Los testigos del juicio del 9N señalan a Artur Mas por continuar con la consulta tras el veto del Constitucional

 

La Fiscalía trata de demostrar que, a pesar de lo manifestado ayer por Artur Mas, el Gobierno siguió impulsando la consulta del 9-N después de que fuera suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). Algunos de los testigos han proporcionado datos que desmontan la tesis de que el proceso quedó, a partir del 4-N, exclusivamente en manos de voluntarios. 

El responsable de la empresa T-Systems Bernat Rigau ha asegurado este martes, en el juicio sobre el 9N, que la Generalitat les comunicó que "podían continuar" con sus trabajos aunque el Tribunal Constitucional (TC) había ordenado suspender la consulta --el Govern les encargó elaborar programas informáticos para el 9N--.

Según ha dicho como testigo por ser el encargado de la empresa de coordinar los trabajos con el Govern, T-Systems envió una carta al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) para que le confirmase si los encargos que tenían quedaban afectados por la resolución judicial.

Este representante de la empresa ha asegurado al tribunal que el 7 de noviembre de 2014 --tres días después de la suspensión del TC y dos días antes del 9N-- el CTTI les contestó que podían continuar con los trabajos.

También ha dicho que durante todo el 9 de noviembre --día de las votaciones-- trabajadores de la empresa ofrecieron servicios de apoyo presencial para garantizar que toda la logística informática funcionara.

El fiscal intenta demostrar que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau continuaron tutelando los preparativos del 9N desobedeciendo así la resolución del TC, aunque los acusados sostienen que dejaron la consulta en manos de los voluntarios.

EXTRACCIÓN DE DATOS

El jefe del equipo de T-Systems encargado del desarrollo de los programas del 9N, Alejandro Navarro, ha explicado que los programas informáticos que debían instalarse en los ordenadores para la consulta se entregaron el 3 ó 4 de noviembre, y después se entregó el programa sobre la recogida de resultados.

También ha explicado que tras la consulta del 9N se recogieron todos los ordenadores utilizados en los distintos puntos de votación el 10 u 11 de noviembre, se extrajeron los datos y se consolidaron, aunque ha puntualizado que no recuerda si T-Systems tuvo algo que ver en la extracción de datos o el borrado.

El administrador de una empresa subcontratada por Fujitsu, Juan Gracia, ha explicado que su trabajo consistió en recibir ordenadores para el 9N en su almacén central y después enviarlos y ponerlos a punto en los sitios donde se iban a usar, y lo hicieron el 7 y 8 de noviembre.

Además, eran los que instalaban los programas necesarios con un software de autoinstalación y constataban que todo funcionaba en el lugar de votación.

Asimismo, dispusieron de un equipo de guardia para sustituir ordenadores en el caso de que fallara, y finalmente se encargaron de recoger los ordenadores en varios puntos después de su utilización, aunque no recuerda que destruyeran los ficheros --pese a que según el fiscal así aparece en la factura--.

Otra trabajador de la misma empresa, Carlos Gonçalves, ha confirmado que trabajaron después de la suspensión del TC: el día 8 repartieron ordenadores en diferentes colegios para las votaciones y el mismo 9 de noviembre estuvieron de guardia por si había incidencias.

TESTIMONIOS

Josep Alsina, inspector de Ensñanza, primer testigo del juicio por el 9N 

Un inspector de educación, Josep Alsina, ha sostenido en su declaración este martes como testigo en el juicio del 9N que "se estaba forzando a los directores" de los institutos de secundaria, como mínimo, a ceder las llaves de los centros educativos para acoger la consulta sobre la independencia.

En su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el inspector -primer testigo en comparecer en el juicio- ha relatado que las directoras de dos institutos (las que dependían de él) le explicaron que la directora de servicios territoriales les había dado "instrucciones" de lo que tenían que hacer con el centro para el 9N.

