El Tribunal Superior expulsa a los Colegios de Abogados del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir
La sentencia podría expulsar también al resto de colegios profesionales adscritos al Pacto, que se celebrará el próximo 23 de diciembre.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha expulsado del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que se celebrará el próximo 23 de diciembre, al Colegio de Abogados de Barcelona y al Consell dels Collegis d’Advocats de Catalunya. El Tribunal Superior ha argumentado que “supone una vulneración a la libertad ideológica, de expresión y de asociación”. La sentencia puede expulsar también al resto de colegios profesionales adscritos al Pacto.
La sentencia del TSJC da la razón a tres letrados colegiados que recurrieron la decisión del ICAB y del CCAC de adherirse al acuerdo impulsado por Artur Mas. En primera instancia, el Juzgado dio la razón al Colegio Profesional pero en segunda instancia el TSJC deja las cosas claras puesto que entiende que la adhesión del Colegio al pacto “tiene un marcado carácter político y esa posición política es asumida corporativamente”.
”Dado que la colegiación es obligatoria para quien quiera ejercer la abogacía, no deja otra opción a los colegiados que alinearse con la opción ideológica o política que el Colegio Profesional ha asumido junto con los compromisos que se asumen para hacerlo posible”, dice la sentencia. “No hay que olvidar que existen otros cauces previstos en la Constitución española, voluntarios y estrictamente privados, para poder asumir libremente un posicionamiento ideológico como lo son las asociaciones (art. 22 de la CE) o los partidos políticos (art. 23 de la CE)”, continua la resolución.
Y finaliza: “En definitiva, no puede exigirse a nadie que asuma una ideología como condición para el ejercicio de una profesión. Hacerlo supone una vulneración a la libertad ideológica, de expresión y de asociación, libertades todas ellas indisolublemente unidas al pluralismo político que, como valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico, propugna la Constitución española”.
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