El concejal Eloi Badia se arma un lío con las cuentas del agua

 

La campaña orquestada por algunos miembros del equipo de Colau contra Aguas se arrastra desde hace casi dos años.

El Ayuntamiento de Barcelona eliminará las tasas de las cloacas del recibo del agua a aquellas familias con dificultades económicas. Así lo han manifestado en una accidentada rueda de prensa la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz, y el concejal de Energía, Eloy Badia. 

Esta decisión -que tiene que ser aprobada en el pleno de este julio- se ha hace pública después de que el consejero delegado de Aguas de Barcelona, Albert Martínez Lacambra, pidiera públicamente a las administraciones catalanas corresponsabilidad fiscal con las familias en apuros, a las que la compañía dejó de cobrar el recibo del agua mientras esas administraciones les siguen cobrando los impuestos (más de un sesenta por ciento del recibo).

Ha sido una comparecencia tensa, especialmente para Catalunya Press, que al preguntar a Eloy Badia si la nueva medida municipal se había inspirado en la petición pública del directivo de Agbar a los políticos de las diferentes administraciones de suprimir los impuestos a los más débiles, recibió un gesto de desagrado del ex líder de Agua Viva, quien recalcó que el Ayuntamiento llevaba cinco meses estudiando la medida y que Agbar ya lo sabía. 

Una verdad a medias, ya que se da la circunstancia de que Aguas de Barcelona viene bonificando a las familias con pocos recursos económicos desde hace año y medio por un importe total de 3,3 millones de euros -2,2 millones en el 2016 y 1,3 en lo que va de este año- frente a los 100.000 del consistorio barcelonés. 

¿Por qué el Ayuntamiento no lo ha hecho hasta ahora?. Badia, de momento lo ha omitido, de forma premeditada.

La campaña orquestada por algunos miembros del equipo de Colau contra Aguas de Barcelona no es nueva, sino que se arrastra desde hace casi dos años. Eloy Badia ha sido el gran gurú de Agua es Vida y también de la desafortunada contratación del ex dirigente de CiU, Joan Pinyol, en el área metropolitana -responsable del fracaso de la gestión de la ATLL pública-.

La medida que pretende implantar el Ayuntamiento, si finalmente se aprueba, afectaría a unos 7.476 hogares y 18.690 personas. El ahorro para las familias representaría entre 10 y 15 euros al año. El coste total de la medida estaría entorno a los 100.000 euros, que son los que dejarían de ingresar las arcas municipales.

El concejal de Energía y fundador de Agua es Vida, encorajinado por las preguntas de este medio, pasó a explicar, sin que nadie se lo preguntara, por qué no había firmado las cuentas del 2016 que presentaron los gestores de Aguas de Barcelona a los accionistas, ofreciendo una versión insólita:

"No estaba de acuerdo con los resultados económicos ya que la Compañía había obtenido unos beneficios de 40 millones y solo debería haber ganado 20 millones". 

La realidad de esas cuentas es que Aguas presentó unos beneficios en sus papeles oficiales de unos en 27 millones de euros, que representa un 5 % menos con respecto al ejercicio anterior. Y si tenemos en cuenta que la sociedad mixta Aguas de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestión del Ciclo del Ciclo Integral del Agua, está compuesta por un 70% Agbar, un 15% por el Área Metropolitana y un 15% por Criteria Caixa, no tiene sentido que Badia y Laia Ortiz no hayan destinado a los fines sociales que consideren más urgentes ese incremento del beneficio fruto de una buena gestión.

El concejal ha sostenido luego que "todavía quedarán elementos en el recibo sobre los que valdrá la pena reflexionar" y dependen de otras administraciones: el IVA, que regula del Gobierno central y que pide reducir, y el canon, que depende de la Generalitat, que está estudiando el asunto.

Está claro que el equipo de gobierno de Ada Colau, es partidario de remunicipalizar el agua sí o sí, justificándolo en una bajada notable del recibo del agua. 

La realidad es que Eloy Badia tuvo que reconocer a CatalunyaPress que la tan anunciada rebaja se quedaría en un espartano 10%.

Según el informe que ese mismo día dió a conocer la Cámara de Comercio de Barcelona -elaborado por los catedráticos de Derecho José María Gimeno y Gonzalo Quintero y por el ex presidente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional Pascual Sala- cuando una administración decide asumir la gestión directa de un servicio público tendrá que justificar las ventajas sociales y económicas de la misma y si eso es así, porque existe el riesgo de que se trate de una solución que puede ir en contra del principio de confianza legitima de una parte, pero por otra -y más importante- del principio de eficiencia y estabilidad presupuestaria.

Que el Sr. Badia o la Sra. Ortiz lleguen a entender el contenido de este brillante documento, elaborado desde la imparcialidad más absoluta, depende de que en el futuro -política aparte- los ciudadanos del Área Metropolitana de Barcelona gocen del mejor suministro del agua y al precio más justo y también tengan acceso a este servicio esencial los que no pueden pagarlo, sin el condicionante de los impuestos, como sucede ahora mismo.

Obtener beneficio en la gestión no debiera ser censurado de ninguna de las maneras. Esto no es Venezuela.