Fiscalía tiene suspendidas las inspecciones en residencias pese al centenar de diligencias abiertas

 

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha hecho público este jueves un decreto en el que mantiene temporalmente en suspenso las visitas o inspecciones "presenciales o físicas" de los fiscales a las residencias de mayores y de personas con discapacidad, y ello pese al más de un centenar de diligencias de investigación abiertas en centros de este tipo en toda España por la situación creada a raíz de la pandemia de Covid-19.

La suspensión de este tipo de visitas también se mantiene respecto de las que tienen que realizar los fiscales a centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros y de protección y reforma de menores, o cualesquiera otras visitas de similar naturaleza, "salvo que resulten absolutamente imprescindibles y sin perjuicio de la posible utilización de medios telemáticos".

Esta medida se contiene en el decreto que ha dictado Delgado este jueves para la organización de los servicios de las Fiscalías en el nuevo escenario abierto tras entrar en vigor la nueva normativa por la que el Ministerio de Justicia organiza la desescalada. Se busca además paliar el casi inevitable colapso en esta administración pública dada la situación creada por el coronavirus.

Las normas para el trabajo diario de los fiscales contrastan con la magnitud de las investigaciones, ya que este mismo miércoles la Fiscalía General informó de que actualmente mantiene un total de 109 diligencias penales abiertas en relación con sucesos ocurridos residencias de mayores, mientras que las actuaciones dirigidas a la protección y defensa de los derechos de las personas mayores en el ámbito civil se elevan a más de 150.

Entre las medidas adoptadas este jueves por Delgado, el decreto detalla la presencia progresiva de Fiscales en sus sedes, el trabajo y la asistencia por turnos, el teletrabajo y el reparto equitativo en función de las nuevas circunstancias.

Así, el documento de Delgado recuerda que el decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros sobre Justicia dispone la singular importancia de incluir medidas que garanticen la distancia de seguridad en el desarrollo de las vistas y audiencias públicas y el fomento de la incorporación de las nuevas tecnologías a las actuaciones procesales y, en general, a las relaciones de la ciudadanía con la Administración de Justicia, que eviten, en la medida de lo posible, excesivas concentraciones en las sedes judiciales.

Para poderle dar cumplimiento, Delgado pide que se tenga en cuenta, para las reorganizaciones del servicio, a los fiscales vulnerables por edad, por estar embarazadas o por padecer alguna de las siguientes afecciones médicas previas como diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, hepática o renal crónicas, cáncer o inmunodeficiencia. En estos casos habrá de seguirse las recomendaciones expresadas en el mismo.

También se tendrá en cuenta para la reincorporación a sus despachos la situación de los fiscales con necesidades de conciliación de la vida personal y familiar suficientemente acreditada por tener a su cargo menores de edad o mayores dependientes y se vean afectados por el cierre de centros educativos, de mayores o de atención especializada.

En todo caso, continuará siendo una prioridad evitar, en la medida de lo posible, los desplazamientos, así como potenciar el uso de medios telemáticos, en especial, las videoconferencias y el teletrabajo, a fin de evitar que los fiscales acudan presencialmente a su puesto de trabajo.