Las personas mayores de Barcelona, es decir, las personas de más de 65 años, representan actualmente el 21,6% de la población de la ciudad. En total son 349.132 personas (60% mujeres y 40% hombres). En Barcelona, la esperanza de vida ya es de 83,8 años, y son 3 de cada 10 personas mayores de 75 años las que viven solas. La Defensora de Barcelona recibe varias quejas de la ciudadanía relacionadas con las personas mayores. Algunos de los temas más recurrentes son los siguientes: la accesibilidad de las viviendas; retraso en la ejecución del planeamiento que afecta al realojamiento de las personas; la falta de plazas para residencias de ancianos y problemas con la tarjeta Rosa.
La accesibilidad de las viviendas
La Carta de Ciudadanía (Carta de Derechos y Deberes de Barcelona) recoge el derecho de las personas mayores a vivir ya envejecer en su casa, con las adaptaciones necesarias, y compromete el Ayuntamiento a velar por la accesibilidad de las viviendas. El consistorio ha manifestado, en reiteradas ocasiones, el "compromiso de trabajar para mejorar la accesibilidad a los edificios de viviendas, fomentando que las comunidades de propietarios instalen rampas, salvaescaleras, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que faciliten la entrada y salida del inmueble".
Por este motivo, la Sindicatura valora que es necesario que el Departamento de Patrimonio, Arquitectónico, Histórico y Artístico del Ayuntamiento continúe trabajando para compatibilizar la conservación de los edificios catalogados con la accesibilidad, y que aplique criterios de proporcionalidad y flexibilización ante de las propuestas para facilitar la accesibilidad de los edificios de viviendas.
Retraso en la ejecución del planeamiento que afecta al realojamiento de las personas
Nuevamente otro tema recurrente de la ciudadanía que se ha dirigido a esta Sindicatura este año son quejas relacionadas con el retraso en la ejecución del planeamiento de iniciativa municipal y los perjuicios que ello conlleva para la ciudadanía. Las características comunes de las personas que se dirigen a esta Sindicatura es que suelen ser personas mayores o con dificultades de salud y / o personas en vulnerabilidad social que esperan la ejecución del planeamiento y la ocupación de sus viviendas o fincas que se pueda hacer efectivo el derecho de realojamiento previsto.
El retraso de los plazos de ejecución establecidos por el planeamiento conlleva que no dispongan de una vivienda en condiciones adecuadas de habitabilidad y accesibilidad, ya que a menudo el estado de conservación y las condiciones de seguridad y salubridad no responden a las condiciones mínimas de habitabilidad que deberían tener. En estos casos, a menudo no es viable hacer las obras de conservación y / o de accesibilidad para imposibilidades técnicas, por falta de recursos económicos o porque no parece oportuno hacerlas con un planeamiento de próxima ejecución.
Es por este motivo que esta Sindicatura recomienda en estas situaciones avanzar el realojamiento (aunque no se ha producido aún la ocupación de las fincas) en algún vivienda pública o la posibilidad de ofrecer una vivienda dotacional como una solución adecuada para mejorar el bienestar y la salud de estas personas. Debemos recordar que Barcelona es referente en el ámbito de la accesibilidad, que hay que entender como una condición para garantizar la autonomía, la no discriminación y la igualdad de oportunidades para todas las personas.
Residencias de Mayores, un problema crónico que deviene urgente: la falta de plazas
La Ley 12/2007, de 11 de octubre de Servicios Sociales, define los servicios sociales especializados como aquellos que se organizan atendiendo a la tipología de las necesidades, a fin de dar respuesta a situaciones y necesidades que requieren una especialización técnica o la disposición de recursos determinados.
Si bien el artículo 107 de la Carta Municipal de Barcelona otorga competencia al Ayuntamiento para programar, prestar y gestionar los servicios residenciales para personas mayores, la creación y gestión (externalizada o no) de las plazas públicas residenciales para personas grandes, hoy por hoy corresponde a la Generalidad de Cataluña y la gestión de las listas de espera en el Consorcio de Servicios Sociales.
