Compartir piso con más de 40 años: el sinhogarismo oculto tras los desorbitados precios de alquiler en Barcelona

El incremento de precios, además de llevar a los jóvenes a independizarse cada vez más tarde, ha provocado también que muchos adultos, tanto sólo como con familias, tengan que compartir piso o alquilar únicamente una habitación.


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Que muchos jóvenes barceloneses no pueden independizarse porque los precios del alquiler en la ciudad son cada vez más altos es una realidad conocida, pero no lo es tanto el hecho de que muchas personas adultas y con familia deben compartir pisos o vivir en "infraviviendas "porque no pueden permitirse pagar un alquiler de una vivienda entera. En 2019, el alquiler de habitaciones se encareció un 2,9% en la ciudad de Barcelona, una cifra que continúa con la tendencia al alta de los últimos años.


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El incremento de precios ha provocado que muchos adultos, tanto solos como con familias, tengan que compartir piso o alquilar únicamente una habitación. Esta es la realidad que la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà Planas, califica de "sinhogarismo oculto" en su último informe, 'La vivienda compartido en Barcelona', elaborado junto con la Cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili.


En el nuevo estudio, la Síndica denuncia que muchas familias e individuos se ven abocados a convivir con otras familias o personas en una vivienda, a vivir en infraviviendas en malas condiciones o incluso a ocupar viviendas privadas o públicas, mientras las administraciones no son capaces de ofrecer una solución. El perfil de las personas que se dirigen a la Síndica explicando que viven en habitaciones suele ser el de familias monoparentales, personas inmigrantes y personas jóvenes, entre otros. A estos grupos se añaden personas solas, normalmente mayores de 50 años, que cobran una pensión o prestación y que por diversos motivos no se incorporarán de nuevo al mercado laboral. Según el estudio, "hace muchos años que viven en habitaciones de manera más o menos estable, pero en la mayor parte de los casos con cambios continuos por problemas de convivencia".


Para hacer frente a la situación, Vilà pide una "diagnosis" para identificar las situaciones de exclusión residencial de Barcelona y poder crear políticas que "dignifiquen" la vida de los usuarios.


Sin datos

La Síndica destaca que Barcelona es la ciudad más cara de España para compartir vivienda. Además, pone énfasis en la falta de datos, especialmente en el caso del "sinhogarismo oculto", que se produce en los casos en que las personas viven en viviendas inadecuadas o inseguras. Aunque el estudio es anterior a la pandemia, la crisis provocada por la Covid-19 ha provocado que la demanda de vivienda compartida aumente, algo que corroboran las quejas de los ciudadanos a la institución, cada vez más numerosas.


El estudio concluye que "si la vivienda de la que disponen las personas lo es de manera temporal e insegura, hecho que no permite programar a medio y largo plazo las necesidades personales y familiares, o las personas se ven obligadas a realizar un esfuerzo económico desproporcionado, se puede decir que no está garantizado el derecho a la vivienda digna". Y además, desde la institución señalan que no disponer de una vivienda digna conlleva unos efectos psico-sociales "más profundos", como el impedimento de realizarse como persona o la negación del acceso a la cultura y el trabajo.


Respuestas eficientes

El Observatorio Metropolitano de la Vivienda concluyó que los hogares de alquiler son las que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos en pagar las rentas, un 43,5%. En 2018, una familia que cobre unos 26.000 euros anuales debía destinar 41,2% de sus ingresos a pagar un alquiler medio. En los hogares donde las remuneraciones aumentaban a 36.000 euros, la cuota destinada al alquiler bajaba hasta el 30%. 


Para paliar esta situación, Vilà pide la creación de una bolsa de vivienda pública que cubra la necesidad real que hay en la ciudad. La propuesta de la entidad es disponer de un 15% de viviendas en Barcelona que sean de primera residencia antes de 2027, pero conocedora que la propuesta es difícil de alcanzar, la Síndica de Greuges pide al menos que las políticas sociales de vivienda sean una prioridad y que se planifiquen desde el Consorcio de Vivienda de Barcelona.


Ni tan solo la situación actual, en la que muchos pisos turísticos han bajado de precio y se alquilan a los ciudadanos de Barcelona, ha ayudado a que la vivienda sea más accesible, ya que las condiciones económicas de las personas que se encuentran en esta situación también han empeorado durante la pandemia.

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