El juzgado del caso Inipro llama a declarar también al PSC

Begoña Floria, la portavoz del gobierno de Tarragona, y Gustavo Cuadrado, exjefe del gabinete del alcalde, han sido imputados tras el levantamiento de sumario de una pieza separada del caso.

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Ayuntamiento Tarragona

 

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Tras el levantamiento del secreto de sumario de una pieza separada del caso Inipro, el magistrado Joaquín Elias vuelve a citar como investigado a Gustavo Cuadrado, exjefe de gabinete del alcalce de Tarragona, y añade a la lista de investigados a Begoña Floria, la portavoz del gobierno local.  Ambos están citados a declarar el próximo 19 de enero. Asimismo, cita al PSC a personarse en la causa como partícipe a título lucrativo.


La pieza separada del caso se ha dado a conocer a raíz de un disco duro que ha aportado a la Guardia Civil un testigo que en su día declaró ante el juez. Su contenido podría implicar a Cuadrado, por la contratación de Inipro por parte del Instituto Municipal de Serveis Socials (IMSS). 


En un auto, el magistrado estima que en el caso de corrupción municipal el partido se benefició de 337.168,97 euros, cantidad a la que ascendían los contratos presuntamente amañados que el consistorio adjudicó a la empresa Inipro, pero argumenta que no puede imputar a la formación al haberse cometido el supuesto delito antes de la reforma del Código Penal que permite investigar a los partidos por responsabilidades penales.


Según el juez, se llevó a cabo "un proceso simulado de contratación pública exclusivamente encaminado a la colocación de una serie de personas para realizar trabajos en beneficio del Partido Socialista de Catalunya a costa del erario público".


Asimismo, argumenta que el IMSS no selección a Inipro por haber presentado la oferta más ventajosa sino al revés, ante la necesidad de contratar a determinadas personas cercanas al partido se buscó una sociedad que pudiera llevar a cabo este trabajo "dándole la apariencia de una contratación pública".


Desde la CUP de Tarragona señalan que “el caso Inipro no es una irregularidad administrativa menor, sino que es la punta de un gran iceberg con implicaciones más allá de la ciudad”, por lo que destacan que el papel del PSC de Tarragona ha estado claro desde el primer día, “quitarle hierro al asunto y no facilitar la resolución de este proceso”.


Aseguran que, hasta el momento, todos los pasos que han ido siguiendo las investigaciones judiciales confirman la tesis que defiende desde el principio la CUP.



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