El caso Inipro apunta a una presunta financiación irregular del PSC

 

La Guardia Civil incautando material del Ayuntamiento de Tarragona por el caso Inipro

Joaquín Elías Gadea, el juez del caso Inipro, se ha puesto las pilas y, en un año, ha tomado declaración a los catorce investigados en el caso. Ahora, y teniendo en cuenta las preguntas que les ha formulado, el magistrado apunta a la financiación irregular del PSC.

Recordemos que han declarado desde el alcalde de la ciudad, el socialista Josep Félix Ballesteros, hasta hace pocos días Begoña Floria, la portavoz del grupo municipal y Gustavo Cuadrado, ex jefe del gabinete de alcaldía.

Este último exculpó al alcalde, también miembro de la ejecutiva del PSC, del que dijo que estaba al margen. Sin embargo, la firma de Ballesteros aparece en 21 contratos de Inipro sin el visto bueno del interventor municipal.

SOCIEDAD CON SEDE EN VILADENCANS

Inipro es una sociedad con sede en Viladecans y que está especializada en prestar servicios a ayuntamientos pero básicamente ha trabajado para consistorios socialistas.

Su fundador, Ricard Campà, histórico militante, también estaba imputado pero falleció el pasado octubre. Por lo tanto, el caso Inipro pilota sobre los dos ayuntamientos, el de Tarragona y el de Viladecans, y se espera que el secreto de sumario de éste último se levante pronto.

El caso arrancó con una denuncia de la CUP a la Oficina Antifraude de Catalunya el 2013. Más tarde, la Fiscalía asumió el caso y pasó a manos del magistrado Elías.

De hecho, es necesario recordar que el mayo pasado, la Guardia Civil registró las dependencias municipales de estas dos localidades y detuvo al primer teniente de alcalde de Viladecans, Joaquín Guerrero. A diferencia de Ballesteros, Carles Ruiz, alcalde de esta población de Barcelona, no está entre los investigados.

DOS INVESTIGADOS DECLARAN POR UNOS CORREOS ELECTRÓNICOS

Begoña Floria y Gustavo Cuadrado, los últimos interrogados, declararon sobre unos correos electrónicos que se enviaron sobre la puesta en marcha de un grupo llamado ‘PSC Ciberactivistas Ballesteros’, que se encargó de la campaña del candidato en las redes sociales.

De los trabajadores, tres eran empleados de Inipro pero según Floria, los empleados no cobraron por esa función ya que lo hicieron de manera voluntaria.

Inipro prestó servicios al Ayuntamiento de Tarragona entre los año 2008 y 2011 con la finalidad de fomentar el asociacionismo entre los inmigrantes. El magistrado sospecha que no se prestaron estos servicios y que el PSC fue “partícipe a título lucrativo” al beneficiarse de 337.168 euros, importe de los contratos presuntamente amañados con Inipro.

De momento, el caso no ha afectado al PSC de Tarragona y de Viladecans donde siguen gobernando y de hecho, afirman que “sólo quedará en una falta administrativa”.