Borràs será investigada por el TSJC por la compra de urnas tras rechazar su recurso

 

Consideran que todos estos hechos no son aislados.

Meritxell Borràs, consellera de Gobernación de la Generalitat, y Francesc Esteve, exsecretario general del departamento, serán investigados por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por haber dictado un acuerdo marco para la compra de urnas.

La Sala Civil y Penal del TSJC ha rechazado el recurso de súplica presentado por las defensas. Estas alegaban que la Fiscalía hacía un uso preventivo del derecho penal. El auto del TSJC mantiene el procedimiento abierto por los supuestos delitos de desobediencia, malversación de caudales públicos y prevaricación continuada.

Considera que el acuerdo marco para la compra de urnas es una resolución administrativa "que pudiera estar orientada a infringir el mandato del Tribunal Constitucional y que, además, pudiera tener repercusiones en el patrimonio de los administrados" y constatan que el proceso de licitación para la adquisición de urnas continuó en el tiempo y se mantuvo hasta el 9 de junio, cuando se anunció el referéndum.

ARGUMENTOS DEL TSJC

El Tribunal cree que el hecho de que la Generalitat no disponga de urnas y de su eventual necesidad para todo tipo de consultas "en nada desdice la realidad objetiva de que el Tribunal Constitucional suspendió la disposición adicional 40 de la Ley de Presupuestos referida a gastos vinculados al referéndum".

Recuerdan que se advirtió específicamente a los miembros del Govern de su deber de paralizar o impedir cualquier acto de organización del referéndum. 

"Existen indicios de que pudiéramos asistir a hechos concatenados, pues el inicio de los trámites necesarios para la adquisición de urnas coincide en el tiempo con la promulgación de la Ley 4/2017, cuya disposición adicional 40 prevé específicamente la habilitación de partidas para hacer frente al proceso referendario", argumenta.

HECHOS NO AISLADOS

Consideran que todos estos hechos no son aislados y "deben ser investigados como presuntamente constitutivos de ilícito penal, así como si resultan atribuibles a quienes figuran como querellados".

La defensa de Borràs acusó a la Fiscalía de haberse querellado contra ella "con finalidades claramente intimidatorias".

"No pretende esclarecer y castigar actos ya cometidos, sino conductas que todavía habrían de realizarse", aseveraban los letrados y alegaban que no se le puede investigar por unas urnas que ni se han comprado.