Mas asegura que el Constitucional no advirtió de las consecuencias de celebrar el 9N

 

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le está juzgado por desobediencia y prevaricación que fue suya la "iniciativa política" de la consulta sobre la independencia de Catalunya el 9 de noviembre de 2014 y de su gobierno, y que es el responsable de todo.

En la última pregunta de su abogado, Xavier Melero, sobre si también fue el responsable de abrir los institutos, Mas ha afirmado que es "el máximo responsable de la idea del proceso de participación" y de haber sustituido una consulta sobre la independencia suspendida por el TC por un proceso participativo en el que participaron 2,4 millones de personas.

Tras concluir su respuesta, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha intervenido para puntualizar que no había respondido a la pregunta concreta, a lo que Mas ha contestado de forma taxativa: "He dicho que era responsable de todo, si digo de todo, de esto también".

Mas, que solo ha contestado a las preguntas de la defensa en el juicio en el que se sienta en el banquillo como acusado, ha aseverado: "Quiero dejar claro que las directrices venían de la presidencia de la Generalitat y de mi mismo, los otros miembros del Govern siguieron estas directrices, eso afecta a Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs".

El expresidente catalán ha recordado que la iniciativa de impulsar el 9N tenía "unas raíces profundas claras, y estrictamente democráticas", y ha hecho un repaso a los acontecimientos políticos desde que avanzó las elecciones en noviembre de 2012.

Mas ha puntualizado que desde un principio se dijo que la consulta no era vinculante ni tendría consecuencias jurídicas, por lo que posteriormente se convocaron unas elecciones autonómicas de manera legal para conocer la posición de los catalanes, lo que supuso en el Parlament "una mayoría a favor de la independencia de Catalunya".

Respecto a las valoraciones de la consulta, ha resaltado que la junta de fiscales de Catalunya consideraron que no había indicios de delito y que en unas declaraciones públicas el 8 de noviembre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que lo que se iba a celebrar al día siguiente no era un referéndum ni nada que se le pareciese y no tenía ningún efecto.

Ante la suspensión del TC, Mas ha explicado que tuvo que contraponer "dos deberes", el de escuchar la petición de la ciudadanía y de un proceso que estaba en marcha y el de atender una resolución del TC. "El otro deber era un deber mayor por el mandato parlamentario y el llamamiento de la ciudadanía", ha indicado Mas.

"Entendí que ante la imposibilidad de suspender, de la indefinición de la suspensión del TC y ante lo que pasaba en el país, mi deber era que esa jornada se pudiera celebrar en condiciones de normalidad democráticas", ha subrayado.

AVISO A BARRIENTOS 

Sobre si tuvo conocimiento de las denuncias que se presentaron el día de la consulta en los juzgados de guardia, Mas ha declarado que al ver cómo se desarrollaba el proceso participativo se dieron cuenta de que actuaban "correctamente" y se ha preguntado por qué, si era tan evidente que eso era un delito, el TC no hizo nada para hacer cumplir su providencia.

Esta pregunta retórica ha hecho que Barrientos le reprendiera recordándole que no es objeto de su declaración formular preguntas, que solo debe responderlas, y Mas ha respondido que no iba a hacer preguntas pero sí afirmaciones: "El TC en ningún momento hizo nada para hacer cumplir la notificación".

Ha insistido en que la actitud de la Fiscalía de guardia, no actuó para parar la consulta ni realizó ninguna actuación: "Ninguna actuación quiere decir ninguna", ha remachado.

VOLUNTARIOS IMPRESCINDIBLES

Mas ha asegurado que los 42.000 voluntarios que participaron en la consulta del 9 de noviembre de 2014 "fueron elemento y pieza clave imprescindible de la organización del 9N" y sin ellos hubiera sido materialmente imposible.

