El nuevo filón de los Cierco

 

Las recientes manifestaciones de los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de BPA, tras declarar ante la juez por la intervención de la entidad el 10 de marzo 2015, en las que aseguran que recibieron amenazas por parte de la policía española para que revelaran información sobre el caso Pujol han causado cierto revuelo mediático. 

Son diversos los medios que se han hecho eco de la noticia y han recabado información de las diferentes partes y reacciones que ha provocado. "El periòdic d'Andorra", "El Periódico" o "Diari d'Andorra" son algunos de los diarios que han hecho publicaciones al respecto y a continuación pueden leerse:

"Bartumeu: «La pregunta es por qué el Gobierno no hizo nada»

«Forma parte del secreto profesional, y si el señor Higini Cierco no lo hubiera hecho público, yo nunca lo habría revelado», aseguró ayer el ex abogado de los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), los hermanos Higinio y Ramon Cierco. El letrado ha confirmado que el jefe de Gobierno, Antoni Martí, y el ministro de Finanzas, Jordi Cinca, sabían que los Cierco habían sido amenazados y extorsionados desde la Policía Nacional Española para que revelaran información confidencial relacionada con el caso Pujol. Para Bartumeu, la pregunta no es por qué los Cierco no lo habían hecho público hasta ahora, sino «por qué el Gobierno no hizo nada». El ex jefe de Gobierno insistió ayer en declaraciones a EL PERIÓDICO, que «después de 16 meses del estallido de la crisis BPA, el Gobierno aún no lo había ni comunicado a la Fiscalía».

El ex abogado de los Cierco reveló que informó personalmente al Gobierno en dos ocasiones. La primera fue a finales del mes de marzo de 2015, unos días después de la emisión de la nota de FinCEN -la que alertaba de que BPA actuaba como una estructura organizada de blanqueo de dinero-, cuando Bartumeu se encontró con Martín y Cinca. «El jefe de Gobierno sólo me preguntó si Rajoy [el presidente del Gobierno] lo sabía». El segundo encuentro con los mismos interlocutores fue a finales de abril de 2015, «nos volvimos a ver e insistí», añadió el letrado.

Las extorsiones a los Cierco tuvieron lugar en mayo de 2014, pero no lo comunicaron al Gobierno hasta marzo de 2015, después de la nota de FinCEN. Higini Cierco reveló el jueves a la alcalde instructora del caso BPA que la llamada desde España le advertía que si no colabora, el FinCEN -el Departamento del Tesoro norteamericano- intervendría y «el banco morirá». La amenaza se cumplió. Preguntado por qué los Cierco no lo dijeron antes en el Ejecutivo, Bartumeu argumentó que «cuando a alguien le amenazan de hacer explotar un banco en crecimiento como Banco Madrid [filial español de BPA] y BPA, uno se lo piensa». Además, tampoco lo difundió públicamente porque «está asustado y cree que es su país quien debe amparar». «Las coacciones desde España han sido una injerencia política clara, y ¿el Gobierno no hace nada?", Se interrogó el abogado.

Bartumeu también resaltó que tras las coacciones españolas y de la nota de FinCEN «vinieron Rajoy y Montoro para reunirse con Martín y Cinca, y no creo que vinieran a hablar de la caza del rebeco».

Por otro lado, Bartumeu calificó de "perogrullada" que el abogado del Gobierno en el caso BPA, Manuel Pujadas -que hasta hace unas semanas representaba legalmente los intereses de la plantilla de BPA-, haya comentado que las amenazas y extorsiones no salgan en el sumario del caso. «Claro que no sale, porque ahora se ha informado a la edil y ahora se judicializa», puntualizó. La edil ha abierto una pieza separada para investigar las coacciones reveladas por los Cierco.

Bartumeu también reiteró que había dejado la representación de los Cierco por «discrepancias» a la hora de enfocar el caso, y afirmó que «la deontología me la creo y la aplico» y no dio más detalles de sus exrepresentats".

La oposición quiere conocer si se ha defendido la soberanía territorial e institucional

"Liberales pedirá la dimisión de Martín si se confirma que lo sabía

Liberales de Andorra (Ld'A) pedirá la dimisión en bloque del Gobierno, con el jefe del Ejecutivo a la cabeza, Antoni Martí, de confirmarse que conocían las extorsiones a que la Policía Nacional Española sometió a los accionistas mayoritarios de Banca privada de Andorra (BPA), los hermanos Cierco, para que revelaran información relacionada con el caso Pujol.

En un comunicado emitido ayer, conjuntamente, por el Grupo Parlamentario Liberal y Liberales de Andorra, los liberales recordar que en septiembre comparecerán Cierco ante la Comisión especial de vigilancia y prevención de riesgo para la estabilidad financiera, la llamada Comisión BPA, en el que se les preguntará directamente «sobre estas acusaciones, que en caso de confirmarse (especialmente en la parte que corresponde al conocimiento de las extorsiones que tenía el Gobierno y el jefe de Gobierno) provocarían que Ld 'A pidiera la dimisión inmediata del jefe de Gobierno y del Gobierno en pleno, dada la gravedad de los hechos ».

