Los empresarios de la trama del 3% utilizaban nombres en castellano para evitar que se identificara a los cargos de CDC

Así, Germà Gordó era "Gerardo" o "Gregorio"; Andreu Viloca era conocido como "Antonio" y Francesc Sánchez tenía asignado el nombre de "Fernando".

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Los empresarios implicados en el 'caso 3%' utilizaron una táctica para evitar que se reconocieron los nombres del altos cargos de Convergencia (CDC): inventar nombres clave en castellano. Así, y según ha podido saber 'El País' por el sumario del caso, el ex gerente del partido y diputado Germà Gordó era "Gerardo" o "Gregorio". Además, Andreu Viloca era conocido como "Antonio" y al responsable de régimen interno, Francesc Sánchez, se le asignó el nombre de "Fernando".


Esta información se ha podido conocer que el juez de El Vendrell ha levantado parcialmente el secreto de sumario. El sistema que se seguía era otorgar nombres castellanos, la primera letra del que (G, A o F) se correspondía con sus nombres reales. De esta forma, evitaban que identificara los políticos con los que pactar las comisiones.


Según la investigación del juez, empresas adjudicatarias pagaron donaciones a las fundaciones afines al partido (CatDem y Fórum Barcelona) a cambio de que estos cargos mediante ante organismos públicos para conseguir adjudicaciones públicas millonarias.


EXTENSO INFORME CON LOS INDICIOS


El pasado mes de febrero se produjeron una serie de registros y detenciones consecuencia de un extenso informe de la Fiscalía Anticorrupción. En esta resultaron implicados el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra y el ex teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, el convergente Antoni Vives.


Según el informe, Cámara participó en dos adjudicaciones que están en el punto de mira. Estas son el refuerzo del dique Este (36 millones) y los accesos de la ampliación sur.


Tal y como se especifica el 7 de febrero de 2012, "después de la publicación del anuncio de licitación", Cámara se reunió con Viloca (tesorero de CDC) gracias a la mediación del consejero delegado de Copisa, Xavier Tablero (uno de los empresarios implicados).


Finalmente, la obra fue adjudicada a un UTE formada por Copisa, Comsa, Acsa y Benito Arnó e Hijos. Copisa pagó por ella, presuntamente, una donación de 50.000 euros.


La segunda obra del puerto estuvo precedida por una reunión, en mayo de 2016, entre Cámara, Viloca y Francisco Sánchez, cuando éste ya era "responsable económico del partido". Según la Guardia Civil, los empresarios identificaban Sánchez con el nombre en clave de "Fernando" y le definían como "el sustituto de Gerardo".


TESTIMONIOS CLAVE


Los empresarios de la mercantil Oproler, Sergio Lerma y José Manuel Bassols fueron los responsables de otorgar los nombres. Ambos fueron clave para que el TSJC decidiera abrir la investigación contra Gordó, quien ha acabado abandonando el grupo de Juntos Por Sí. Ellos fueron también los que explicaron que en las anotaciones donde aparece "Gregorio" o "Gerardo" se está refiriendo el ex consejero.

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