Según ha explicado, a las directoras les dieron tres alternativas: o hacerse cargo de los centros para la consulta, o buscar a profesores que se encargasen como voluntarios o entregar las llaves a los servicios territoriales.

El inspector ha dicho que recomendó a estas dos directoras de instituto que exigiesen a la Conselleria de Enseñanza que esta orden se la diesen por escrito y, según ha declarado, la directora de servicios territoriales se negó a hacerlo así y se limitó a comunicárselo a las directoras de palabra en unas reuniones a mediados de octubre y además, según él, se enfadó cuando se lo reclamaron por escrito.

Esta recomendación a las directoras se la hizo antes de la suspensión de la consulta -que los organizadores denominaron proceso participativo- por parte del Tribunal Constitucional (TC) y después de esta suspensión les remitió un nuevo escrito en la que fue taxativo con ellas y les dijo: "No podéis permitir el uso de institutos si no recibís instrucciones concretas".

SELLO OFICIAL TRAS LA SUSPENSIÓN 

También ha relatado que una de estas directoras de instituto le dijo que después de la suspensión le mandaron una carta que la eximía de toda responsabilidad pero que estaba sin firmar pero con el sello de los servicios territoriales: "Quien tiene el sello es un funcionario porque un voluntario no puede poner un sello oficial", ha explicado, y ha añadido que le dijo a la directora que creían que la habían engañado.

La Fiscalía sostiene que documentos como este demuestran que el Govern de la Generalitat continúo con los preparativos de la consulta después de que el 4 de noviembre de 2014 el TC la suspendiese, al contrario de lo que afirman el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau que aseguran que los dejaron en manos de voluntarios.

SEGÚN OTRO INSPECTOR, LES INSTARON A NO INTERVENIR ANTE LA PETICIÓN DE CEDER LOS CENTROS 

El inspector de la Conselleria de Enseñanza, Jesús Rul, ha explicado este martes en la segunda sesión del juicio por la consulta del 9N que el inspector jefe les instó en una reunión el 21 de octubre de 2014 a no intervenir ante la petición de la Dirección de Servicios Territoriales de Barcelona Comarcas de la Conselleria de Enseñanza a los directores de institutos para que cedieran los centros para el proceso participativo.

Jesús Rul, ex inspector de Enseñanza, segundo testigo del juicio por el 9N

En su declaración como testigo, Rul -que actualmente está jubilado- ha explicado que le "inquietó" que los Servicios Territoriales pidieran a los directores que cedieran los centros oralmente y no por escrito.

A preguntas de la Fiscalía, ha detallado que supo por el inspector jefe que la directora territorial de Barcelona Comarcas, Montserrat Llobet, pensaba convocar a los directores de institutos de la zona para comunicarles que sus centros iban a ser sede del 9N y entonces lo comentó con los directores que dependían de él.

Según este inspector, las reuniones con los directores se desarrollaron con una forma de proceder "no habitual", y le inquietó que se les pidiera solamente de manera verbal que los institutos fueran sede de votaciones.

Por eso, escribió sendas cartas a los directores de su zona de inspección para asesorarles sobre cómo actuar ante esta petición de la directora territorial, recomendando que pidieran las instrucciones por escrito y recordando que los directores deben cumplir la legalidad: "Pensé que como inspector tenía el deber de asesorar".

"La motivación era asesorar a los directores ante las demandas que la autoridad administrativa hacía para el 9N", ha detallado el inspector, que ha indicado que en una reunión el 21 de octubre con el inspector jefe, Francesc Güell, les dijo que se abstuvieran de intervenir en el 9N.

Ha expresado que en esta reunión en la que había en torno a una veintena de inspectores no figuraba en el orden del día que se abordaría el tema de la consulta, aunque sí se trató, y fue cuando el inspector jefe les dijo que se abstuvieran de actuar porque el tema era competencia de la directora de servicios territoriales con los directores.

"Se nos instó a los inspectores a no intervenir en cuestiones del 9N", ha insistido, a lo que él intervino para decir que no se les podía pedir que no actuaran, pero ha admitido que hubo inspectores que estaban de acuerdo con que el propietario de los edificios podían usarlos para lo que consideraran oportuno.