Ld'A quiere saber si el Gobierno, conociendo los hechos, hizo «algún movimiento, gestión o acción para proteger a los súbditos andorranos objeto de dichas amenazas y extorsiones y, al mismo tiempo, para defender la soberanía territorial e institucional del Principado de Andorra». Y si ese fuera el caso, el partido mayoritario en la oposición se pregunta «¿por qué no han explicado nunca, ni en sede parlamentaria ni ante la opinión pública?».

Los liberales aseguran que ven "con mucha preocupación las noticias aparecidas en el marco del caso BPA", tanto en los medios de comunicación nacionales como en los más destacados de España ya que se trata de amenazas y extorsiones a súbditos andorranos.

El PERIÓDICO intentó conseguir ayer, sin éxito, una reacción tanto del Partido Socialdemócrata como del Partido Socialdemocracia y Progreso. Las declaraciones del Gobierno las hizo su abogado defensor, Manuel Pujadas, el mismo día de la comparecencia de los Cierco a la Alcaldía. Pujadas calificó las palabras de los accionistas mayoritarios de «cortina de humo». El letrado remarcó que «en los más de 30.000 folios del sumario [del caso BPA] no hay la menor alusión al tema Pujol» y concluyó que Higini Cierco lo dijo únicamente para desviar la atención".

Mientras, el Diario extiende la información sobre el chantaje español, señalando, como no, el equipo de Fernández Díaz

"La declaración de Cierco a la Alcaldía compromete la embajada española

El relato que Higini Cierco hizo el jueves ante la alcalde Mingorance de las amenazas que recibió de autoridades españolas deja la embajada del país vecino en una situación comprometida, según fuentes consultadas por Diario. El ex presidente de BPA identificó el agregado de Interior de la legación del país vecino en Andorra, Celestino Barroso, como la persona que le aseguró que si no accedían a hacer una reunión en Madrid para facilitar información de los Pujol y de otros políticos catalanes "el banco morirá" y que los "americanos estaban al corriente y ya sabían cómo hacerlo".

Cierco también expuso que Barroso fue recibido por Juan Pablo Miguel en la sede central de BPA donde le reiteró que si no colabora el banco desaparecería y después ya entró en juego el comisario jefe del departamento de Asuntos Internos de la policía española, Marcelino Martín Blas, que continuó con las amenazas hasta que se dio datos de las cuentas de los Pujol que salieron publicadas en un rotativo vecino. Las amenazas, que Higini Cierco señaló que no las comunicaron al Gobierno hasta después de la nota de la FinCEN, deberían haber provocado, siempre que se hubiera detallado cómo ante la alcalde, según las fuentes consultadas, que el ejecutivo hubiera convocado al embajador español para pedir explicaciones en el ámbito diplomático.

Fuentes de Gobierno indicaron ayer que es verdad que se han mantenido encuentros con la familia Cierco después del 10 de marzo de 2015, cuando se publicó la nota del supervisor del Tesoro norteamericano, y que el motivo siempre era encontrar una solución al asunto BPA fuera del entorno judicial. Y destacaron que la respuesta que siempre ha dado el Ejecutivo es que la causa estaba en marcha y que hay separación de poderes y, por tanto, al Gobierno no le correspondía hacer ninguna intervención.

Las mismas fuentes explicaron que en las reuniones el caso Pujol no se abordaba y que sí, que los Cierco hicieron una breve referencia a las amenazas recibidas desde España, de forma colateral, a raíz de lo cual se les preguntó si tenían pruebas, que las llevaran y también por qué no habían expuesto los hechos a la instancia correspondiente, la judicial. En el mismo sentido, añadieron que como no presentaron ninguna prueba el Gobierno no podía pedir explicaciones a España por las amenazas que referían los accionistas de BPA para el caso Pujol.

Acciones contra el soberanismo

Los letrados de la familia del ex presidente de la Generalitat siempre han alegado que el asunto ha sido provocado por motivaciones políticas y así lo han expuesto reiteradamente en la argumentación para oponerse a que Andorra facilitara la información que los vecinos pedían en las comisiones rogatorias. Según fuentes cercanas a la defensa, este extremo queda confirmado con la declaración de Higini Cierco.

Las amenazas expuestas ratifican, según las fuentes, que todo el caso nace de "maniobras de las cloacas del Estado español contra el soberanismo". Y remarcan que las comisiones rogatorias deberían ser descartadas porque la prueba que desencadena la causa ha sido obtenida "por un acto ilegal" del estado vecino recordando que los datos sobre las cuentas fueron alcanzadas por amenazas y esto provoca la publicación en un medio español, y que el expresidente de la Generalitat hiciera una declaración reconociendo que tenía dinero depositado en Andorra.