Ha explicado en el juicio que, después de que el TC suspendiera el 29 de septiembre varios preceptos de la Ley autonómica de consultas y la convocatoria de la consulta popular, hubo un cambio de formato en el que la administración "ya no tenía capacidad por ella misma de llevar a cabo el proceso participativo".

Según ha dicho, sobre todo querían hacer "algo serio y que se entendiera en todo el mundo", y que, ante un proceso de alta complejidad organizativa y logística, o se apuntaba mucha gente o no se hubiera podido llevar a cabo.

Así, ha dicho que en ningún caso se hubiera podido llevar a cabo la consulta "sin la participación de los 42.000 voluntarios", y ha recordado que, en un principio, cuando pidió la participación de voluntarios para organizar la consulta, dijo que necesitaban 20.000.

Sobre la organización de la consulta, ha explicado que tenían un gran compromiso para hacerla porque era la voluntad "de una buena parte del pueblo de Catalunya", por lo que siguieron sin renunciar a su objetivo y cambiando el formato que el TC había puesto en cuestión.

La Fiscalía -que no ha podido preguntar durante la sesión de este lunes- piensa, en cambio, que Mas articuló "una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el TC", generando la apariencia de que las actuaciones administrativas públicas se paralizaban y el proceso quedaba en manos de voluntarios, según consta en su escrito de acusación.

JOANA ORTEGA: "SE DEJÓ EN MANOS DE VOLUNTARIOS"

Por su parte, la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega ha defendido este lunes durante su interrogatorio en el juicio del 9N que, cuando el TC suspendió la consulta sobre la independencia, su departamento había finalizado su labor y se dejó en manos de los voluntarios: "Ellos fueron el alma y quienes lo hicieron posible".

Al declarar en el juicio que ha comenzado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), se ha negado a contestar tanto a las cuestiones de la Fiscalía como de la acusación particular, y, a preguntas de su abogado, ha dicho que "ya estaba todo listo" cuando llegó la suspensión el 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de las votaciones.

RIGAU NIEGA COACCIONES A DIRECTORES PARA ABRIR INSTITUTOS

La exconsellera de Enseñanza de la Generalitat Irene Rigau ha negado que desde su departamento se coaccionara a directores de instituto para colaborar con la consulta del 9N y abrir los centros educativos: "Hubiera sido una contradicción. De ninguna manera".

Rigau ha puntualizado que actuar con coacciones hubiera ido contra el espíritu tranquilo y pacífico del 9N. Ha subrayado también que Catalunya tiene una gran tradición de voluntarios y que "son muchas las cosas que se hacen en Catalunya a través del voluntariado, y se hacen muy bien", en referencia a los que se encargaron de impulsar el proceso participativo.

La exconsellera ha negado haber recibido ningún requerimiento que le obligara a dictar algún acto administrativo contrario a la resolución del TC de suspender el 9N.

Ha asegurado que en ningún momento tuvo "conciencia de desobedecer al TC" con la continuación del proceso participativo, especialmente después de que el Govern presentara un recurso de súplica y una solicitud de aclarar información sobre la suspensión, lo que a su entender afectaba a aplicar la resolución.

También ha asegurado que en ningún momento recibió requerimiento alguno del TC que le advirtiera de las consecuencias si se abrían los colegios.

"Tranquilidad de conciencia"

Rigau ha contrapuesto este hecho a cuando un secretario judicial sí le entregó un requerimiento como diputada en la actual legislatura vinculado con la resolución independentista, y ella preguntó entonces ante el secretario judicial: "¿Esto es lo que no hicieron el 9N?".

Ha dicho que el 8 de noviembre a las 23.43 recibió un correo de la Fiscalía en el buzón corporativo de la Conselleria en el que le preguntaban si había dictado alguna instrucción por escrito, pero que en ningún caso se le hacía ningún requerimiento sobre la resolución del TC: "Eran solo petición de información".

La exconsellera ha dicho que actuó en todo momento con "tranquilidad de conciencia" al escuchar en boca de responsables políticos --como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy-- afirmaciones como que la consulta no era nada y no tendría ningún efecto.

