Este jueves, 31 de marzo, las muertes por Covid-19 en las residencias de Catalunya han llegado  a los juzgados. Los familiares de las víctimas y los trabajadores de residencias llevan desde el inicio de la pandemia luchando para que se busquen responsables y se investigue lo ocurrido. Pero no solamente se refieren a las muertes causadas por el coronavirus, sino también quieren justicia por la situación en la que las personas mayores han vivido en los geriátricos, con restricciones mucho más duras que las que se han impuesto al resto de los ciudadanos, aislados del mundo y alejados de sus familiares. Y en condiciones infrahumanas, según han denunciado en repetidas ocasiones.

Este jueves, 31 de marzo, las muertes por Covid-19 en las residencias de Catalunya llegaron a los juzgados /@EP

"A esto le han hecho más caso por la cantidad flagrante de muertos pero, ¿sabes cuántos muertos vivientes hay en las residencias? Gente que en sus dos últimos años de vida, como mi madre, han sido tratados peor que animales en los mataderos. Y no estoy siendo exagerada, es brutal. Además tendrían que comparar las muertes de antes de la pandemia con las de hoy, porque ahora están cayendo más por las consecuencias del encierro", ha explicado a Catalunyapress una familiar afectada.

A esto, ha agregado: "Así que aparte de que están llegando tarde a la investigación de las muertes, estas muertes eran consecuencia de algo, no es que alguien haya muerto porque ya le tocaba. Son consecuencia de los malos tratos, del encierro y de la dejadez. Eso es lo que tienen que investigar. ¿Y los sitios donde no han habido muertes? Ha habido gente que ha decaído y les han quitado años de vida y eso también es morir".

Las residencias estaban consideradas como un negocio y los residentes, como la materia prima.

Esta mujer, en el momento de empezar la pandemia, tenía a su madre ingresada en un hospital sociosanitario para una recuperación. "Mi madre estaba inválida y tenía Alzheimer, aunque vivía conmigo. Pero en ese momento estaba en un sociosanitario, que cerraron cuando empezó la pandemia, y no me dejaron verla hasta pasados tres meses", lamenta. "Cuando por fin nos dejaron entrar pude ver que en la barriga tenía puesta una cánula para inyectarle cosas. Pregunté qué era eso, pero nadie me lo decía. Al final me explicaron que por ahí le metían líquido para que no se deshidratara. Les dije que mi madre bebía, que no lo necesitaba, y me contestaron que no lo hacía ella sola y ellos no tenían tiempo de darle de beber", asegura.

Eso no es la única cosa con la que se encontró que la hizo indignarse, entristecerse y enfurecerse a partes iguales. "Estaba atada en una silla de ruedas, el pipí le chorreaba hasta los pies y tenía los calcetines mojados. Se los quité y vi que sus uñas eran como garras de animal, no le habían hecho ni un corte de uñas ligero. Tampoco tenían tiempo, me dijeron. La comida me dijeron que ya solo comía papilla, pero era mentira porque yo a escondidas le llevaba comida y comía bien. Estuvo encerrada, sin poderla llevar a casa, sin poder ver a sus familiares. Ha sido peor tratada que quienes han estado en cárceles".

Mi madre, en un hospital sociosanitario, ha sido peor tratada que quienes han estado en cárceles

"Cuando todo estaba más tranquilo le salió plaza en una residencia y la llevé allí porque a mí me costaba cuidarla y creía que allí lo harían mejor, pero no fue así. No podíamos verla, solo a través de una reja o cristales, cuando con un EPI podría haber entrado. Han sido miles de cosas y me he dado cuenta de que todo esto ha sido por el querer ganar con ello dinero, por la política no haber hecho leyes. Mi madre por desgracia ha muerto, pero hay algo peor y es haber vivido esos dos años de tan mala manera", relata.

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Como consecuencia de lo ocurrido, añade: "Me siento muy mal porque no he podido hacer nada por llevármela a casa y esto me ha llevado a tener muchas secuelas. El día que me dijeron que iba a morir, ni me salían las lágrimas. No voy a decir que me alegrase, pero pensé que por fin descansaba. Todo ha sido horrible", explica a Catalunyapress.

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Por otro lado, desde Catalunyapress hemos recogido el testimonio de otro familiar afectado por lo sucedido. "Mi madre murió el 6 de abril de 2020 en la residencia Bertran i Oriola (Barceloneta). Murió ahogada en su propio vómito por el caos que se vivía en dicha residencia. Tres veces denuncié a Fiscalía y las tres veces archivaron el caso", nos cuenta.

