Barcelona recurrirá la sentencia que anula su contrato eléctrico municipal
Tras la sentencia, el Ayuntamiento no podrá incluir una cláusula que obligaba a las eléctricas a cumplir el convenio de pobreza energética. El consistorio empezará a trabajar en una nueva licitación, ya que la sentencia es firme.
El Ayuntamiento de Barcelona recurrirá la sentencia del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, que anuló este jueves el contrato eléctrico municipal de Barcelona --de 65 millones de euros divididos en tres lotes y con una duración prevista de dos años-- y empezará a trabajar en una nueva licitación.
"No compartimos la sentencia de este tribunal administrativo y presentaremos un contencioso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Como la sentencia es firme, nos toca preparar una nueva licitación", ha explicado este viernes en rueda de prensa el concejal de Presidencia, Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia.
Precisamente este viernes, el Ayuntamiento de Barcelona ha mantenido una reunión con el conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Jordi Baiget, y ambas instituciones han acordado crear un grupo de trabajo para estudiar cómo incorporar medidas efectivas contra la pobreza energética en el pliego del nuevo concurso y evitar que un tribunal las vuelva a anular.
Badia ha explicado que como el contrato actual finaliza el 26 de marzo y no dará tiempo a presentar la nueva licitación, se trabajará en un contrato negociado que actuará como contrato puente y evitará poner en peligro el suministro del servicio eléctrico.
Este contrato negociado tendrá una duración de tres meses y será prorrogable tres meses más, con lo que el gobierno municipal contará con seis meses de margen para elaborar la nueva licitación, a la que podrán presentarse todas las empresas que lo deseen.
El contrato puente mantendrá, según Badia, los tres lotes e incorporará claramente las medidas efectivas contra la pobreza energética, desplegando la Ley 24/2015: "Creemos que es necesario incorporar estas medidas. No se puede no intentar hacer avances en la legislación".
Badia ha explicado que otra opción era adherirse al contrato marco de la Associació Catalana de Municipis (ACM), si bien ha descartado esta alternativa al considerar que el consistorio tiene una política de contratación eléctrica diferente al apostar por las energías renovables, la compra verde y el fomento de la competencia.
SENTENCIA
El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público ha anulado el contrato eléctrico municipal de Barcelona tras aceptar a mediados de febrero medidas cautelares pedidas por Endesa, compañía que, junto a Gas Natural Fenosa, recurrió el contrato y no concurrió.
El Tribunal reconoce "el loable y encomiable objetivo" del Ayuntamiento, pero asegura que la cláusula sobre pobreza energética no define las obligaciones a ejecutar por el contratista de forma clara e inequívoca, ya que no concreta las exactas obligaciones a las que se le obliga para la adjudicación del contrato, por lo que perjudica a todas las licitadoras potenciales.
En suma, la sentencia alega que las cláusulas contra la pobreza energética que quiere promover el consistorio y, por tanto, el beneficio social que se busca, "no se produce en el seno del suministro energético en los locales de la administración, ni directamente por el acto de suministrar electricidad a los locales del Ayuntamiento".
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