El inspector ha asegurado que la administración funciona con un sistema muy preciso, y sus normas se desarrollan de manera rigurosa: "En este caso me pareció que no se desarrollaba de esta forma". "Había un interés de que los directores colaborasen con lo que decían sus superiores y que entregaran las llaves. Esto es atípico con el derecho administrativo", ha indicado el inspector.

El abogado de Irene Rigau, Jordi Pina, ha iniciado su interrogatorio preguntándole si fue voluntario el 9N: "No fui voluntario", ha respondido.

Sobre si es competencia de un inspector reenviar meses después del 9N copia de las cartas que envió a los directores a la alta inspección de Educación del Estado en Catalunya, ha explicado que lo hizo para "colaborar con la Justicia".

En la última pregunta, ha dicho que en sus cartas consideró que la petición de uso de los institutos se enmarcaba en el "uso social" y no en un uso administrativo.

MONTSERRAT LLOVET NIEGA LAS REPRESALIAS 

La que era jefa de servicios territoriales de Enseñanza en Barcelona Comarcas, Montserrat Llovet, ha asegurado que no hubo represalias a la directora de un instituto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que se negó a entregar las llaves del centro educativo para acoger la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.

Montserrat Llovet, en el momento de la consulta era jefa de servicios territoriales de Enseñanza en Barcelona Comarcas

A preguntas de la defensa en su declaración como testigo en la sesión del juicio de este martes, Llovet ha explicado que, tras esta negativa, consideró que lo mejor era que este centro no fuese sede del proceso participativo.

Llovet -ahora directora general de Secundaria Obligatoria y Bachillerato- ha admitido que se negó a darle por escrito a esta directora la orden de cesión de los centros y también ha explicado al tribunal que lo que le dijo esta directora es que quería llevar el escrito a la Delegación del Gobierno en Catalunya.

Esta alto cargo de la Conselleria de Enseñanza también ha admitido que se negó a responder por escrito a los directores de secundaria ante la petición de algunos de que así lo hiciera sobre el uso de los centros educativos para la consulta sobre la independencia.

Según ha explicado a preguntas del fiscal, no lo hizo porque no lo consideró "pertinente" y ha sostenido que era suficiente con decírselo de palabra en una reuniones mantenidas a mediados de octubre de 2014.

UNA DIRECTORA NIEGA LAS PRESIONES PARA CEDER EL CENTRO 

La directora del IES Pompeu Fabra de Badalona (Barcelona), Josefa Bosch, ha negado en el juicio sobre el 9N haberse sentido presionada o coaccionada para ceder el edificio para la consulta por parte de la directora de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Enseñanza en Barcelona Comarques en una reunión con directores de esa zona para informarles de que sus centros iban a ser sedes del 9N.

Josefa Bosch, directora del IES Pompeu Fabra de Badalona 

Al declarar como testigo ha dicho que en esa reunión del 16 de octubre de 2014 "en absoluto" sintió presión o coacción para ceder el centro. Eso contrasta con lo afirmado sobre esa reunión por el inspector de Enseñanza Josep Alsina, que ha dicho en el juicio que en esa reunión se intentó presionar a los directores.

Según Bosch, en la reunión se les dijo que los institutos iban a ser sede del 9N, y se les pidió si querían colaborar o podían saber si los profesores estaban dispuestos a participar como voluntarios, y entonces ella pidió que les indicaran por escrito cómo se debía hacer.

Ha afirmado que la directora de los Servicios Territoriales, Monserrat Llobet, le contestó "que no sabía si podía dar indicaciones por escrito", pero Bosch ha negado tener la sensación de que Llobet se pusiera furiosa ante esta petición.

Sobre si mostró inquietud en esa reunión o ante el inspector de Enseñanza de su zona, Josep Alsina, Bosch ha explicado que sí, pero que el propio inspector fue el primero que le trasladó su preocupación por el desarrollo de la consulta y si se podía incurrir en una ilegalidad.