A finales del año 2017 la Síndica de Greuges de Barcelona concluyó la supervisión de una queja presentada por una coordinadora constituida por familiares de personas ingresadas en cinco residencias para personas mayores. Con el aval de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, manifestaban que las condiciones de aquellos centros no eran adecuadas. Aquella queja permitió vez dimensionar el problema del déficit de plazas residenciales para personas mayores que sufre la ciudad de Barcelona.
En ese momento se informó que Barcelona estaba por debajo de la ratio establecida por la Generalidad de 2,37 plazas por cada 100 habitantes. Concretamente se encontraba en 1,49 plazas por 100 habitantes, lo que suponía 6.000 plazas de déficit en la ciudad condal. Por este motivo, la Síndica recomendó al Ayuntamiento promover, mediante el Consorcio de Servicios Sociales (CSSB), una planificación de equipamientos residenciales para personas mayores que permitiera solucionar el grave déficit crónico que sufre la ciudad.
En respuesta a esta demanda de la Síndica, el mes de mayo de 2018, el Área de Acción Social informó que el Ayuntamiento, en el marco de las actuales competencias, seguiría velando para que la Generalidad de Cataluña aumentara el número de plazas residenciales para personas mayores en Barcelona así como la creación de espacios de negociación a los efectos de desarrollar la Carta Municipal. Asimismo, el mes de julio de 2018, el Área de Derechos Sociales presentó un informe sobre la Atención residencial a personas mayores, con el objetivo de hacer un diagnóstico de la situación de déficit de plazas residenciales públicas en la ciudad de Barcelona para afrontar el envejecimiento actual y futuro.
Con independencia de vehicular las quejas recibidas, esta Síndica quiere poner de manifiesto nuevamente su preocupación por la calidad de la atención recibida por las personas mayores en los servicios residenciales así como el déficit de plazas y las listas de espera, lo que genera importantes repercusiones sobre las personas mayores de nuestra ciudad y sus familias, en especial para aquellos que necesitan contar con recursos y respuestas adecuadas a sus necesidades.
Problemas con la tarjeta Rosa
La Tarjeta Rosa es uno de los títulos de tarificación social que ha sido objeto de quejas y atención desde esta Sindicatura, que se encuentran en fase de estudio. Aunque la Ordenanza Reguladora del Sistema de Tarificación Social que la regula haya sido objeto de modificación en 2018 para ampliar los potenciales destinatarios de la Tarjeta Rosa metropolitana, esta Sindicatura ha sido receptora de quejas por parte de particulares y asociaciones que consideran restrictivas las condiciones de acceso y poco efectivas las revisiones del cumplimiento de los requisitos.
También se ha recibido la queja de una ciudadana, titular de la tarjeta Rosa, que ha expuesto que, a pesar de haber seguido las indicaciones del agente interventor raíz un control de títulos de transporte, y presentar ante TMB en el plazo de 2 días la documentación acreditativa del uso de ese título, le ha sido exigida la percepción mínima y desestimadas las alegaciones presentadas. Este expediente ha puesto de manifiesto que posiblemente será necesario revisar las condiciones de cumplimiento de uso del transporte público para estos títulos sociales, que ya fueron objeto de modificación legislativa del año 2015, y valorar la conveniencia de unificar o reducir la documentación requerida para su uso y acreditación.
La síndica moderó la I Jornada del Movimiento para detener el maltrato a las personas mayores
La Defensora de la Comunidad de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, moderó la I Jornada del Movimiento para detener el maltrato a las personas mayores que tuvo lugar en el Palau Macaya el último 14 de junio del 2019.
En el acto también intervinieron: Francesc Torralba, filólogo, teólogo, pedagogo y escritor; Jordi Muñoz, abogado y presidente de la asociación EIMA; Luz Delàs, presidenta de la Fundación Roble; y Sonia Ibáñez, de Accent Social.
El Manifiesto para detener el maltrato a las personas mayores se presentó el 14 de junio de 2018, y actualmente cuenta con el apoyo de 69 organizaciones, entre las que se cuentan las entidades promotoras: EIMA, Fundación Provea, Fundación FiraGran, Fundación Roble , FATEC, Amigos de los Mayores y Fundación Pasqual Maragall.
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