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Para esta persona, que empiecen a juzgarse algunas muertes es algo esperanzador. "Que se juzgue lo que pasó en dos residencias nos da una esperanza que no teníamos, una luz en el mundo oscuro que estamos viviendo desde ese día y del que no podemos salir hasta que la justicia haga su trabajo y los culpables respondan. Nos negaron el derecho a verlos, el cuidarlos cuando faltó personal, el que estuvieran acompañados cuando fallecieron, el poder despedirlos. Nos lo han quitado todo y este juicio nos devuelve el derecho que tenemos a saber que pasó", asegura.

Volviendo a la primera mujer de la que hemos explicado su historia, ella añade: "En esto hay tantos culpables que ya pueden empezar a investigar. Hoy día se sigue tratando igual de mal a nuestros mayores: malas comidas, malos tratos. Los atan a las camas, a las sillas de ruedas, y hay muchas otras prácticas como cambiarles el pañal por tiempos y no cuando se han hecho algo encima. Han sido maltratados y hay muchas asociaciones que lo están denunciando y muchos documentos que lo avalan. Creo que a los culpables hay que darles un escarmiento, pero esto también ha de servir para corregir todo lo malo. Antes de la pandemia había un déficit, estaban considerados como un negocio y ellos la materia prima. Pero con una catástrofe como esta  no supieron que hacer y no solo no supieron sino que lo hicieron fatal, porque se podría haber hecho con más cariño, permitiendo entrar a los familiares. Pero no en la manera en que se ha hecho".

LOS JUZGADOS DE TREMP Y DE SABADELL, ESTUDIAN MÁS DE 100 MUERTES

El juzgado de Tremp, que instruye la causa por un presunto homicidio imprudente, además de otros delitos, por la muerte de 64 anciaciones en la residencia Fiella, tomó declaración a Divina Farrent, delegada de Salud en la región sanitaria de Lleida, cuando se produjeron los fallecimientos.

Cabe señalar que desde la Fiscalía de Lleida se presentó una denuncia en febrero contra la dirección de dicha residencia por "las gravísimas disfunciones y déficits organizativos" que presuntamente provocaron que 42 de los 65 empleados del geriátrico se contagiaran de Covid-19 y que murieran 64 de los 142 residentes que había en ese momento a causa de la infección.

Además, en la denuncia, según explica el Diari de Girona, se señala que se tomó la temperatura a algunas de las víctimas cuando ya habían fallecido. Además, también se habría obligado a residentes sanos a convivir con otros contagiados. Y no solo eso, sino que apuntan que podría haberles faltado alimentos, cuidados y limpieza, además de haberlos hecho pasar frío y sed. 

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De hecho, esto es lo que denuncian desde el inicio plataformas como Moviment de Residències o Els Estels Silenciats, que luchan constantemente por conseguir justicia con respecto a estos hechos. Por eso, en un comunicado han explicado que esperan "que una vez finalizada la ronda de testimonios se decida abrir juicio oral", pues no pueden "entender que no sea así a la luz de todos los detalles ya conocidos".

Además, indican que "vistos dichos detalles, debe abrirse el abanico en la búsqueda de responsabilidades, dado que después de ser intervenida por el Departamento de Salud no sólo hay defunciones, sino también contagios, falta de personal y si así fuere, implica mala gestión".

Por su parte, en el juzgado de Sabadell se trabaja en otra causa judicial abierta, en este caso por las 40 muertes por Covid-19 que se dieron en la residencia de Palau Solità i Plegamans. Pero cabe apuntar que las denuncias se han unido en un solo juzgado y será allí donde tengan que acudir a declarar los familiares de las víctimas.

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Sobre este caso, Moviment de Residències y Els Estels Silenciats apuntan que tienen también "grandes esperanzas en que se abra juicio oral sobre esta denuncia una vez el juzgado de Sabadell termine con la ronda de declaraciones. Casi dos años de investigación por parte de Fiscalía y Mossos d’Esquadra, generando 8.000 folios aportados junto a la denuncia, junto con las denuncias particulares de 12 de las más de 50 familias afectadas no pueden archivarse de ninguna manera".

Después, agregan: "Estamos ante dos casos acaecidos en momentos distintos, finales de Noviembre 2020 en el caso de Tremp (2a oleada), y finales de Marzo 2020 en el caso de Palau-Solità i Plegamans (1a oleada); por tanto, en circunstancias diferentes. Pero tienen algo en común: la opacidad de lo sucedido dentro de dichas residencias (igual que pasó en el resto de casos, sobre todo de 1a oleada), y la falta de información o incluso el engaño cruel a las familias. Dos años después las familias continúan esperando saber la verdad, qué sucedió en los últimos días de sus familiares, que se les proporcione explicaciones concisas que permitan reparar ese vacío, incerteza y angustia vividos, y que si procede se diriman responsabilidades y se haga justicia de una vez. Hay heridas abiertas que necesitan ser curadas para intentar cerrarlas".

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