​La Fiscalía pide que se investiguen las cuentas de Podemos por presuntos delitos

 

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha pedido que se investiguen los presuntos delitos cometidos por Podemos durante la campaña electoral de abril de 2019. Según el criterio de la Fiscalìa, los responsables del partido que dirige Pablo Iglesias podrían haber incurrido en dos delitos, uno electoral y otro de falsedad documental.

Los presuntos delitos están ligados a la contratación de la consultora Neurona, tal y como denunció el ex abogado de la formación morada, José María Calvente. Sus manifestaciones ante el juez encargado del caso han levantado las sospechas de la fiscalía, que considera que las explicaciones ofrecidas hasta ahora por los responsables del partido no aclaran la situación.

La Fiscalía del Tribunal de considera que los 290.000 euros que facturó el partido durante la fiscalización de las elecciones del 28 de abril de 2019 no tienen consideración de "gasto electoral", aunque el partido los haya incluido bajo ese epígrafe.

Además, le resulta sospechoso que la consultora Neurona se diera de alta en el registro mercantil para poder operar en España apenas quince días antes de que la formación morada contratara sus servicios y que el objeto social con el fue registrada no tiene que ver con los trabajos que presuntamente realizó para Podemos.

Además, tras la denuncia de Calvente el juez encargado del caso pidió que se examinasen las cuentas de Podemos y se identificasen los pagos realizados a la consultora Neurona y a ABD Europa LDA. El ex abogado de Podemos incluyó en su denuncia el borrador de un contrato presuntamente fraudulento por el que Neurona habría cobrado 360.000 euros. Curiosamente, el acuerdo tiene fecha de 27 de febrero de 2019, pese a que la sociedad fue constituida el 19 de marzo del mismo año.

La Fiscalía considera que este documento, que está firmado por Juan Manuel del Olmo, el responsable de Finanzas, Daniel de Frutos, y el administrador único de la sociedad Neurona Comunidad, Elías Castejón, es fraudulento, por lo que el juez ha decidido que se investigue a los firmantes y a Podemos, a los que se les atribuyen los presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo de capitales, administración desleal y revelación de secretos.