La Fiscalía mantiene su petición de 10 años de inhabilitación a Mas por el 9N

 

La Fiscalía mantiene su petición de diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos electos y funciones de gobierno para el expresidente de la Generalitat Artur Mas por los supuestos delitos de desobediencia grave en calidad de autor y de prevaricación por la organización de la consulta del 9N, en la recta final del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El fiscal Emilio Sánchez Ulled, en sus conclusiones en la cuarta y penúltima sesión del juicio en la sala civil y penal, ha ratificado íntegramente sus conclusiones y las ha elevado a definitivas, con lo que sigue pidiendo nueve años de inhabilitación para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau --en ambos casos por desobediencia grave cometido por autoridad pública como cooperadoras necesarias y prevaricación administrativa--.

El Ministerio Público considera que, si el tribunal optase por imponer por separado las penas de ambos delitos, las condenas totales deben ser de nueve años y seis meses para Mas, y de ocho años y siete meses tanto para Ortega como para Rigau, además de una multa.

DECLARACIONES DE VOLUNTARIOS

La alcaldesa de Vilanant (Girona), Anna Palet, ha sido la primera testigo en comparecer en el juicio por el 9N. Allí ha explicado que ella misma "como voluntaria" se encargó de abrir un local propiedad del Ayuntamiento para acoger la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014, después de ponerse de acuerdo con los concejales pero sin que se votase en el pleno municipal.

Según ha explicado este jueves como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la alcaldesa ha relatado que este municipio, de unos 400 habitantes, no tiene instituto de secundaria y por eso fue este local el que pusieron a disposición del 9N: "Lo cedemos a cualquiera que nos lo pide".

Palet -testigo que ha declarado a petición de la defensa de la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega- ha explicado que ella misma recogió el portátil que se utilizaría para la consulta que "pocos días antes" había dejado en el municipio una empresa de transporte.

Ha relatado que ella aceptó la cesión del local y colaborar con la consulta en una reunión en el consejo comarcal con voluntarios y que, en ningún momento recibieron notificación de la Conselleria de Gobernación requiriendo que se pusiera el local a disposición del 9N.

EL EX JEFE DE PRENSA DE ORTEGA ASEGURA QUE EL GOVERN DEJÓ DE ACTUAR EN EL 9N TRAS EL VETO DEL TC

El que fue jefe de prensa de la exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega, Carles Fernández, ha asegurado este jueves en la cuarta sesión del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que después de la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) de la consulta se le transmitió que debía comunicar que el Govern "dejaba de tomar participación activa".

En su declaración como testigo, Fernández --que se encargaba de las comparecencias y mensajes de prensa-- ha detallado que recibió instrucciones para dejar de actuar respecto a los preparativos de la consulta: "Yo dejé de dar instrucciones a trabajadores públicos y les requerí que no hicieran gestiones".

Fernández, que comparece a petición de Ortega, ha expresado que los dos mensajes que siempre le hicieron vehicular respecto a la consulta sobre la independencia de Catalunya antes de las dos suspensiones del TC --la del 29 de septiembre en base a la ley de consultas y la del 4 de noviembre-- fue que la consulta "se haría bien" y con respeto a la legalidad.

"En todas sus comparecencias era uno de los mensajes en los que más insistía", ha puntualizado Fernández, que ha explicado que el día de la consulta los datos que ofreció la vicepresidenta se los proporcionaron los voluntarios.

El abogado de Ortega, Rafael Entrena, le ha preguntado si es habitual que ella diera ruedas de prensa sobre ámbitos externos a las competencias estrictas de su departamento, a lo que Fernández ha dicho que sí en el caso de que fuera un hecho "de relevancia o podía afectar a la sociedad catalana".

Para ilustrarlo, se ha referido a cuando Ortega viajó a Francia tras el accidente de Germanwings para informar sobre la búsqueda de víctimas en los Alpes. Con esta pregunta, Entrena trata de demostrar que el hecho de que Ortega ofreciera ruedas de prensa sobre los resultados del 9N no fue excepcional.

