La presión judicial a las empresas pone en peligro el plan secesionista del Govern
Las grandes compañías que trabajan con la Generalitat estarían dispuestas, incluso, a renunciar a contratos públicos para evitar conflictos con la justicia ya que la Fiscalía ahora sí habla de malversación -que sí conlleva penas de cárcel-.
La presión de la Fiscalía sobre las empresas que trabajan para la Generalitat añade dificultades a los planes de desconexión del Govern catalán. Los proveedores son conscientes de las posibles consecuencias penales a las que se exponen al prestar servicios que sirvan, de una forma u otra, para impulsar el proceso.
De hecho, algunas estarían dispuestas, incluso, de dar un paso atrás y renunciar a contratos públicos conflictivos. Así, esta supone una traba más para desarrollar las tan problemáticas "estructuras de Estado" y la organización del referéndum.
La Fiscalía pidió a 20 empresas relacionadas con la Generelitat documentación referentes a contratos con el Govern. Estas se enfrenta a la advertencia de que, si no colaboran con la justicia, pueden cometer un delito de malversación.
Además, el 9N fue una lección para todos ya que la Generalitat logró adjudicar los trabajos mediante "contratos programa" con grandes empresas de manera que pasaran inadvertidos. Y, por este motivo, sus responsables salir indemnes y declararon como testigos.
La diferencia es que, a diferencia de lo que ocurrió en la causa por el 9N, ahora la Fiscalía no duda en hablar de malversación de fondos públicos, delito que, a diferencia de la desobediencia o la prevaricación, sí conlleva penas de prisión.
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