Begoña Floria se defiende alegando que los ciberactivistas del PSC eran voluntarios que no cobraban

 

La concejal del PSC y sexta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tarragona, Begoña Floria, ha declarado este jueves en el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona sobre su participación en el Caso Inipro. Tras la declaración Floria se ha mostrado “satisfecha” y ha asegurado que le ha dicho al juez “lo que es el ciberactivismo, cómo se trabaja con el voluntariado en el PSC. Estoy muy tranquila". En todo momento ha negado que los que participaron en este ciberactivismo cobrasen algún tipo de sueldo, como parece insinuar el magistrado Joaquín Elías Gadea en su auto del pasado mes de noviembre.

El escrito del juez da a entender que el dinero que había cobrado Inipro por unos trabajos no hechos habría servido para financiar dicha actividad. Y es que tres de estos voluntarios, Mario Burzuri, Cecilia Magnini i Alejandro Caballero, son personas que habían sido contratados por Inipro.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona sospecha que, presuntamente, Inipro sólo era un “instrumento” para afiliados y simpatizantes socialistas cobraran para promover la actividad del partido y apoyar las redes al alcalde Ballesteros. Precisamente, este jueves también ha declarado como investigado el ex jefe de gabinete de alcaldía, Gustavo Cuadrado.

Floria ha recalcado que los trabajos eran voluntarios y no cobraban por ello: “es una actividad de compromiso que se hace desde el voluntariado. Por lo tanto no me cabe en la cabeza pensar que se cobre". Y ha señalado que para ella es “inconcebible que alguien pueda pensar que se cobra por hacer una tarea absolutamente voluntaria, para hacer un proyecto en el que crees, que es el proyecto del Partit Socialista".

La existencia de un grupo denominado ‘PSC Ciberactivistes Ballesteros’ se inicia como una comunicación de fecha 13 de septiembre de 2011. La concejala ha confirmado que en 2011 coordinaba grupos de personas que trabajaban en beneficio del partido, pero ha insistido en que lo hacían como voluntarios y sin cobrar. Se da el caso, sin embargo, que algunos de estos activistas trabajaban para la empresa Inipro en el marco de un programa con el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) para impulsar el asociacionismo entre la población inmigrante.

Sobre la coincidencia de que dichas personas también fueron contratadas por Inipro, ha dicho que "en el grupo eran 50 personas y por lo tanto hay muchas coincidencias". Floria ha reconocido que ella era la coordinadora y que en algunas ocasiones pedía ayuda. Sobre la contratación de Inipro, ha asegurado que no tuvo nada que ver, que conoció "este caso político" en 2013.

La concejal ha declarado esta mañana como investigada por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y alteración de precios de subastas públicas en el marco de una pieza separada del caso Inipro. Floria ha llegado a los juzgados acompañada de su abogado poco después de las nueve de la mañana y ha salido alrededor de las doce del mediodía.

Este jueves también ha comparecido en los juzgados para declarar como investigado en esta pieza separada del ex jefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado. El ex mano derecha de Ballesteros también está investigado en la pieza principal del caso, que en conjunto ya suma 14 imputados, entre ellos el propio alcalde, Josep Fèlix Ballesteros (PSC).

ANTECEDENTES

En un auto dictado en diciembre, el magistrado constata que Inipro contrató varias personas por encargo del PSC: Alejandro Caballero, Cecilia Mangini, Vasile Balteratu, Judit Cepero y Juan Carlos Lozano, que no trabajaban en ningún otro lugar. Según la investigación, todos ellos conformarían un grupo bautizado como “PSC ciberactivistas Ballesteros”, tal como explica la concejala Begoña Floria en un correo electrónico del 13 de septiembre de 2011. “Con ellos, yo misma y Gustavo Cuadrado iremos impulsando la red y estaría bien que, si conoce a personas del partido que tenga interés en formar parte nos avise “, manifestó la concejala investigada.

En su respuesta, Cuadrado preguntó quién recibía los correos y dijo que tenía “miedo” de poner nombres porque “están cobrando de nosotros” y, a su juicio, sería necesario clarificar que “son voluntarios”. El juez ve con sorpresa que los ciberactivistas coincidan con las personas contratadas y pagadas por Inipro

Además de Floria y Cuadrado, en diciembre el juez también acordó citar al PSC como partícipe a título lucrativo, determinando el alcance de su responsabilidad económica en 337.168,97 euros. Esta cantidad se corresponde con el dinero pagado a Inipro entre los años 2010 y 2012 con recursos municipales.