El caso Pretoria, que salpicó a tres ayuntamientos, volverá a sacudir las entrañas de CDC

 

La Sección 2a de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a partir de este lunes a los 11 presuntos miembros de la red 'Pretoria' que operó en los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona y que implica a dos históricos convergentes como Lluís Prenafeta y Macià Alavedra.

Prenafeta fue la mano derecha del ex president Jordi Pujol mientras que  Macià Alavedra, había sido  consejero de Economía de la Generalitat en los años noventa y su nombre había sonado para sustituir al mismísimo Jordi Pujol. Junto a ellos, declarará el exdiputado del PSC, Luis García Sáez, alias ‘Luigi’, compartiendo banquillo con entre otros, el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, el empresario José Singla (propietario de Proinosa) y Philip Bolich, uno de los testaferos que ayudó a que Prenafeta y Alavedra escondiesen el dinero de las mordidas en Andorra.

En el caso Pretoria se baraja la hipotesis de que los implicados trabajaban para llenar sus bolsillos, sirviéndose de sus relaciones políticas pero sin cotizar al partido. Una exclusiva élite que se codeaba con el poder y que solo pagaba favores personales. 

El denominado caso Pretoria se sustenta en tres grandes marcos de operaciones: la primera, ubicada en Santa Coloma, la llamada operación Pallaresa-Cubics. La segunda, ubicada en Sant Andreu de Llavaneras, conocida como operación Niesma. Y la tercera en Badalona, con un pelotazo previsto en la localidad homónima.

EL MODUS OPERANDI EN CASO PRETORIA

Luigi y sus socios, Prenafeta y Alavedra, hacían de intermediarios en la compraventa de terrenos, influyendo en ocasiones para la recalificación de los mismos, con lo que sus cuentas corrientes se inflaban. Los beneficios generados por los pelotazos en Santa Coloma fueron escamoteados por una sociedad instrumental holandesa, Ard Choille BV.

A través de estas operaciones los implicados habrían escamoteado hace más de una década unos 10 millones de euros a través de la sociedad pantalla holandesa. La mordida personal llevada por Luigi de Santa Coloma fue de casi 2,2 millones de euros, mientras que el exalcalde se embolsó, según Fiscalía, más de 1,7 millones de euros. 

En Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, eran Prenafeta y Alavedra los ‘conseguidores’ según el fiscal. Y los tres montaron también un entramado de sociedades y cuentas corrientes “en entidades situadas en territorios 'off shore', ocultaron cuantiosas ganancias procedentes de su actividad delictiva”. Para ello, los dos prohombres de Convergència se sirvieron incluso de sus esposas.

ESTE LUNES COMIENZA EL JUICIO

El tribunal juzga además a ocho empresas como responsables civiles subsidiarias integradas en la trama que habría defraudado 45 millones de euros en los nueve años que llegaron a funcionar. Los once acusados, a los que la Fiscalía atribuye la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo, fueron detenidos en el operativo policial que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2009, bajo la instrucción del entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Integran la trama los empresarios Josep Singla (11 meses de cárcel) y Manuel Carrillo (3 años); los presuntos testaferros Manuel Valera (2 años y nueve meses de cárcel) y Philip McMahann (3 años y seis meses); Gloria Torres, titular en Andorra de una cuenta bancaria de Alavedra (2 años y seis meses); y Maria Lluïsa Mas, esposa de Prenafeta (3 años y seis meses), además de Manuel Dobarco Touriño y Luis Andrés García.

"ESTRECHA RELACIÓN CON PUJOL"

La Fiscalía Anticorrupción apuntaba en su escrito de acusación provisional, hecho público el pasado 29 de diciembre, que Alavedra y Prenafeta mantenían "una estrecha relación personal con el entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol".

A sabiendas de la influencia que ejercían sobre "determinados cargos públicos de Cataluña", según el Ministerio Público, "planificaron y ejecutaron el cobro de cuantiosas comisiones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas relacionadas con el desarrollo urbanístico de los tres ayuntamientos mencionados".

Además, la Fiscalía señala que Prefaneta y Alavedra contaron con la colaboración de sus esposas en la obtención de las ganancias ilícitas y en su ocultación a la Hacienda Pública. Para ello, utilizaron "un complejo entramado societario constituido por entidades domiciliadas en territorios 'off shore' y diversas cuentas bancarias abiertas en entidades suizas y andorranas" a través de las cuales canalizaron estos fondos.

OPERACIONES URBANÍSTICAS

El Ministerio Público también sostiene que los acusados intervinieron en una serie de operaciones urbanísticas que les proporcionaron "cuantiosos e ilícitos beneficios carentes de toda justificación y lógica comercial" por tres operaciones.

Las actuaciones investigadas son la 'operación Pallaresa' de Santa Coloma de Gramenet, en la que participaron, entre otros, 'Luigi' y Dobarco; la 'operación Niesma de Sant Andreu de Llavaneres, en la que el exdiputado socialista compartió mediación con Alavedra y Prenafeta; y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona, con los mismos intermediarios.

Además, el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, habría manipulado el concurso público para la adjudicación en 2009 del contrato de limpieza de edificios, dependencias municipales y centros públicos docentes del municipio a favor de la empresa Limasa, del imputado Manuel Carrillo.

PAPELES DE PANAMÁ

En abril del pasado año se conoció tras la publicación de los Papeles de Panamá, que el expresidente de la firma téxtil Burberry en España Eugenio Mora Olivella, facilitó el dinero a la red del caso Pretoria. El empresario, residente en Londres, utilizó una red de empresas opacas en las Islas Niue, en el Pacífico Sur,y de Madeira para invertir en España sin ningún coste fiscal cerca de 9 millones de euros entre 2003 y 2004.

La red la organizaba el bufete de abogados Pretus, que le da el nombre a la operación. Los hermanos encargaban a Mossak-Fonseca que crearan sociedades pantalla para que sus clientes evitaran al fisco español.