Según el perito judicial Inipro facturó un 81% más por trabajos no realizados al Ayuntamiento de Tarragona

 

Según publica este lunes Diario de Tarragona, en un dictamen pericial de 50 páginas, realizado por un interventor del Estado, no existe ningún documento en el que se justifique el aumento en un 81,63 %o del importe facturado en 2011 –102.607,25 euros IVA no incluido– respecto al importe facturado en 2010, que fueron 56.492,21 euros IVA no incluido, al Ayuntamiento de Tarragona.

El 27 de enero de 2016, el juez instructor del caso Inipro en Tarragona , Joaquín Elías Gadea, solicitó un informe pericial a la Intervención General de la Administración del Estado. Un interventor analizó entonces desde datos del Registro Mercantil hasta los libros de cuentas, pasando por los informes de sociedades y documentos requisados en el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona y emitió un informe en donde recalca que la sociedad cobró del Ayuntamiento de Tarragona en 2011 y 2012 sin existir ningún contrato ni prórroga del 2010, porque no lo permitía una cláusula expresamente.

A groso modo “los trabajos facturados por Inipro no se realizaron” y las facturas emitidas por la sociedad INIPRO son nulas de pleno derecho. Además sobre la supuesta actividad en 2010, el informe indica que “la memoria de actividades presentada en fecha 16 de marzo de 2011 no permite, en opinión de este perito, afirmar que el servicio contratado se haya efectivamente prestado”. Posteriormente durante el 2011, Inipro siguió pasando facturas al Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, a pesar de no haber ningún contrato ni prórroga del de 2010 –porque era imposible–.

Además según el perito, no existe ningún documento en el que se justifique el aumento en 102.607,25 euros IVA no incluido en 2011 respecto al importe facturado en 2010. Este caso lo destapó la CUP de Tarragona. 

En Viladecans han dimitido dos primeros tenientes de alcalde tras la visita de la UCO

La primera dimisión de la mano derecha del alcalde de Viladecans, Joaquim Guerrero, se produjo en la primera semana tras el registro de la Unidad Especial de la Guardia Civil en las dependencias municipales. Esto abrió una crisis en el seno del PSC local, donde tuvo que tomar las riendas una gestora. Menos de tres meses después y en el pleno del mes de julio, el alcalde, Carlos Ruiz, anunciaba la segunda dimisión de su ejecutivo. Así, la hasta entonces primera teniente de alcalde, Verónica Aransil, se marchaba sin explicación alguna.

Y es que un terremoto está sacudiendo los cimientos de este ayuntamiento del Baix Llobregat desde el momento en el que el juez del caso “Inipro” tomó la decisión de enviar a los cuerpos especializados de la Guardia Civil a registrar el consistorio y mantener bajo custodia durante toda una noche al por entonces primer teniente de alcalde y primer secretario de los socialistas viladecanenses, Joaquim Guerrero. Este suceso provocó la dimisión posterior de todos los cargos de este socialista, hasta el momento mano derecha del alcalde.

Apenas dos meses y medio después, la persona que le sustituyó en el cargo, la también socialista, Verónica Aransil y extrabajadora en excedencia de la empresa Inipro, para sorpresa de toda la oposición, presentó su dimisión al equipo de gobierno, anunciándose dicha decisión en el pleno antes de vacaciones sin más explicaciones.

Y la comisión especial sobre el caso Inipro constituida, a petición de todos los grupos políticos de la oposición, no ha realizado todavía su informe de conclusiones.