​El Síndic de Greuges lleva a la ONU los "déficits" que sufre la infancia en Catalunya

 

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha llevado ante las Naciones Unidas (ONU) los "déficits" estructurales detectados en Catalunya en materia de infancia, tanto en la falta de políticas transversales como en los recursos escasos, a través de un informe que complementa el estatal, ha explicado en rueda de prensa en el Parlament este martes.

Junto a la adjunta al Síndic para la defensa de los niños, Maria Jesús Larios, Ribó ha señalado que a pesar de que la creación de la Ley de derechos y oportunidades de la infancia y la adolescencia de 2010 y del Pacto por la infancia de 2013 han supuesto un avance, ambas medidas "no se han desplegado suficientemente".

Las restricciones presupuestarias durante la crisis se han traducido en una "inversión escasa" en infancia, que fue del 0,8% del PIB en 2014 en Catalunya --anteriormente se situaba alrededor del 1%--, muy por debajo de la media europea del 2,4%, justamente en un colectivo que ha visto aumentar su riesgo de pobreza, que afecta al 27,9% de los menores.

Las políticas de austeridad, sumadas al aumento de las necesidades de niños vulnerables, han contribuido a que se impulse una intervención más asistencial, que ha dificultado que se den avances significativos hacia un abordaje más integral y transversal de los derechos de los niños, han alertado.

Ribó ha detectado déficits en la valoración y análisis del impacto que tienen las políticas en los derechos de los niños, en el que es el primer informe que presenta sobre la aplicación de la Convención de la ONU sobre los derechos de los niños, complementando los informes estatales V y VI, sobre los que ha afeado que el Gobierno los ha presentado conjuntamente, cuando tendrían que tener una periodicidad de cinco años.

INSTITUCIONALIZACIÓN EXCESIVA

Larios ha observado que el sistema de protección a la infancia "sigue teniendo déficits estructurales, con importantes dificultades para asignar a niños con desamparo recursos alternativos a la familia" que se ajusten a sus necesidades, con una institucionalización excesiva, que afecta a más del 50% de los niños.

Aunque ha encontrado positiva la campaña de 2016 de la Generalitat para promover la acogida familiar, ha destacado que se desconoce su impacto y que siguen habiendo en el sistema carencias importantes no revertidas en los últimos años: "Los recursos residenciales no siempre tienen las condiciones adecuadas", incluso en sus condiciones materiales.

Sobre la prevención del maltrato y abusos sexuales a menores, Larios ha destacado que a pesar de que hace seis años que se aprobó la ley, muchas de las previsiones para combatirlo "no han estado suficientemente desplegadas ni implementadas adecuadamente", y ha recomendado más formación a profesionales, más medidas de prevención y detección y coordinación institucional.

Han señalado que la actuación de las instituciones ante niños especialmente vulnerables, como el colectivo de migrantes no acompañados, "no siempre hace prevalecer su interés superior", por ejemplo realizando antes las pruebas de edad con policía, en lugar de su protección, así como que algunos centros de la Dgaia están sobreocupados.

PRIVACIDAD DE MENORES

El informe ha alertado también de que en determinados casos, tanto los medios de comunicación como la propia administración "no han garantizado" la privacidad de algunos menores, poniendo el derecho a la información por delante de los de la intimidad y honor.

Larios ha subrayado la gravedad de esta falta de garantía de la privacidad en el contexto de las nuevas tecnologías, en el que toda la información puede quedar en la red durante toda su vida, y ha explicado que ya ha abierto actuaciones de oficio, como fue la del caso Nadia.

A pesar de que han calificado de avance la constitución del un Consejo nacional de la infancia y la adolescencia, han constatan necesidad de que se consolide como otros órganos de participación.