Artur Mas: "No somos juzgados por desobedecer al TC sino porque el éxito del 9N no gustó al Estado"

 

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha utilizado su derecho a la última palabra en el juicio del 9N para asegurar que no desobedecieron al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta sobre la independencia, sino que "plantaron cara" al Gobierno español.

"El Gobierno español utilizó al Tribunal Constitucional para hacer el trabajo que no se atrevía a hacer desde el punto de vista político", ha defendido este viernes haciendo uso de su derecho al turno final de palabra como acusado, en una intervención que se ha alargado 23 minutos, algo inusual en un juicio.

El entonces presidente ha insistido en que la convocatoria de lo que denominaron entonces proceso participativo del 9 de noviembre de 2014 fue un éxito: "Y este éxito no gustó nada a determinadas instancias del Estado".

Mas considera que no está sentando en el banquillo --junto a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau-- sólo por supuestamente haber desobedecido: "¿Cuántos juicios de estas características tendría que haber por desobediencias manifiestas del Gobierno español al Tribunal Constitucional?".

Como ya hizo en su declaración como acusado el primer día de juicio, Mas se ha reivindicado como "máximo responsable político del 9N", y ha añadido que para la consulta contó con la colaboración de su Govern, que califica de leal y entusiasta.

"Me declaro responsable de haber escuchado a la gente del país", y ha insistido en que su intención era que la ciudadanía se pronunciase sobre el futuro político de Catalunya, tanto a favor como en contra de la independencia.

Y considera que no es responsable de ningún delito, pese a que la Fiscalía le atribuye los de desobediencia y prevaricación por haberse seguido con los preparativos de la consulta pese a la suspensión del TC --cinco días antes de celebrarse--, y por eso el fiscal pide su inhabitación para cargos públicos diez años.

"No soy culpable de haber cometido ningún delito. Ni Ortega ni Rigau ni Francesc Homs --exconseller también investigado por el 9N, aunque su causa la tramita el Tribunal Supremo-- hemos cometido ningún delito", ha reiterado en su alegato final.

Mas ha dicho que, de haber querido desobedecer, lo pudo hacer en la "ocasión de oro" que tuvo cuando el TC suspendió en septiembre la primera consulta; sin embargo, decidió acatar este veto y reconvertirla en un proceso participativo, que ya no detuvo.

LOS VOLUNTARIOS

No lo hizo porque, mientras en la primera consulta era la Generalitat la que organizaba y podía dar la orden de paraliza, en el proceso participativo --que no era vinculante-- todo estaba ya en manos de los ciudadanos.

"¿Cómo se da órdenes a 42.000 voluntarios? A los voluntarios no se les dan órdenes; como máximo se les puede transmitir recomendaciones", ha añadido.

El fiscal ha asegurado en el tramo final del juicio del 9N que "no se está juzgando la voluntad popular" en la causa contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta soberanista.

"Por mucho que se repita una y otra vez, no es la verdad", ha asegurado el fiscal Emilio Sánchez Ulled este viernes en la lectura de su informe, en la última sesión del juicio que acoge el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Sánchez Ulled ha insistido en que el objeto del juicio es averiguar si el Govern desobedeció y continuó con su actividad administrativa para el 9N pese a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la consulta.

Ha explicado que el día 9 de noviembre de 2014 él mismo era el fiscal de guardia y que se presentaron varias denuncias en juzgados catalanes por parte de personas individuales, partidos y organizaciones, y que si decidieron no actuar fue porque en ese momento no tenían suficientes elementos para decidir "porque la apariencia era de ciudadanos voluntarios que hacían la consulta".

No obstante, ha resaltado "debajo de esa actuación de voluntarios había una actuación continuada de los poderes públicos que es lo que el TC suspendió y que constituyó el no acatamiento de la orden del TC". "Hubo un clima de opacidad que me sorprende porque es absolutamente contrario a lo que en democracia es el principio básico de los poderes públicos que es la transparencia", ha argumentado.

El fiscal ha considerado "con dolor y con tristeza" que lo que ha pasado con el 9N ha sido expresión de una ruptura de las reglas de juego democrático y una ruptura de la convivencia, en sus palabras.

Ha dicho que en este caso no son una "institución de negro contra personas de autoridad democrática".

Sobre por qué ese día no se adoptó la medida cautelar de suspender o impedir la votación, tal como solicitaron los que presentaron denuncia, ha explicado que no había suficientes elementos que probaran que detrás había una actuación pública para tomar "medidas tan graves".

