Barcelona crea una unidad contra los desahucios formada por profesionales especializados

 

El Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado la Unidad Contra la Exclusión Residencial (Ucer) para prevenir los desahucios. Estará formada por un equipo de 13 personas con distintos perfiles profesionales que reforzarán la aplicación de la Ley de Emergencia Habitacional y Pobreza Energética, aprobada por el Parlament tras la ILP promovida por la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori Desc.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha destacado en declaraciones a los periodistas que la unidad se presentará ante el Consell d'Habitatge Social, que se reúne este martes por primera vez en el mandato y que abordará además la modificación del reglamento de acceso a la mesa de emergencia para ampliar los criterios.

Acompañada por el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, Ortiz ha resaltado que la nueva unidad se encargará, entre otras tareas, de mediar para evitar los desahucios, reforzando el trabajo que se venía haciendo desde otros ámbitos, y ha añadido: "No es una tarea de los servicios sociales hacer mediación, necesitábamos especialistas en esta unidad".

La Ucer también trabajará en la imposición de multas a entidades financieras que disponen de pisos vacíos, coordinará el resto de servicios municipales implicados en el ámbito y centralizará la información y gestionará las medidas necesarias para reducir los efectos que puede provocar la pérdida de la vivienda en caso de que se produzca.

DESAHUCIOS ORDENADOS Y EJECUTADOS

Sobre la cantidad de desahucios en la ciudad, Montaner ha señalado que al mes se ordenan alrededor de 100, pero que, después de las gestiones, se ejecutan unos diez, cifra que se quiere reducir con la nueva unidad.

Preguntado sobre los pisos cedidos, ha recordado que la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) ha acordado ceder 200, y ha asegurado que, "sumando los que están en trámite" con otras entidades, prevén contar en las próximas semanas con 200 más, algunos por cesión y otros por compra a precios ventajosos, opción que ha defendido ante la construcción, ya que requiere menos recursos y tiempo.

El consejo hará también balance de las políticas de vivienda impulsadas por el Ayuntamiento, que en 2015 compró 158 pisos --13 de ellos adquiridos por derecho de tanteo y retracto--, 112 de los cuales se ubican en Ciutat Vella; 22 en Sant Andreu; 12 en Nou Barris; siete en el Eixample; tres en Sant Martí, y uno en Horta-Guinardó y en Sants-Montjuïc.

El consistorio ha invertido en la compra de estas viviendas 17,3 millones de euros, y ha traspasado al Patronat Municipal d'Habitatge otros diez millones para comprar pisos por debajo del precio de mercado.

También durante el 2015 han sido adjudicadas 591 ayudas a la rehabilitación --que han supuesto mejoras en 9.622 viviendas-- y una inversión en forma de subvenciones por valor de 26,6 millones, con unas ayudas que volverán a convocarse en 2016 y que incluirán también rehabilitaciones en el interior de las viviendas.

En cuanto a las ayudas para el pago del alquiler, han sido presentadas 3.828 solicitudes, después de que el Gobierno de Ada Colau las haya impulsado con una dotación económica extraordinaria de 11,8 millones de euros y haya modificado la convocatoria para que también puedan solicitarlas las personas sin ingresos.

El Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial de Barcelona cuenta con 28.238 inscripciones vigentes, que representan alrededor de 53.889 personas, ya que la ratio por unidad de convivencia inscrita es de 1,9.

Después de incorporar a los miembros de la Comisión Mixta sobre desahucios, creada en 2011, la comisión ha reunido a 109 personas, que incluyen a representantes del Ayuntamiento y la Generalitat, a entidades, empresas, colegios profesionales, entidades financieras y bancarias y expertos.