El Gobierno cortará el grifo a la Generalitat si destina un solo euro al referéndum

 

Lo ha anunciado Méndez de Vigo después del Consejo de Ministros.

El Gobierno de Mariano Rajoy aplicará a partir de ahora un riguroso control de cómo la Generalitat destina los fondos públicos. Y lo hará cada semana. 

La Comisión Delegada para Asuntos Económicos ha aprobado este viernes un acuerdo por el que condiciona el pago a Catalunya de las partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a que la Generalitat remita semanalmente una garantía de que no destina fondos a la organización del referéndum independentista del 1 de octubre, según ha anunciado el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha anunciado este acuerdo de condicionalidad a propuesta del Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro con el objetivo de "impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto destinados a financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre".

Según ha recordado, el Tribunal Constitucional anuló las partidas del presupuesto catalán destinadas al referéndum y, "pese a ello", responsables de las instituciones catalanas han anunciado su voluntad de seguir adelante con su celebración.

El Gobierno ha adoptado así este acuerdo dada la situación de "riesgo" que esto genera y de "incertidumbre" para empresas y ciudadanos para garantizar que "ni un solo euro público" estará destinado a la financiación del referéndum.

"El referéndum no puede ser pagado con dinero público. Estén tranquilos todos los catalanes que no habrá un euro distraído para nada que sea ilegal", ha garantizado Méndez de Vigo.

OBLIGADOS A ENVIAR INFORMACIÓN

Para ello, una serie de altos cargos y funcionarios deberán remitir de manera individualizada y semanal certificados que garanticen que no se han iniciado o tramitado expedientes de gastos y pagos que puedan estar destinados directa o indirectamente a actividades vinculadas con el referéndum.

Los responsables obligados a enviar esta información al Gobierno son los interventores de las consejerías, con el soporte certificado de los máximos responsables de los órganos gestores, los responsables económico-financeros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, el director general de presupuestos y el director general de política financiera, seguros y tesoro.

Con esa información, si el Ministerio de Hacienda concluyera que sí se están destinando fondos a la financiación del referéndum, "dará traslado a las autoridades competentes para la exigencia de responsabilidad", según ha detallado el portavoz del Ejecutivo.

Y en caso de que no cumplan con la obligación de remitir esa información semanal, el Gobierno pondrá en marcha lo previsto en los acuerdos del FLA, condicionado al cumplimiento de su objetivo de sufragar servicios públicos.

"Podría llegar a retirarse el FLA, es una línea destinada al progreso y bienestar de los catalanes", ha reconocido Méndez de Vigo tras recordar que, desde 2012, Catalunya ha recibido 67.000 millones de euros por esa vía y en 2017 tiene previsto un montante de 3.600 millones.

RETIRAR EL FLA

Méndez de Vigo ha apuntado que "sería muy grave" que no se produjera esta comunicación semanal y ni siquiera lo contempla. Pero ha explicado que, si se tuviera que llegar a retirar el pago del FLA, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, sería quien tendría que dar explicaciones a los catalanes de por qué se ha llegado a esa situación.

La entrada en vigor de este acuerdo es "inmediata". "Si un Gobierno quiere utilizar el dinero quiere utilizarlo para otras cosas que además son ilegales tendrán que ser ellos los que lo sufraguen, porque no lo sufragarán con el dinero de todos los catalanes", ha subrayado.

Según ha justificado, existe "derecho" a "saber que nadie utiliza ese dinero de todos para algo que es solamente la pretensión de unos pocos". Se trata de una medida "preventiva" en favor de la "seguridad y bienestar" de los catalanes "para garantizar que el dinero va donde los catalanes quieren que vaya, que es a prestar los servicios públicos esenciales y no un referéndum ilegal".