SEGÚN LA EXDIPUTADA CALVET, EL 9N "DESCANSÓ" EN LOS VOLUNTARIOS

La exdiputada de ERC en el Parlament Gemma Calvet ha asegurado en su declaración como testigo este jueves en el juicio por el 9N que "todo descansó" en los voluntarios después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenase suspender la consulta cuatro días antes de celebrarse.

Calvet ha comparecido a petición de la defensa de la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega, siendo la única de ERC que ha prestado declaración en el juicio, ya que el resto de cargos y excargos citados --propuestos por las defensas-- forman parte del PDeCAT o formaron parte de la extinta CDC.

Ha explicado que el día de las votaciones, el 9 de noviembre de 2014, ella ejerció de voluntaria y tuvo el cometido de acompañar por diferentes puntos de votación a observadores internacionales que habían viajado a Barcelona para seguir el proceso participativo.

En su declaración como testigo, Calvet ha defendido que el proceso participativo sobe la independencia estaba avalado por una amplia mayoría parlamentaria y que ella fue "testigo directo de la necesidad de canalizar la voluntad del pueblo" de pronunciarse sobre el futuro de Catalunya.

"Aquí igual tendría que haber 2,3 millones de personas", ha dicho en un momento Calvet, en referencia a que esta fue la cifra de ciudadanos que participaron en la consulta sobre la independencia por la que el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las entonces conselleras Joana Ortega e Irene Rigau se sientan en el banquillo enfrentándose a una posible inhabilitación.

El hecho de que Calvet se alargase en sus respuestas sin ceñirse a las preguntas planteadas por las defensas y la Fiscalía ha provocado la intervención en varias ocasiones del ponente del tribunal y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos.

"Ya es suficiente, señora", "Le ruego que se centre en la pregunta que le han hecho", "Usted viene aquí como testigo y tiene que contestar a lo que se le pregunta", la ha reprochado Barrientos a Calvet en varias ocasiones.

MESAS CON CARTELES SIN LOGOTIPO DE LA GENERALITAT

En cuarto lugar ha comparecido Bárbara Sala, que fue voluntaria coordinadora del proceso participativo del 9-N en el Instituto Carles Rahola, de Girona. Propuesta por la defensa de Joana Ortega, Sala ha explicado que se inscribió como voluntaria el 17 de octubre en la página web de voluntariado del proceso participativo, y la escogieron como coordinadora del proceso participativo en el instituto, que no conocía antes.

También ha explicado que el 9-N llegó al instituto y que ya había voluntarios que habían organizado las siete mesas de votación y habían preparado todo el operativo, ordenadores incluidos. En respuesta al fiscal, Sala ha dicho que en los carteles que había en las mesas no figuraba impreso el logotipo de la Generalitat y que no constaban apellidos, sino sólo letras que marcaban el inicio y el final de los apellidos que correspondían a cada mesa.

También han comparecido más voluntarios como testigos. Es el caso de José María Batalla, que fue voluntario suplente en el Vall de Bas, y que a pesar de que no era necesario porque el titular se presentó, se quedó para ayudar a los demás voluntarios.

También el de Manuel Gallart, que fue voluntario en el instituto Miquel Martí i Pol de Roda de Ter. Gallart ha explicado que fue coordinador en el instituto y que, aunque es profesor de un instituto de la Escala, donde vive, fue en Roda de Ter porque es donde tenía la dirección del DNI, y así podía ser voluntario y también votar.

A preguntas del fiscal, Gallart ha asegurado que se imprimió las instrucciones que se bajó de la página web de organización del proceso participativo. El abogado que ha ejercido la acusación popular este jueves, Antonio Alberca, le ha preguntado cómo supo que sería el coordinador en el instituto, y el testigo ha dicho que a través de un correo electrónico.

Los dos últimos testigos en el juicio han sido dos voluntarios más, David Fernández Aguilera, que participó el 9-N en el proceso participativo en el instituto Pau Vila de Barcelona, y Joan Vallvé, que fue consejero de Agricultura de la Generalitat entre 1989 y 1992, y que el 9-N hizo de voluntario en el instituto Severo Ochoa de Esplugues de Llobregat.