La Generalitat estudia otro impuesto más para productos azucarados
El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha explicado que el Govern está estudiando un nuevo impuesto para otro tipo de productos con azúcar añadido además de las bebidas: "Se hará cuando estemos en condiciones de que el proyecto de ley y el impuesto nos permita conseguir el resultado que queremos".
El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha explicado que el Govern está estudiando un nuevo impuesto para otro tipo de productos con azúcar añadido además de las bebidas: "Se hará cuando estemos en condiciones de que el proyecto de ley y el impuesto nos permita conseguir el resultado que queremos".
"Es coherente y tenemos que avanzar en esta dirección", ha apuntado este lunes, día en el que ha entrado en vigor el impuesto catalán de bebidas azucaradas, en una entrevista de Rac1. Lluís Salvadó ha comentado que en el ámbito internacional aún no hay experiencias de este tipo pero que "hay uno o dos países que están entrando y tienen algún proyecto de ley" para gravar productos azucarados.
El secretario de Hacienda ha recordado que la Generalitat trabajaba en este tributo desde 2013 y que siempre ha tenido en la mira también otros productos con exceso de azúcar o grasa. Lluís Salvadó considera que los gobiernos europeos seguirán esa línea y que en un plazo de cinco años existirá un tributo a los comestibles poco sanos.
La Generalitat es la primera administración de España que sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en otoño recomendó subidas fiscales de hasta el 20% en el precio de estas sustancias altas en azúcar, que consumidas en exceso favorecen la obesidad y la diabetes.
El Ejecutivo central ha aplazado la creación de un tributo de este tipo en todo el territorio nacional tras el acuerdo político alcanzado con Ciudadanos para no subir más los impuestos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el pasado otoño que crearía un impuesto sobre las bebidas azucaradas, pero el Gobierno se ha echado para atrás y solo se compromete a aprobarlo si se desvía del déficit público.
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