​Los chilenos acaban con la Constitución impuesta por el dictador Pinochet hace 40 años

 

La sociedad chilena ha puesto fin a uno de los vestigios más pesados de la dictadura del general Augusto Pinochet, una Constitución que estaba vigente en el país andino desde 1980 y que ahora será anulada por deseo de los chilenos.

Para ello, se ha llevado a cabo un referéndum, que ha tenido una participación superior al 50 %, una cifra elevada, la más elevada desde las elecciones de 2012, si se tiene en cuenta el número de votantes que ha acudido a las urnas en los últimos procesos electorales y la existencia de restricciones de movimiento por la pandemia del Covid-19.

El resultado del referéndum no ha dejado lugar a dudas. El 78, 27 %, casi 6 millones de personas, de los que acudieron a las urnas ha apostado por redactar una nueva Constitución para el país. Solo el 21,73 %, un millón y medio, han apostado por la continuidad de la vieja Carta Magna. 

Aunque la Constitución fue reformada parcialmente en el 2005 durante la presidencia de Ricardo Lagos, y se aprovechó para 'quitar' la firma de Pinochet del texto, los chilenos llevaban tiempo reclamando un nuevo texto del que desaparezca todo vestigio de la dictadura pinochetista.

115 CIUDADANOS

Además, la redacción de la nueva Constitución no se deja en manos de la clase política, muy cuestionada en el seno de la sociedad chilena. Será un grupo de 115 personas, que serán elegidas democráticamente por los ciudadanos el próximo mes de abril, los que redactaran el nuevo texto. Será este amplio grupo de personas, que deberá tener carácter paritario entre hombres y mujeres, el que se pongan a trabajar en el nuevo texto constitucional.

El plazo establecido para que los trabajos concluyan y la nueva Constitución del país esté redactada será de un año. Primero tendrán nueve meses para presentar un proyecto que deberá ser votado en un nuevo plebiscito. Este plazo se puede prorrogar por un máximo de tres meses.

Una vez cumplido este plazo, la Constitución será votada en referéndum. Es decir, que todo el proceso deberá estar acabado en junio de 2022, y será entonces cuando el país tenga una nueva Carta Magna.

MÁS JÓVENES

Los primeros análisis de la participación han corroborado un significativo aumento del voto de los más jóvenes. Han sido precisamente los movimientos estudiantiles los que desde hace casi una década han manifestado su deseo de que este cambio constitucional se llevase a cabo. Por ello, el aumento de la participación de los menores de 30 años en este plebiscito ha sido una de las claves para el triunfo del cambio de la Constitución.

En elecciones anteriores, la participación de los ciudadanos que se encuentran en esa franja de edad años ha estado muy por debajo de la media del resto del país. Sin embargo, en este caso los primeros datos apuntan a que se ha producido un significativo aumento en la participación de las personas de las franjas de edad más joven, alentadas entre otras causas, por las manifestaciones de los últimos meses en los que han reclamado mayores ayudas al Gobierno estatal para los que peor lo están pasando por la pandemia, y mejoras en aspectos tan importantes como la sanidad y la educación.

ESTALLIDO SOCIAL

Las razones que han llevado a la situación actual hay que buscarlas en el desengaño que la población chilena, sobre todo la clase media y las más populares, ha sufrido en los últimos años al ver cómo sus esperanzas de una mejora social se quedaban prácticamente en nada por el insalvable muro de las viejas clases dominantes.

Fueron los jóvenes estudiantes los que provocaron un estallido social en 2019, lo que contribuyó a aumentar la presión sobre el sistema político y que, a la postre ha culminado con este proceso que inicia el cambio constitucional.

A ello se ha unido el crecimiento y empoderamiento de una creciente clase media que ha ido mejorando su educación y su situación económica ha empezado a exigir a los poderes públicos mayor atención a sus demandas.

Además, desde los tiempos de la dictadura ha existido en el país una clara desconexión entre las clases dirigentes, incluida buena parte de la clase política, y los ciudadanos, que han visto como su progreso se ha basado más en su endeudamiento privado que en la colaboración de las administraciones, mientras el acceso a las pensiones, la vivienda, la sanidad o la educación era muy restringido.

"NO SON 30 PESOS, SON 30 AÑOS"

Por todo ello, desde 2005 empezó a fraguarse una protesta social que se fue manifestando en diferentes ámbitos. Se prodigaron las protestas de los indígenas, de los defensores del medio ambiente, de los estudiantes, de los pensionistas.

Los casos de corrupción que se han ido descubriendo y que han afectado a todas las estructuras del Estado chileno solo han servido para aumentar la indignación de los ciudadanos, que estalló en octubre de 2019 por la subida del precio del transporte. Los estudiantes se lanzaron a las calles y poco a poco se les unieron el resto de los indignados que acuñaron el lema "no son 30 pesos, son 30 años", en referencia al tiempo que llevaban esperando para que las demandas de la mayor parte de la sociedad fueran atendidas por los gobernantes.

La respuesta de los políticos fue abrir la puerta a un proceso constituyente que ahora empieza a dar sus primeros pasos reales. Un primer estadio al que deberán seguir otros, como el pleno reconocimiento de todos los derechos de los pueblos indígenas, que desde hace década esperan una solución.