Acciona, cada vez más cerca de perder la ATLL

 

El Pleno del Parlament ha instado este miércoles al Govern estudiar la rescisión del contrato de concesión de la empresa Aigües Ter Llogregat (ATLL) si se demuestran las "múltiple irregularidades" de las que alertó la semana pasada la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC). 

Esta moción ha salido adelante con los 93 votos a favor de JxSí, C's y la CUP. Por su parte, los 11 votos del PP han sido en contra, y PSC y SiQueEsPot -27 votos- se han abstenido. 

Este punto de la moción surge después de que la OAC alertara la semana pasada de "múltiples irregularidades" en los procesos de facturación de ATLL Concesionaria, la firma que se quedó con la gestión de la empresa pública en un proceso de concesión que se encuentra en los tribunales.

La moción de la CUP -transaccionada en este punto con JxSí- concluye que, si se acaba demostrando que hay un incumplimiento del contrato de concesión, éste debería rescindirse y, por lo tanto, la empresa debería volver a la titularidad pública.

La oposición ha criticado a la CUP porque considera tibia la petición que formula al Govern, pero el diputado independentista Sergi Saladié ha defendido que lo aprobado por el Parlament ofrece "una vía para resolver la problemática" que ha generado en su conjunto el proceso de concesión.

APERTURA DE EXPEDIENTE INFORMATIVO

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha explicado este miércoles que el Govern ha abierto un expediente informativo para esclarecer "el impacto que han tenido" las irregularidades en la facturación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

El Ejecutivo catalán quiere comprobar "si las razones que ofrece Antifraude son suficientes como para emprender acciones" para preservar el buen funcionamiento del organismo, ha destacado Rull en el pleno del Parlament al ser preguntado sobre la gestión de la ATLL por la diputada de C's Marina Bravo.

Para Rull, el hecho de que Antifraude detectara irregularidades en facturas de la ATLL "demuestra que los mecanismos de control de la Generalitat y la Agencia Catalana del Agua (ACA) funcionan", y que son una garantía para los ciudadanos.

Rull ha explicado que, "en el momento en que la ACA tuvo conocimiento de que había una relación entre la concesionaria y una operadora no autorizada, se paró automáticamente" el contrato.

También ha defendido que la concesión de la ATLL a Acciona se hizo "adecuadamente" y con el objetivo de lograr liquidez en un momento en que la Generalitat estaba muy endeudada y estaba en peligro la sostenibilidad de la ACA.

"Necesitábamos liquidez para hacer frente a las obligaciones: o se hacían recortes o se buscaban formas para obtener recursos", y la concesión a Acciona sirvió para mejorar la situación sin repercutir en la calidad ni el precio del servicio, ha destacado.

ENMIENDA RECHAZADA

SíQueEsPot ha presentado una enmienda que pedía directamente "recuperar de forma inmediata la gestión pública de ATLL", pero la CUP no la ha aceptado, lo que le ha valido la crítica de la diputada ecosocialista Hortènsia Grau que ha considerado que los anticapitalistas se han plegado a la voluntad de JxSí.

Grau ha pronosticado que la ATLL se convertirá en "un mini castor, en un castoret catalán", en alusión al almacén gasista que se cerró en las costas de Castellón por los temblores que generaba y, pese gestionarse con capital privado, el Gobierno central tendrá que asumir el coste de la inversión fallida.

La moción también contempla otros puntos, como el de pedir al Govern un plan de recursos para la municipalización del agua, y también el de exigir a la empresa Iberpotash cumplir "con sus responsabilidades con la salud pública y el medio ambiente".

También se pide el cierre de las nucleares y se plantea hacerlo a través de "un marco de transición energética que permita conseguir en el año 2050 una producción energética del cien por cien renovable".