Homs, "convencido" de que no incurrieron en ninguna ilegalidad el 9-N

 

El diputado del PDeCAT en el Congreso y que era conseller de Presidencia de la Generalitat en la consulta del 9N, Francesc Homs, ha explicado en el juicio del 9N que el Govern decidió mantener el proceso participativo, convencido de no incurrir en ilegalidad, tras el veto del Tribunal Constitucional del 4 de noviembre.

Al intervenir en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como testigo ha recordado que el Consell Executiu de la Generalitat del 4 de noviembre abordó la suspensión y después él informó públicamente en nombre del Govern de que mantenían el proceso participativo: "Lo digo por las afirmaciones de que actuamos con falta de transparencia".

Esta ha sido una alusión velada a la postura de la Fiscalía, que considera que el Govern incumplió la providencia del TC simulando que lo dejaba en manos de los voluntarios cuando en realidad seguían ellos organizando la consulta.

Homs ha dicho que él era máximo responsable del Gabinete Jurídico de la Generalitat y quien configuraba la decisión final de los servicios jurídicos: tras tener conocimiento de la providencia del TC que suspendía la consulta, informó al Govern de que no estaban cometiendo "ninguna irregularidad, ilegalidad, y ninguna acción tipificada de manera penal".

"Di fe de que no solo estábamos haciendo lo que legalmente teníamos la posibilidad de hacer y la obligación de hacer; di cuenta en el Govern de que, además de no incumplir ninguna ley, no estábamos en la posibilidad de incurrir en un tipo penal", ha argumentado.

Así, ha afirmado que fue él quien tomó la decisión de que los servicios jurídicos interpusieran un recurso de súplica ante el TC con un otrosí pidiendo una aclaración de la providencia sobre cómo debían actuar.

Ha criticado que el Gobierno central presentara el 31 de octubre una impugnación de disposiciones autonómicas y, subsidiariamente, un conflicto positivo de competencia contra los actos preparativos de la consulta, porque obligaba al TC a adoptar una medida cautelar.

Por eso, la Generalitat también interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo para defender el ejercicio de derechos fundamentales, libertad de expresión, participación política y libertad ideológica contra el Gobierno central "por utilizar un vehículo procesal singular que generaba al TC la obligación de atender a una medida cautelar".

DE GISPERT VIO RAZONABLE QUE EL GOVERN NO PARASE EL 9N

La que era presidenta del Parlament el 9 de noviembre de 2014, Núria De Gispert, ha asegurado este miércoles, como testigo en el juicio del 9N, que vio "razonable" que el Govern no paralizase el proceso participativo sobre la independencia después de la suspensión del Tribunal Constitucional (TC).

En una breve intervención durante el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ha explicado que, como presidenta de la Cámara, estuvo en aquellos días en contacto permanente con el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, acusado en la causa por supuestamente desobedecer al TC.

De Gispert es una testigo reclamada por las tres defensas --de Mas y de las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau-- pero sólo el abogado de Ortega le ha formulado preguntas, y también han rechazado interrogarla tanto el fiscal como la acusación popular.

Al salir del TSJC ha declarado a los periodistas que "no se desobedeció porque no era una consulta, era un proceso participativo", y ha elogiado el papel de la defensa de Mas, Ortega y Rigau porque lo ve coherente con lo que pasó realmente los días previos al 9N.

"Tal vez en Madrid y el TC se imaginaban otra cosa o querían imaginar otra cosa", ha respondido al preguntársele sobre que Mas, Ortega y Rigau hayan sido acusados de organizar el 9N.

CARLES VIVER AFIRMA QUE LA SUSPENSIÓN POR EL TC NO ACLARABA CÓMO ACTUAR

El presidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) durante el 9N, Carles Viver i Pi-Sunyer, ha explicado este miércoles en el juicio del 9N que la suspensión del 4 de noviembre del Tribunal Constitucional (TC) no aclaraba al Govern lo que suspendía y cómo actuar.

El exmagistrado del TC y actual director del Institut d'Estudis d'Autogovern -testigo pedido por las defensas del expresidente Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau-, ha explicado ante el TSJC que tras la suspensión hubo ese mismo día una reunión informal entre miembros del Govern, él mismo y expertos universitarios.

En esa reunión constató que el Gobierno central impugnó el 9N ante el TC recurriendo al artículo 161.2 de la Constitución, lo cual está previsto normalmente para suspender leyes, por lo que ve "insólito" aplicarlo a un proceso participativo.

"Recuerdo que insistí mucho en que era una interlocutoria en la que debía pedirse una aclaración porque no quedaba claro lo que suspendía; era muy genérica", ha insistido.

El también antiguo magistrado del TC ha dicho que "no quedaba nada claro lo que se debía hacer"; por ejemplo, con el ejercicio ordinario de la Generalitat en ámbitos como la seguridad, que a su entender no puede dejar de prestarse.

