Todos los detenidos por la presunta financiación ilegal del CDC quedan en libertad

 

El ex responsable de Organización de CDC, Francisco Sánchez, ha quedado en libertad. A su salida de la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, donde ha pasado la noche junto con siete detenidos más, se ha mostrado tranquilo. Tras la liberación de Sánchez, los ocho detenidos que pasaron la noche en dependencias judiciales han quedado en libertad a lo largo de la tarde de este viernes, entre ellos el exconcejal del partido en Barcelona Antoni Vives.

En declaraciones a los medios a la salida de la comandancia la tarde de este viernes, Vives ha considerado que "es inevitable ver en todo esto coincidencias" entre los arrestos de excargos de CDC con que el lunes empiece el juicio por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

Por su parte, Sánchez ha explicado que ha recibido un trato exquisito por parte de los agentes y que ha decidido no declarar porque no tiene suficiente información sobre la detención: "No tengo nada que ocultar y, por tanto, me pueden investigar de arriba abajo. Estoy absolutamente tranquilo con mi actuación". El registro a Sánchez fue rápido y, simplemente, hicieron copias de sus ordenadores.

Se les investiga por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Los detenidos son el exdirigente de CDC Francesc Sánchez; el exconcejal del partido en Barcelona y expresidente de Bimsa, Antoni Vives; el extesorero de CDC y la fundación Catdem Andreu Viloca; el exdirector de Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell; el exconsejero delegado de Copisa Xavier Tauler; Josep Manel Bassols y Sergio Lerma (Oproler) y Félix Pasquina (Pasquina). 

OPERACIÓN PETRUM

Los registros practicados de este jueves forman parte de una nueva fase de la operación Petrum, también conocida como caso del 3%, que investiga el presunto pago de comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones públicas en Catalunya. 

Esta es la tercera fase de la Operación Petrum, a la que los investigadores han elegido el nombre de operación Pika. Ésta, dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell, se dirige a tres empresas públicas que supuestamente amañaban contratos con otras empresas.

Se trata de las empresas Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals SA), en las que agentes de la Guardia Civil practicaron este jueves requerimientos de información, registros y detenciones.

La Guardia Civil sospecha que este dinero pasaba a formar parte de la financiación del partido político de CDC, con la participación directa de relevantes responsables de la formación nacionalista.

Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lleida, Madrid, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Berga y Majadahonda son las 12 poblaciones donde se han habido registros en el marco de la operación que está ejecutando la Guardia Civil.

ANTECEDENTES DEL CASO 

El caso dio un salto cualitativo en octubre de 2015, cuando la Guardia Civil registró la sede de Infraestructures.cat, la empresa más grande pública licitadora de la Generalidad. Su director general, Josep Antoni Rosell, fue detenido entonces con el tesorero de la extinguida Convergencia Democrática de Catalunya, Andreu Viloca, y siete empresarios.

La causa nació la primavera del 2014 en Torredembarra (Tarragona). Los investigadores descubrieron que el entonces alcalde de la localidad, de CiU, había recibido pagos injustificados por parte de filiales de Teyco, controladas por la familia Sumarroca. A partir de este dato, la Fiscalía Anticorrupción fue deshaciendo el ovillo.

Y descubrió, en una caja fuerte del empresario Jordi Sumarroca, un documento en el que figuraban anotados pagos correspondientes al 3% exacto de obras públicas adjudicadas por diferentes ayuntamientos controlados por CiU.