La Fiscalía aumenta la vigilancia sobre el proceso independentista catalán

 

La Fiscalía del Estado ha aumentado su vigilancia sobre las medidas del Govern de Carles Puigdemont y sobre la normativa para crear las nuevas estructuras de Estado. El objetivo del ministerio público es impedir que se lleven a cabo proyectos de ruptura.

Un nutrido grupo de fiscales, encabezados por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tienen la vista puesta a diario en los movimientos que tanto el Govern como el Parlament pudieran emprender en los ya anunciados planes para desconectarse de España. 

Ahora, y al contrario de como se venía haciendo, la Fiscalía ya no esperará a que el Tribunal Constitucional dé luz verde y abra el camino para emprender acciones legales. La primera actuación en este sentido ha sido la reapertura de una investigación sobre la publicidad institucional y el anuncio relativo al "registro de catalanes y catalanas residentes en el exterior".

INTERÉS EN INCLUIR MALVERSACIÓN DE FONDOS

La Fiscalía del Estado inició las diligencias, puestas en marcha por la Fiscalía Superior de Catalunya por supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Este último delito es crucial ya que hasta ahora sólo se ha juzgado por los dos primeros (Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs). 

Incluir la malversación de fondos públicos desata especial interés en la Fiscalía por dos motivos: la propia naturaleza de anuncios institucionales y el claro aviso de la prohibición de utilizar recursos públicos en los preparativos del referéndum.

PIDE A LAS EMPRESAS LOS CONTRATOS ACORDADOS CON LA GENERALITAT

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a las empresas que estarían desempeñando trabajos para la Generalitat de Catalunya en el marco del proceso de ruptura con España, información relativa a los contratos acordados para poner en marcha las estructuras de un Estado catalán, según han informado fuentes fiscales.

Las diligencias comenzaron en marzo de 2016 por el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ante posibles delitos de desobediencia, sedición y malversación de caudales públicos por parte de la Generalitat, tal y como ha avanzado El País.

Las sociedades, contratadas para poner en marcha una agencia tributaria catalana y los servicios de inteligencia, deberán entregar dicha documentación requerida en el plazo acordado ya que, de lo contrario, estarían cometiendo delitos de desobediencia y malversación.

Por su parte el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha confirmado que se trata de una investigación "que está en curso" y que no puede ofrecer más explicaciones de las diligencias abiertas por el Ministerio Público.

"La Fiscalía está para que se cumpla la Ley. Ese es nuestro objetivo", ha aseverado Maza en la reunión de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial celebrada en el CGPJ.