"Entiendes perfectamente que no estás contradiciendo ninguna norma"; que más aún --ha añadido-- cuando desde su conselleria había visto casos de sentencias del TC incumplidas por el Gobierno central.

Su abogado, Jordi Pina, también le ha preguntado si solo se votó en institutos, ya que hay 556 centros propiedad de la Generalitat pero hubo 1.317 puntos de votación: ella ha respondido que, además de los centros educativos, hubo otros puntos de votación, como locales municipales cedidos por los ayuntamientos.

POSIBLE INHABILITACIÓN

La Fiscalía no se cree que el Govern se hubiese apartado de la organización de la consulta, sino que considera que únicamente disimuló que se dejaba en manos de los ciudadanos, y por eso la acusa de delitos de desobediencia y prevaricación como colaboradora del entonces presidente de la Generalitat Artur Mas.

Mas, Ortega y Rigau se enfrentan a una posible inhabilitación de hasta diez años para ejercer cargos públicos por presuntamente articular una estrategia "de desafío completo y efectivo" a la suspensión de la consulta por parte del TC, según la Fiscalía.

LA CLAVE DEL JUICIO

La clave del juicio será comprobar cuál fue el papel que Mas, Ortega y Rigau jugaron desde el 4 hasta el 9 de noviembre y los fiscales tratarán de probar con testificales y documentos que, pese a simular haber dejado la consulta en manos de los voluntarios, realmente continuaron tutelando los preparativos.

La sesión del lunes empezará con la resolución de las cuestiones previas que planteen las partes y luego será el turno de los interrogatorios a los acusados --Mas, Ortega y Rigau, por este orden--.

El martes declararán los testigos de la Fiscalía y la acusación popular --algunos de estos también pedidos por las defensas-- y el miércoles y jueves está previsto que comparezcan fundamentalmente los reclamados por los letrados de Mas, Ortega y Rigau, para acabar el viernes con la prueba documental, informes y última palabra de los acusados.

Entre los testigos, no estará el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ni el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya que el tribunal rechazó esta petición de Mas, Ortega y Rigau al considerar que son "absolutamente ajenos" a la causa del 9N.

COMITIVA POR BARCELONA

El presidente Carles Puigdemont y su Govern han arropado este lunes a los tres acusados del juicio del 9N -Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau- por las calles de Barcelona entre el Palau de la Generalitat y el TSJC.

Han salido de la Generalitat a las 8.20 arropados por un centenar de cargos electos, como Joan Tardà, Anna Simó (ERC), Marta Pascal, Jordi Turull (PDeCAT), Lluís Rabell, Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), David Fernàndez, Lluc Salellas (CUP) y los eurodiputados Josep Maria Terricabras y Jordi Solé (ERC).

El recorrido ha empezado por la calle Jaume I y Argenteria y ha tenido su punto álgido a su paso por el Fossar de les Moreres, monumento que es símbolo del independentismo catalán.

Allí toda la comitiva se ha parado unos instantes para cantar el himno de Catalunya, acompañados por varios centenares de ciudadanos. Han seguido después por el Born Centre Cultural, acompañados de ciudadanos con banderas 'estelades' y que proclaman consignas como 'Independencia', 'Todos somos 9N' y 'Fuera la justicia española'.

CONCENTRACIÓN DELANTE DEL TSJC

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez; el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la de la AMI, Neus Lloveras, han agradecido la "enorme" concentración de miles de personas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para arropar a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.

Los tres se han subido a una tarima y se han dirigido a los concentrados: Lloveras ha asegurado que este es un juicio político contra la democracia y ha dicho que todos los catalanes que participaron en el 9N son "culpables" por votar.

Sànchez ha dicho que este será el último juicio a un presidente por poner las urnas y Cuixart ha apelado a los catalanes a mantener una actitud de "unidad, firmeza y serenidad".