"Le manifesté la inquietud de que podía comportar una dificultad para mí, directora del centro, el hecho de que se utilizara el centro para una cuestión que, vista la situación, nos ha llevado hasta aquí", ha argumentado.

También ha explicado que después hubo una reunión de directores de instituto en Badalona en la que se decidió enviar una carta a la directora de Servicios Territoriales, Montserrat Llobet, pidiéndole que, cuando los directores entregaran las llaves, se les diera "un documento o constatación de que las llaves estaban en poder de otro" y de que ellos no estaban interviniendo en la consulta.

Sobre si le consta que hubiera respuesta a esa carta, ha contestado que cree que no hubo respuesta escrita; y no le consta ninguna reunión después de que el TC suspendiera la consulta el 4 de noviembre, aunque sí recibió un mail del inspector Josep Alsina informándole del contenido de la providencia.

FRANCESC GÜELL: "JOSEP ALSINA SE EXCEDIÓ EN SUS FUNCIONES"

El quinto testigo relacionado con el uso de los institutos como colegios electorales para el 9-N ha sido Francesc Güell, que entonces era inspector jefe de los servicios territoriales de enseñanza de Barcelona Comarcas. Güell ha afirmado que el inspector Josep Alsina "se excedió" en sus funciones cuando reclamó Montse Llobet que pusiera por escrito las instrucciones.

Francesc Güell, inspector jefe de los servicios territoriales de enseñanza de Barcelona Comarcas el 9N

Ante las preguntas en la reunión sobre cómo actuar ante el 9N, su respuesta fue que no les correspondía desde la inspección intervenir ya que no son "superiores orgánicos de los directores" y no les correspondía asesorar a los directores, como sí hicieron estos dos inspectores respecto a sus centros, recomendando que pidieran instrucciones por escrito.

Sobre la reunión del 16 de octubre entre la Dirección Territorial de Educación en Barcelona Comarcas y los directores de instituto para abordar la apertura de estos centros por 9N, y en la que Güell estuvo presente, dijo que en ningún caso se dio "una directriz concreta".

Se les informó que podían ser voluntarios ellos mismos o algún docente, o ceder las llaves a la Dirección Territorial, y "quedó muy claramente expuesto que era una actuación absolutamente voluntaria, sin ninguna consecuencia posterior".

Al preguntarle el fiscal qué figura jurídica amparaba la convocatoria del 9N en los centros educativos, respondió que no podía ser un uso social -reguladas por la normativa- porque no había ninguna entidad ajena a la Consejería que solicitara el uso, por lo que fue "la titularidad del centro que hace uso de su centro", es decir, la Conselleria.

LA DIRECTORA QUE SE NEGÓ A DAR LAS CLAVES

El sexto testigo ha sido Dolores Agenjo, que entonces era directora del instituto Pedraforca de Hospitalet de Llobregat. Agenjo ha afirmado que en la reunión del 16 de octubre Montse Llobet pidió a los directores que colaboran activamente en la organización del 9-N. Según dijo, debían encargarse de buscar voluntarios y gestionar la recepción de las urnas, los ordenadores y otro material.

Dolores Agenjo, directora del instituto Pedraforca de L'Hospitalet el 9N

Agenjo ha dicho que en la reunión se dijo que esta implicación era voluntaria pero "conveniente", y que ella decidió inhibirse. Añadió que hasta el 6 de noviembre nadie se puso en contacto con ella y que lo hicieron porque entregara las llaves del centro de cara a la consulta del 9-N, y que ella reclamó una orden por escrito.

Esto motivó una serie de llamadas personales entre ella y Llobet, que en principio accedió a darle el documento. Pero que cuando ella le dijo que daría copia a la delegación del gobierno español y la alta inspección del ministerio de educación, Llobet retiró la demanda y el instituto finalmente no fue colegio electoral.