Santamaría pide que la cumbre independentista sirva "de reflexión de hacia dónde van"

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho este lunes un llamamiento a la Generalitat para que la reunión del Pacto por el Derecho a Decidir convocada para el 23 de diciembre sirva para "hacer un ejercicio de reflexión de hacia dónde van" y para no "repetir algo que no les sirvió absolutamente para nada", porque fue "un fracaso a nivel internacional" y creó "desazón" e "inestabilidad" en Catalunya.

Así se ha expresado Sáenz de Santamaría, en una entrevista en la Cope preguntada por el hecho de que la Generalitat haya respondido así a su esfuerzo de diálogo. "Cada uno se retrata con sus actuaciones. Durante mucho tiempo su mensaje y su relato era que el Gobierno no dialogaba y cuando el gobierno dialoga toman determinado tipo de actuaciones", ha lamentado.

También ha rechazado la acusación de que el Gobierno central esté judicializando las relaciones con Catalunya, replicando que quien judicializa la política es quien "pretende saltarse la ley y que no tenga consecuencias" y quien "saca la política extramuros de la Constitución". "Uno puede defender las ideas que tenga por propias siempre que respete las de los demás, que es el respeto a la ley y a la voluntad soberana de todos los españoles", ha resumido.

La 'número dos' del Ejecutivo ha subrayado su voluntad de diálogo con Catalunya afirmando que, después de una legislatura "muy centrada en la emergencia nacional de evitar el rescate", ahora se puede dedicar tiempo y presupuestos "a atender algunas demandas, no de gobiernos autonómicos, sino de la ciudadanía".

DEBATIR LOS 45 PUNTOS DE PUIGDEMONT 

Así, se ha mostrado dispuesta a debatir sobre 45 de los asuntos que le ha planteado la Generalitat al Gobierno -"algunos tienen un enunciado que me recuerda a la CUP, pero a lo mejor podemos enfocarlo de otra manera", ha señalado-, pero no sobre el último de ellos, el referéndum de autodeterminación.

"No podemos autorizar que se celebre", ha dicho, insistiendo en que ningún Gobierno podría "autorizar alegremente que una parte de España se separe del conjunto porque eso sólo lo pueden decidir el conjunto de españoles". Santamaría ha añadido que hay "instrumentos de todo tipo" para evitarlo pero no ha querido "adelantar acontecimientos" ni precisar si el Gobierno estaría dispuesto a enviar fuerzas de seguridad. "El Gobierno es muy dialogante dentro de la ley, pero va a hacer que se cumpla la ley", ha remachado.

Sáenz de Santamaría ha admitido que "siempre en política se cometen errores" pero ha pedido "evitar los reproches y el agravio comparativo que no conducen a nada" y sentarse "a pensar en este nuevo marco" qué se puede hacer "para que los distintos territorios se vean reconocidos en una serie de demandas que ahora es posible hacer". En Catalunya, ha añadido, todo el mundo le habla de Rodalies (el servicio de Cercanías) pero sólo los que gobiernan.

RETIRAR RECURSOS ANTE EL TC

Entre otras cosas se ha mostrado dispuesta a analizar "aunque sea a posteriori" los recursos que Generalitat y Gobierno central se han presentado mutuamente ante el Tribunal Constitucional, a ver si es posible cambiar algunos puntos de las leyes, o interpretarlas de alguna forma para "poder incluso retirarlos". Eso sí, ha dejado claro que tiene que ser un "trabajo conjunto" de las dos partes.

De hecho, ha reiterado su disposición a reforzar -no sólo con Catalunya, sino con todas las comunidades- las comisiones bilaterales que permiten negociar antes de llevar una ley al Tribunal Constitucional. "Yo soy más partidaria de llegar a acuerdos antes que de poner pleitos", ha asegurado.

FIRMAS CONTRA EL 'ESTATUT'

Preguntada en concreto sobre si el PP cometió un error al recoger firmas en 2006 contra el Estatuto de Autonomía de Catalunya, ha respondido que lo que "fue un error" fue que PP y PSOE no trabajasen "previamente para llegar a un acuerdo" en lugar de "proceder unilateralmente unos y otros".

"Lo que no podía un partido era votar algo que consideraba que no entraba dentro del marco constitucional. Hubo demasiadas reuniones en un sentido y la primera reunión que tenía que haber habido era de los dos grandes partidos, que entonces lo eran todavía más", ha justificado, criticando así que el PSOE pactase con los nacionalistas catalanes en lugar de con el PP.

A su juicio, la lección de aquel episodio es que en el "diseño institucional" deben ir juntos PSOE y PP y no deben "cambiar una baldosa del edificio sin estar de acuerdo".

LA "MATRACA INDEPENDENTISTA" 

De cara a esta legislatura, ha incidido en que su intención es dialogar mucho con Catalunya, pero no sólo con la Generalitat o con los partidos independentistas, sino también con los constitucionalistas y con la sociedad, para explicar lo que hace el Gobierno y que en esta comunidad no se escuche sólo la "matraca independentista".

De hecho, ha defendido que el Gobierno ha hecho muchas cosas en Catalunya -entre ellas instrumentos de financiación por 50.000 millones de euros que le ahorraron a la Generalitat 16.000 de intereses- pero que no llegan a la gente "por el afán independentista de ocuparlo todo y contar únicamente su versión".

Por eso, cree que es bueno "que el gobierno esté allí físicamente", y también para "pulsar" la sociedad catalana, y porque, según ha asegurado, ha percibido en la sociedad catalana "un deseo de sentir más cerca al Gobierno de la nación". En esa línea, también se propone estar "muy pendiente de cualquier necesidad", porque "cualquier cosa tiende a magnificarse".

Preguntada si espera que el independentismo catalán decaiga igual que ha sucedido en el País Vasco, ha opinado que esa es la tendencia que muestran las encuestas, y lo ha achacado a que los partidos independentistas llevan años presentando a los ciudadanos una única oferta y cayendo en postulados "absolutamente populistas".

"Con el populismo que algunos practican no se logra crecimiento ni empleo ni igualdad, y creo que eso los ciudadanos también lo valoran", ha expuesto. Según su análisis, los independentistas "cabalgaron sobre la crisis" ofreciendo una solución, pero ahora los ciudadanos están viendo que eso "no es la panacea", que "las políticas que generan confianza son las que permiten superar la crisis" y que en Catalunya no están "logrando afrontar ni siquiera problemas que son puramente autonómicos".