El Tribunal de Cuentas explica en el Congreso los sobrecostes en el AVE a Francia

 

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentará este lunes en el Congreso el informe que alerta del encarecimiento en el tramo Barcelona Sants-Figueres de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa del 18%, hasta costar 3.760 millones de euros. 

El documento indica que en la construcción de este tramo fiscalizado se adjudicaron 323 contratos por un total de 3.185,8 millones, si bien se produjo una desviación del 18% por las modificaciones de los contratos, la revisiones de precios y certificaciones y liquidaciones adicionales.

Todo ello originó un coste final de 3.760 millones de euros y un precio medio de 28,7 millones por kilómetro, ha indicado el Tribunal de Cuentas, que ha precisado que se ha fiscalizado un 75% del importe total adjudicado.

En cuanto a los contratos de obras, el 49% de los analizados experimentaron modificaciones que afectaron al proyecto constructivo inicial, lo que supuso un incremento del 11,6% y un importe de 258,8 millones de euros respecto al precio de adjudicación, que ascendió a 2.227,7 millones.

Además, se tramitaron proyectos modificados por 2,1 millones de euros para convalidar actuaciones ya ejecutadas con anterioridad, sin cobertura contractual y sin que respondieran a situaciones de emergencia, y el 43,3% de los contratos de obras tuvieron un incremento del plazo de ejecución superior al 150%.

ESTACIÓN DE LA SAGRERA

Las obras del entorno de la estación de alta velocidad de La Sagrera de Barcelona registraron "importantes diferencias" entre la obra realmente ejecutada, la obra certificada y la abonada, por un importe total de 117,39 millones de euros.

Ello obligó a trasladar estas irregularidades a Fiscalía y a contratar una auditoría externa, según la cual, frente a los 580,7 millones de euros certificados y abonados se acreditaron actuaciones por 463,3 millones, de los que al menos 83,9 corresponden a actuaciones fuera del proyecto contratado.

Precisamente el jueves pasado, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró el "compromiso explícito" del Ministerio de reactivar las obras de la estación ferroviaria de La Sagrera antes de que termine 2017.

Según dijo, se prevé que las obras vinculadas a la estación del colector de la rambla Prim --con una inversión de unos 10,5 millones-- empiecen antes de verano, y que las obras de la losa de la estación se reanuden en el tercer trimestre.

SERVICIOS Y SUMINISTROS

En cuanto a los contratos de servicios, el precio de adjudicación se incrementó entre un 19% y un 199% por la tramitación de proyectos modificados a causa de deficiencias en el proyecto constructivo inicial, la adecuación del plazo de ejecución del servicio al plazo de construcción de las obras, así como por circunstancias imprevistas sin justificar --algunos de los modificados registraron incrementos superiores al 50%--.

También se produjeron incrementos en el plazo inicial de ejecución superiores al 100% por la necesidad de coordinarse con los trabajos de las obras y por la obtención de autorizaciones para la realización de las prestaciones del contrato: "Si bien dichas razones pudieran considerarse justificadas, evidencian una deficiente planificación de los trabajos".

Además, se convalidaron trabajos ejecutados sin soporte contractual por 908.000 euros, algo que la Asesoría Jurídica, en su informe de 24 de septiembre de 2015, indicó que era procedente, evitando un eventual enriquecimiento injusto por parte de Adif, aunque manifestó la necesidad de suprimir esta práctica que estaba "adquiriendo una habitualidad no deseable".

Por último, los contratos de suministros se tramitaron de forma independiente a la ejecución de las obras, lo que motivó ampliaciones del plazo de ejecución que originaron revisiones de precios, incrementando el coste del contrato y poniendo de manifiesto nuevamente deficiencias en la gestión.

Así, en los expedientes de suministros se produjeron incrementos en el plazo inicial de ejecución que oscilaron entre un 190% y un 225% debido a que el plazo del contrato original estaba afectado por "cierto grado de incertidumbre", ya que el objeto del contrato (traviesas, balastro o carril) fue solicitado con anterioridad a la redacción del proyecto de montaje de vías y, consecuentemente, antes de la propia licitación de las obras.