​Operación Pika: La red del 3% apunta al exasesor de Mas, David Madí

 

La trama del 3% que investiga la presunta financiación ilegal en CDC señala a Artur Mas. La Guardia Civil ya había investigado en las primeras fases de la operación Petrum a Andreu Viloca, extesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), por la exigencia de donaciones a empresarios y constructores a cambio de adjudicaciones. Los agentes lanzaron un nuevo operativo este jueves contra la rama de CDC que se encargaba de realizar las gestiones necesarias para asegurarse de que los concursos públicos favorecieran a los donantes del partido, cerrando así el círculo del cohecho.

De este modo, Viloca fue el primer eslabón de la cadena. Se reunía con los empresarios en momentos clave de los procesos de licitación y, tras acordar un pago al partido, contactaba con Josep Antoni Rosell, exdirector general de Infraestructuras, para cerrar el amaño de adjudicaciones de este organismo público dependiente de la Generalitat. Viloca también realizaba esa gestión para obras de ámbito municipal.

En Barcelona, su mano derecha era Antoni Vives, expresidente del ente público Barcelona Infraestructuras Municipales (Bimsa) y exvicepresidente de la Autoridad Portuaria. Los agentes han intervenido comunicaciones en las que Viloca notifica a Rosell y Vives qué concursos debían manipular y quiénes debían ser sus beneficiarios.

Rosell y Vives también fueron detenidos esta semana en la llamada operación Pika y conducidos a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, donde pasaron dos días y la noche del jueves. En total, el número de detenidos en la operación de este jueves fue 18.

La imputación de Vives tiene especial relevancia por su cercanía a Mas. Antes de ocupar el cuarto puesto en la lista de Xavier Trías al Ayuntamiento de Barcelona, en las municipales de 2011, Vives fue secretario general de la Generalitat durante el último Gobierno de Jordi Pujol. Por su cargo, dependía directamente de Mas.

Entre los 18 detenidos este jueves figura el empresario Joan Albert Arqués, director general de la constructora Benito Arnó, una de las cuatro que integran la UTE que se adjudicó en febrero de 2015 la construcción del túnel de Les Glòries de Barcelona, otro proyecto presuntamente amañado por la trama. 

Fuentes cercanas al caso subrayan la proximidad de Arqués a David Madí, exsecretario de Comunicación y Estrategia de CiU y considerado uno de los asesores áulicos de Mas, además de íntimo de Oriol Pujol Ferrusola, el hijo del expresident Pujol que hizo carrera política hasta que se topó con la Justicia.

Madí y Arqués montaron un fondo de inversión en mayo de 2011, ICAT Desenvolupament SL. Un año después, el exasesor de Mas compró la parte de su socio y se convirtió en administrador único de la compañía, cargo que mantiene en la actualidad. Desde entonces, la constructora de Arqués recibió numerosas adjudicaciones de la Generalitat que están bajo investigación.

Según el periódico El Confidencial, Madí admite la existencia de esa relación societaria con Arqués a través de ICAT Desenvolupament SL pero asegura que fue una colaboración puntual para un proyecto que no llegó a salir. "Desde entonces, no he vuelto a tener ningún contacto profesional con Arqués. No tengo ningún tipo de implicación en este escándalo", asegura el exjefe de gabinete de Mas.

El círculo se va cerrando, pero también apunta al exconsejero de Justicia (2012-2016) Germá Gordó, que ocupaba el cargo de gerente de CDC y, por tanto, era responsable directo de Viloca, cuando la trama del 3% se encontraba en pleno apogeo. Algunos de los últimos detenidos han declarado en sede policial que era imprescindible pagar a CDC para poder realizar obras en Catalunya.

LA TRAMA DE LOS CONCURSOS

Una vez que Viloca informaba del pago, Vives y Rosell manipulaban las licitaciones para favorecer a las constructoras. La trama ideó un mecanismo que concedía hasta el 70% de la puntuación a la oferta técnica y el 30% restante a la oferta económica. Lo habitual era que la empresa elegida lograra la mejor puntuación en la parte técnica, basada en juicios de valor y, por tanto, fáciles de condicionar. Pero si la puntuación en esa parte no era suficiente, la UTE implicada tiraba los precios para conseguir remontar en la parte económica.

Los donativos a CDC se terminaban compensando con aumentos en el coste que debían soportar los contribuyentes. Por supuesto, los entes públicos no se oponían a las reclamaciones de los adjudicatarios. El modelo 70-30 acabó implantándose, con ligeras variaciones, en todos los organismos controlados por CDC.

Uno de los ejemplos es el túnel de Glòries. Se estima que los sobrecostes van ya por 40 millones de euros por supuestos errores en el diseño de la obra. Sin embargo, el proyecto de la UTE vencedora logró la mejor puntuación en el apartado técnico. Supuestamente, el concurso tenía que haber garantizado que las obras estarían concluidas este verano, pero el Ayuntamiento de Barcelona informó recientemente de que los túneles no podrán ser inaugurados, como mínimo, hasta 2019.

A los detenidos este jueves se les investigan los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. En estos momentos se encuentran en libertad a la espera de la citación del juez.