"Las medidas cautelares necesitan de proporcionalidad, no se podía adoptar esa decisión en ese momento", ya que había falta investigar con pausa, calma, rigor y profesionalidad, algo que en una guardia de 24 horas era imposible.

"ESTE JUICIO TAMBIÉN ES DEMOCRACIA"

"Tan democrático será este tribunal si condena como si absuelve. Espero que condenen, que para esto estoy aquí. Es que ya está bien de todo lo que se está organizando alrededor de este acto", ha proclamado Emilio Sánchez Ulled, en alusión implícita a las declaraciones y la concentración ante el juzgado el primer día de juicio.

Tras exponer durante dos horas los argumentos jurídicos por los que cree que la sentencia debe ser condenatoria, el fiscal ha dedicado el final de su exposición para defender su independencia y la de de su institución: "No hemos recibido ninguna indicación del Gobierno. Yo no lo habría consentido".

Ha reprochado a los acusados que en un sistema democrático no se puede coger sólo un elemento como las votaciones para definir lo que es un estado democrático, porque lo constituyen "procedimientos, balanzas y equilibrios, que sólo su funcionamiento articulado permite vivir con todas las garantías".

Ha insistido en que sus propias palabras no son un ataque ideológico y que lo habría hecho igual si los colores políticos fueran otros, y cree que "lo dramático es que es un torpedo a la línea de flotación del sistema democrático".

Sánchez Ulled ha justificado haber hecho una intervención de este tipo, inusual en un juicio: "No me quiero buscar un problema pero ha habido incluso referencias institucionales a la Fiscalía y debo responder".

También ha explicado por qué es fiscal de este caso sin ser miembro de la Fiscalía Superior de Catalunya sino de la Fiscalía de Barcelona: fue un encargo de la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal. "Me encomendó una valoración técnica rigurosa. Y dijo algo más: 'En el sentido que sea: si es de archivar, archivar; si es de acusar, acusar", ha asegurado el fiscal.

LA ACUSACIÓN POPULAR CREE QUE LOS ACUSADOS "SE CONCERTARON" PARA DESOBEDECER 

La acusación popular en el juicio del 9N, liderada por el Sindicato Profesional de Policía, ha pedido este viernes inhabilitar diez años al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera Irene Rigau por desobediencia grave y prevaricación al considerar que se "concertaron" para desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) permitiendo la consulta pese a la suspensión.

Durante la lectura de informes en la última sesión del juicio en la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el abogado Antonio Alberca ha asegurado que la resolución del TC para suspender cautelarmente la consulta era absolutamente clara y con lenguaje sencillo: "No hay lugar a ninguna confusión" respecto al alcance de su resolución.

La acusación --del Sindicato Profesional de Policía, la Unión Federal de Policía, la Asociación Arca Ibérica y un particular-- ha explicado que Mas, Ortega y Rigau, dentro de sus competencias, "podían haberlo evitado dando las órdenes oportunas y no quisieron".

A su entender, "quedaron ocultos detrás de una supuesta organización de voluntarios" pero en realidad habían tomado resoluciones, o dejado de tomarlas, para que todo funcionara y estuviera a punto el 9N.

Alberca ha citado el recurso presentado por la Generalitat tras saber la resolución del TC en la que precisamente aceptaba que la consulta no se podría celebrar si no había respuesta del Constitucional: "Los servicios jurídicos expresamente son conscientes de que no se puede ignorar el veto del TC".

"Los acusados sabían que su conducta era antijurídica", según Alberca, que ha enumerado las pruebas que a su entender se han recopilado en el juicio para probar que los acusados realizaron acciones para que se celebrase la consulta pese a la suspensión.

Entre ellos, ha explicado que la Generalitat era el interlocutor y quien pagaba a todos los proveedores y contratistas que proporcionaron todo el material necesario para hacer la consulta: ordenadores, programas informáticos, urnas y papeletas, entre otros: "Ellos habían puesto la maquinaria en marcha" y no hay indicios de que la pararan, ha dicho.

Ha enumerado como pruebas que se distribuyeron las urnas tras el veto; se dispuso del centro de prensa; se formó a los voluntarios; nadie dijo a los directores que se debía parar la consulta y, en cambio, "se les dio todas las facilidades para que todo continuara".

Por todo eso, la acusación pide para los tres acusados diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.