La anulación del decreto de pobreza energética es un problema de "defensa de intereses", según entidades

 

La Taula del Tercer Sector ha opinado este viernes que la anulación del decreto de pobreza energética por parte del Tribunal Constitucional "no es un problema de competencias, sino de defensa de intereses" de las compañías suministradoras.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Taula, Oriol Illa, ha asegurado que si fuese un conflicto de competencias, el Gobierno central habría legislado en esta materia y no lo ha hecho, y se ha preguntado: "¿Cómo puede ser inconstitucional proteger a los más vulnerables?".

El TC ha estimado parcialmente el recurso del Gobierno central contra el decreto de julio de 2010 que aprobó el Código de Consumo de Catalunya porque, entre otras razones, impide que las compañías suministradoras corten por impago de las facturas la electricidad y el gas a las personas en situación de vulnerabilidad económica, lo que invade la competencia estatal en materia de régimen energético.

Oriol Illa ha asegurado que la decisión del TC hace perder una "cobertura legal" en la que los más vulnerables podían acogerse, pero ha señalado que gracias al trabajo de las entidades catalanas no se permitirán los cortes.

Respecto al fondo de la pobreza energética, Illa ha sido muy crítico con la poca implicación de las suministradoras, y ha lamentado que la Mesa de la Pobreza energética, en la que están entidades, administraciones y compañías, no se haya reunido desde diciembre de 2014.