchado tal cosa en alguna ocasión ?. Pues la verdad es que si la empresa mixta tiene beneficios estos también se reparten con la parte pública como está debidamente estipulado. Pero tal vez la alcaldesa lo que quiere es que cualquier empresa que preste un servicio mediante la fórmula de la colaboración público-privada haga inversiones y no obtenga ningún beneficio.

Y en el "mundo mágico" en el que se mueve la alcaldesa de Barcelona donde emplea un manido argumentario de confabulación entre jueces e intereses económicos en la sombra que se "saca del sombrero" sin aportar pruebas tangibles habla de que: "hay detalles que llaman la atención. en el Supremo la causa ha cambiado de sala 3 veces hasta llegar a la misma que tumbó las hipotecas porque ponía en peligro las entidades financieras. " Y en una mezcla de "totus revolutum" añade miren ustedes es que hay "otro dato curioso: Agbar tiene un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para poder hacer formación a sus jueces en materia de agua." Como si la formación que se lleva a cabo en el Consejo General del Poder Judicial fuera necesario ponerla en cuestión porque a la alcaldesa Colau le gustan las sentencias que le son favorables y no las que por unanimidad le fallan en contra. En una táctica de tirar balones y no asumir la responsabilidad del fracaso de sus tesis que cuestan mucho "dinerito"  a los barceloneses, concretamente cerca de 3,3 millones de euros que podían haberse empleando en dotar de mejores servicios a la ciudadanía.

Y teniendo presente las últimas declaraciones parece que la cuenta del litigio continuará subiendo para mayor beneficio de los despachos de abogados contratados por el Ayuntamiento de Barcelona ya que Colau quiere que no tenga fecha de finalización esta "guerra del agua" que mantiene con Agbar. Acatar sentencias parece no ir con ella, a pesar de que diga lo contrario, pero criticar a quien las emiten sí, en este caso la cúpula judicial, ya más que acostumbrada a que la clase política tire por tierra uno de los estamentos, el judicial, que sostienen la democracia.