El 60% de las víctimas de violencia machista no obtienen protección de la Generalitat

 

Seis de cada diez víctimas de violencia de género que solicitan una orden de protección obtienen una resolución negativa en Catalunya, donde se aprueban el 40% de las peticiones, un porcentaje que además de ser el más bajo del Estado puede llevar a las mujeres a sentirse "revictimizadas", ha alertado la diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) Mercè Claramunt.

Se trata de datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del segundo trimestre de 2016, que sitúan a Catalunya en un 19% por debajo de la media estatal de órdenes adoptadas --del 59%--, con ocho puntos de distancia con la siguiente comunidad, Madrid --con la que se puede equiparar en población--.

En declaraciones a Europa Press, Claramunt ha lamentado que solo se denuncia el 20% de los casos de violencia de género, a lo que se suma que, según los últimos datos del CGPJ, se archiva el 46,5% de las denuncias que se llevan adelante en todo el Estado, ante lo que muchas víctimas "se desaniman".

Ha relatado que, anteriormente, los jueces vinculaban este porcentaje menor de órdenes de protección en Catalunya al hecho de que la policía del resto del Estado entregaba unos informes de valoración del riesgo que no se daban en este territorio, donde no tenían suficientes elementos, pero actualmente los Mossos d'Esquadra también los emiten: "Vemos que estamos igual", ha lamentado Claramunt.

FALTA DE SENSIBILIDAD

"La falta de sensibilidad es obvia" en todos los ámbitos jurídicos, en los que falta una formación continuada de género, porque si bien la legislación obliga desde 2004 a formarse, no está especificado que tenga que ser de forma continuada, y pueden haber personas en estos ámbitos que no tengan una formación reciente.

"Las mujeres pueden sentirse revictimizadas en sede judicial", donde ven que se juzga si dicen la verdad, por encima de si han sufrido violencia, ha reflexionado Claramunt.

FUNDACIÓ SURT

La Fundació Surt ha atestiguado que muchas víctimas se sienten cuestionadas y sienten culpa tras presentar una denuncia, un sentimiento vinculado al maltrato psicológico y que se agrava cuando la denuncia acaba archivada o no se les concede la orden de protección, porque lanza el mensaje de que no han tenido el apoyo que esperaban y el trámite "no ha servido de nada".

Contar con protección no implica contar con una orden de alejamiento, pues puede consistir con un teléfono de asistencia móvil, mientras que decisiones de jueces como las custodias compartidas de los hijos se contradicen con estos mecanismos y ponen a las víctimas "en un nivel de riesgo", ha alertado en declaraciones a Europa Press la coordinadora del servicio de violencia machista de la entidad, Úrsula Santa Cruz.

"Nos preguntamos si predomina favorecer el vínculo entre el padre y el hijo antes que proteger a los menores", ha afirmado, ante el hecho de que algunos agresores culpabilizan a la madre y transmiten su rabia a los niños, que vuelven de estar con su padre con sentimientos de rabia, angustia y culpabilidad.

Además, algunos agresores preguntan a los niños la ubicación de las madres, provocando que algunas mujeres tengan que dejar de acudir a la fundación e, incluso, mudarse de residencia.

Santa Cruz ha reclamado "que se considere a los hijos como víctimas", una realidad que se aborda desde las entidades de atención como la fundación, que en su atención integran incluye el trabajo con los menores, con la gestión de las emociones, el refuerzo de los vínculos con la madre, y evitando que normalicen una situación de violencia.

También ha advertido de que algunas de mujeres se sienten cuestionadas en los juicios, en los que los operadores judiciales esperan que tengan un perfil "clásico", con el que no cumplen si muestran entereza y decisión, y que a mujeres inmigradas que tienen una pareja autóctona se cuestiona si denuncian por papeles.