Territori sanciona a la ATLL con 4 millones, pero no le retira la concesión

 

El Departament de Territori i Sotenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha sancionado con más de cuatro millones de euros a la concesionaria Aigües Ter-Llobregat (ATLL) por infracciones "graves" en la gestión, Unas irregularidades que fueron reveladas a través de un informe de la Oficina Antifraude de Catalunya.

El departamento liderado por Josep Rull, sin embargo, interpreta la ley a favor de la concesionaria y ha decidido no rescindir el contrato. Esta decisión se ha conocido este miércoles durante la sesión informativa del conseller sobre la gestión de la ATLL. 

Los servicios jurídicos de la Generalitat realizaron un análisis del informe presentado por Antifraude, en el que se relata cómo el Grupo Acciona desvió 13,3 millones de euros por servicios que presuntamente nunca llegaron a realizarse entre los años 2013 y 2015. 

La comisión ha considerado que se trata de una falta "grave", aunque no lo suficientemente grave como para retirar la concesión, como solicitaba Anticorrupción. La sanción impuesta asciende a 4.035.000 euros.

Rull ha explicado que ATLL contrató a empresas del grupo Acciona sin la autorización pertinente de la administración y debilitó el papel supervisor público al no convocar al representante de la Generalitat a las reuniones no presenciales del consejo de administración, pero no hay pruebas de que ello haya provocado "daño".

La multa propuesta por la Generalitat --comunicada este miércoles y a la que ATLL puede alegar-- corresponde a 5.000 euros por día por el tiempo de facturación irregular a través de dos sociedades no autorizadas por la administración: ATLL Operadora y Acciona Agua (la primera operacional y la segunda de servicios de asistencia técnica).

"Hemos de ser extraordinariamente rigurosos a la hora de gestionar las concesiones, no podemos tolerar que se produzcan irregularidades", ha aseverado Rull, agregando que no hay causa para resolver el contrato, aunque ha habido un funcionamiento inadecuado que puede ser calificado de grave --pero no muy grave, y tampoco leve--.

ACTUACIÓN DILIGENTE DEL GOVERN

El conseller ha afirmado que el Govern será implacable con las irregularidades probadas, actuando "en consecuencia y proporción" ante hechos demostrados, y ha defendido la actuación diligente por parte de la Generalitat, ya que la Agencia Catalana del Agua (ACA) detectó irregularidades de contratación y exigió su cese inmediato antes del informe de la OAC.

"El Govern hizo las cosas adecuadamente y consiguió parar esta situación. Se tomaron las medidas necesarias", ha sostenido, asegurando, tras ser preguntado por los grupos parlamentarios, que los mecanismos de control han funcionado y que la Generalitat vela por el interés general, el bien común y la transparencia.

Ha añadido que una concesión no se controla yendo cada tres meses a la reunión del consejo de administración, que ha considerado que es el elemento menor de control, sino que se controla con el seguimiento del plan de obras a diez años, el conocimiento de las pérdidas de agua, y las auditorías.

'LÍNEA ROJA' PARA LA CUP

La diputada de la CUP Mireia Boya ha considerado insuficiente zanjar las irregularidades en ATLL con una multa, y ha insistido en la oportunidad de que la gestión del agua en alta en el área de Barcelona vuelva a ser pública en vez de una concesión a 50 años.

"Esperamos que se replantee el hecho de poner solo una multa", ha dicho al conseller, recordando que ATLL es una 'línea roja' para la CUP que puede influir en la negociación de los Presupuestos de 2016.

ATLL ALEGARÁ PORQUE LA MULTA ES “DESPROPORCIONADA E INFUNDADA”

Por su parte, la ATLL, a través de un comunicado, ha calificado de "desproporcionada e infundada" la multa impuesta por la Generalitat y ha anunciado que presentará las alegaciones pertinentes previamente a la ratificación de la sanción, como prevé el procedimiento.