Segunda querella contra Forcadell por impulsar el proceso soberanista

 

La Fiscalía Superior de Catalunya ha presentado este jueves una nueva querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y que incluye al vicepresidente de la Cámara catalana, Lluís Corominas; la secretaria primera, Anna Simó, y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet, por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación al impulsar el proceso soberanista.

En el escrito, el Ministerio Público considera que los querellados (todos del grupo JxSí) mostraron una "voluntad única y definida" de impulsar varias acciones encaminadas a ejercer la autodeterminación, como la celebración de un referéndum.

La Fiscalía también pide que se acumule esta querella a la causa que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya tiene abierta contra Forcadell por supuestamente haber desobedecido al Tribunal Constitucional (TC) al permitir votar en el pleno del Parlament las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.

El objeto de esta nueva querella es una resolución incluida en el orden del día del pleno del 6 de octubre de 2016, en la que "nuevamente tratan de desarrollar de manera unilateral y sin sujeción al ordenamiento constitucional el denominado 'proceso constituyente' encaminado a la creación de una futura constitución catalana y del estado catalán independiente", según la Fiscalía.

El Ministerio Público deja fuera de la querella al secretario tercero de la mesa, Joan Josep Nuet (SíQueEsPot), pese a haber permitido por dos veces con su voto que se incluyeran en el orden del día del pleno propuestas vinculadas con la independencia, porque "no pretendía como los querellados incumplir los mandatos del TC".

Según él, Nuet "no pretendía dar impulso al proceso constituyente preordenado en la resolución 1/XI, sino que actuó en la creencia errónea de estar cumpliendo con sus funciones como miembro de la mesa", si bien sus votos no fueron decisivos.

"PLAN DE SEPARACIÓN DE CATALUNYA"

Los querellados ahondaron --según dice literalmente la Fiscalía-- en lo ya proclamado en dos resoluciones anteriores del Parlament (y que ya están siendo investigadas) y, por lo tanto, supone "avanzar en el plan de la separación de Catalunya del Estado Español" al considerarlo la Fiscalía un acto de aplicación y desarrollo de la resolución que había anulado el Tribunal Constitucional (TC).

La resolución del 6 de octubre de 2016 --por la que ahora se querella la Fiscalía-- insiste en la capacidad de Catalunya para la autodeterminación, insta al Govern a celebrar un referéndum vinculante "con una pregunta clara y de respuesta binaria", pone un límite para su celebración y crea una comisión para el seguimiento del proceso de autodeterminación, entre otros puntos.

Al haber permitido votar y aprobarla, Forcadell, Corominas, Simó y Barrufet "ponen en evidencia su voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio a la Constitución de 1978".

INVIOLABILIDAD PARLAMENTARIA

La Fiscalía considera que los querellados no pueden escudarse en la inviolabilidad parlamentaria --que protege sus votos y opiniones en el ejercicio de su cargo-- ya que "no es un privilegio personal que les inmunice de responsabilidad por actos manifiestamente ilegales ejecutados al margen o en contra del propio sistema parlamentario".

"Es preciso recordar que la inviolabilidad no alcanza a cualquier actividad delictiva que cometan los parlamentarios, sino sólo a aquellos delitos cuya estructura típica descanse exclusivamente en la exteriorización de una opinión, es decir, en la manifestación de una voluntad, un pensamiento o un conocimiento", insiste.

Precisamente, Forcadell había reclamado a la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret y al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que defendieran su "inviolabilidad" parlamentaria al declarar como investigada a raíz de la primera querella contra ella desobedecer al TC.

PETICIÓN DE TESTIGOS

La Fiscalía insiste en que, aunque esta querella no sólo se dirige contra Forcadell, se investigue conjuntamente con la causa ya abierta en el TSJC --dentro de la que la presidenta del Parlament ya ha declarado-- porque tienen "un gran número de elementos comunes que justifican la instrucción y el enjuiciamiento conjunto evitando así reiteraciones innecesarias en la investigación".

El Ministerio Público pide al TSJC que, además de citar como investigados a los querellados, llame a declarar como testigos al vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra (Cs); al secretario segundo, David Pérez (PSC), y a los diputados Carlos Carrizosa (Cs) y Enric Millo (PP), quien ahora también es delegado del Gobierno en Catalunya.