La Generalitat confirma el segundo grado a los presos del procés

 

La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat ha ratificado la clasificación de segundo grado, el régimen ordinario de privación de libertad, para los presos condenados por el Tribunal Supremo por el 1-O.

Según ha informado el departamento en un comunicado, la Secretaría confirma la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona) y Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona) del 11 de diciembre para los líderes independentistas encarcelados.

Así, tendrán la misma clasificación el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Los presos podrán empezar a pedir permisos penitenciarios al cumplir la cuarta pena de la condena, con lo que los primeros en poder solicitarlos serán  Jordi Sànchez y Jordi Cuixart este mes de enero.

De hecho, el abogado de Sànchez, Jordi Pina, ya anunció el miércoles que su cliente pedirá su primer permiso penitenciario el martes 14 de enero, al cumplir la cuarta parte de su condena de nueve años por sedición, dictada por el Tribunal Supremo tras el juicio por el proceso soberanista.

La Conselleria ha destacado que "todas las resoluciones subrayan un proceso de inserción social favorable, pero lo ponderan teniendo en cuenta la duración de las penas, de entre 9 y 13 años de prisión".

TRIBUNAL SUPREMO

A partir de las resoluciones, las clasificaciones se pueden recorrer ante el juez de vigilancia penitenciaria correspondiente. La decisión de este juez se podrá recorrer, en última instancia, ante el Tribunal Supremo.

Desde que las juntas de tratamiento formularon las respectivas propuestas, el equipo del Servicio de Clasificación disponía de un máximo de dos meses para estudiarlas, con el propósito de garantizar la coherencia de los criterios del conjunto de los centros penitenciarios.

Tal como establece el Reglamento penitenciario, ahora se abre un nuevo periodo de un máximo de medio año para que las juntas de tratamiento revisen cada uno de los casos y, si lo consideran conveniente, se dirijan de nuevo al Servicio de Clasificación para proponer un cambio de grado.