Para él, tampoco quedaba claro si había que desconvocar, si se debía cerrar la web ni si el Govern podía informar del resultado: "Yo insistí en pedir aclaración".

El abogado de Mas, Xavier Melero, le ha preguntado por el primer informe que realizó el CATN, cuyo punto 9.3 abordaba la posibilidad de respuesta del Estado ante una consulta convocada por procedimientos no previstos legalmente, y en que se repasaban los posibles delitos que podía invocar el Estado, incluida la desobediencia y prevaricación --dos delitos de los que se acusa a Mas, Ortega y Rigau en este juicio--.

Viver ha respondido que sus conclusiones fueron que era muy improbable que se aplicaran estos tipos penales, por lo que "nunca" aconsejó que pararan la convocatoria de la consulta, y esas conclusiones se comentaron con miembros del Govern al entregarles este primer informe del CATN.

Por su parte Enoch Albertí, también catedrático de Derecho Constitucional y miembro del CATN, dijo que era conocedor de que el abogado del estado había pedido al TC que requiriera e hiciera apercibimiento expreso a los miembros del gobierno sobre el incumplimiento de su provisión, pero el TC no recogió esta demanda en la providencia del 4 de noviembre. Albertí ha dicho que esto era especialmente "trascendente", y que lo comunicó así al gobierno en un informe.

LA MITAD DE LOS COLEGIOS ELECTORALES, LOCALES MUNICIPALES 

Por su parte, Miquel Buch, alcalde de Premià y que era presidente de la Asociación Catalana de Municipios -ACM- en noviembre de 2014, ha dicho que muchos municipios que no tenían institutos ofrecieron locales como colegios electorales para el 9-N. 

Preguntado por los abogados de la defensa, Buch ha dicho que al menos la mitad de los colegios fueron finalmente locales de este tipo, y ha añadido que no se firmó ningún convenio para hacer las cesiones, porque no se hace en casos puntuales como este.

A preguntas del fiscal, Buch ha admitido que los ayuntamientos sin instituto recibieron un correo electrónico con una carta de la vicepresidenta Joana Ortega pidiéndoles que cedieran locales como colegios electorales. 

Ahora bien, ha añadido que la cesión fue voluntaria, pero que al final sólo 5 de los 947 municipios catalanes no tuvieron colegios electorales el 9-N. También ha dicho que en ningún momento recibió ninguna orden para detener el 9-N.

"AMBIENTE DE ENTUSIASMO"

En los mismos términos se ha expresado el excalde de Barcelona, Xavier Trias, que ha dicho que cada centro educativo decidió autónomamente si ofrecía el edificio como colegio electoral, tanto los públicos como los privados o concertados. 

Trias ha insistido en que hubo una participación masiva por parte de los centros porque "había un ambiente de entusiasmo". 

PRIMEROS TESTIMONIOS, RESPONSABLES LOGÍSTICOS

La sesión de este miércoles del juicio para el 9-N ha comenzado con la declaración de Felipe Álvarez de Toledo, director de la asesoría jurídica de la empresa Fujitsu. Este testigo, propuesto por la acusación popular, dijo que hizo una recopilación de los trabajos realizados por su empresa, que consistió en la instalación del software en los ordenadores portátiles que se utilizaron el 9-N.

Testificó que Fujitsu subcontrató estos trabajos, y no ha sabido concretar cuándo se instalaron los programas, ni si fue antes o después del 4 de noviembre, fecha en que el TC declaró ilegal el proceso participativo.

La segunda testigo, Cristina Fernández, responsable de la empresa de transportes Sertrans y también propuesta por la acusación particular, aseguró que la distribución de las urnas y los materiales para el 9-N se realizó entre los días 7 y 8 de noviembre.

Cristina Fernández, responsable de la empresa de transportes Sertrans

Fernández ha explicado, a preguntas del fiscal, que nadie contactó con ellos para decirles que paralizaran el transporte tras el veto del TC. Fernández ha relatado que el Centro de Iniciativas parara la Reinserción (Cire) -dependiente de la Consejería de Justicia- los contrató el 28 de octubre para distribuir este material, y que lo recogieron dos días después en los centros que el Cire tiene en la cárcel de Ponent y en Raimat (Lleida).

El material lo recogieron el Cire mayoritariamente el día 30 y llenaron dos tráilers: uno con destino a Barcelona y otro que tenía que hacer dos paradas, una en Girona y otra en Tremp (Girona), relató.

Añadió que ellos pasaron la factura por los trabajos, cobraron normalmente, y que con quien mantuvieron contacto siempre fue con el Cire -empresa dependiente de Justicia que los contrato-- y no con la Conselleria de Gobernación, el departamento que encabezar la organización de la consulta.