El Govern planea aprobar la ley del referéndum por la vía de urgencia a pesar de la suspensión del TC
JxSí y la CUP pedirán la modificación del orden del día en el Pleno previsto para los días 6 y 7 de septiembre y se aprobará la Ley evitando también el Consell de Garanties y acercándolo a la Diada.
El Govern quiere retrasar el peso de la Justicia lo máximo posible.
La Mesa del Parlament decidió este miércoles no admitir a trámite la ley del referéndum registrada en la cámara catalana desde el pasado 31 de julio por los grupos independentistas de JxSí y la CUP.
A pesar de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, aseguró que este retraso se debía a la complejidad de la ley y no a una estrategia para evitar la justicia, lo cierto es que los que trabajan en el procés estarían preparando un nuevo giro táctico.
Así, el nuevo plan del Govern y de Junts Pel Sí pasaría por tramitar y aprobar la ley del referéndum en 48 horas en los plenos del 6 y 7 de septiembre, a tres días de la Diada -la última gran demostración de fuerza del soberanismo antes del referéndum-.
Las razones para haber aplazado la decisión es ganar tres semanas antes de colocarse en situación de manifiesta desobediencia e ilegalidad y retrasar las consecuencias legales de esta decisión sobre las personas que la tomen.
Por lo tanto, en la próxima reunión de la Mesa, Forcadell seguirá dando largas para admitirla a trámite y evitar, así, la respuesta inmediata de la justicia por los recursos que supuestamente presentarán la oposición catalana y el Gobierno central.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO
Por lo tanto, la alternativa es alterar el orden del día de próximo pleno -6 y 7 de septiembre- para aprobar la ley. Del mismo tiro consiguen evitar también que se lleve la misma al Consell de Garanties -un órgano que ya ha puesto en duda la forma de actuar del Parlament-.
La dinámica funciona así: JxSí y la CUP pedirán el cambio del orden del día y una vez aprobado por la mayoría del pleno -la ostentan ambas formaciones-, se aprobará la ley del referéndum por la vía de urgencia a pesar de que ha sido invalidada por el Constitucional, quien este mismo miércoles rechazó el recurso presentado por el Govern.
Ahora bien, a pesar de que se siga este procedimiento, la Ley no durará más de 48 horas porque el Tribunal Constitucional sancionará la aprobación de la misma. Por lo que seguimos igual: un referéndum del 1 de octubre sin ningún tipo de cobertura legal.
Por lo tanto, la eficacia de la ley será la misma se apruebe cuando se apruebe. Lo único que consiguen aplazándolo tanto es coordinar la actividad política del Parlament con la movilización ciudadana en la calle.
APLAZAR CONSECUENCIAS
Otro de los objetivos es aplazar las consecuencias a las que se enfrentan los miembros de la Mesa del Parlament, ya avisados de las ilegalidades en las que podrían incurrir.
Sin ir más lejos, este miércoles, el TSJC ha notificado a Carme Forcadell la suspensión cautelar de la reforma del reglamento y el apercibimiento de posibles responsabilidades si se incumple. Hasta que la ley no se tramite, la Justicia no puede actuar y, por lo tanto, Forcadell y el resto de la Mesa no incurren en ninguna responsabilidad legal.
Ahora bien, algunas fuentes de la oposición apuntan a que ni los impulsores del plan secesionista se lo están creyendo ya que, según han declarado en muchas ocasiones, no deberían importarles las consecuencias legales si Catalunya será independiente el próximo 2 de octubre.
APROBACIÓN EN BREVE
De hecho, el presidente de JxSí, Lluís Corominas, has asegurado que tramitarán "en breve" la ley del referéndum pero no descarta ninguna posibilidad que tengan al alcance para garantizar el 1-O, también que el Govern haga un decreto ley.
"Utilizaremos todas las posibilidades que nos permitan celebrar el 1-O. No descartamos ninguna. No podemos descartar cosas que están en el ordenamiento jurídico", ha asegurado en rueda de prensa, acompañado por el portavoz adjunto de JxSí, Roger Torrent, al preguntársele si, entre las opciones que contemplan, está el decreto ley del Govern.
Pese a todo, ha manifestado su convencimiento de que la ley se tramitará y se aprobará en el Parlament, y también su perplejidad por el "interés" que generó esta cuestión en los grupos de la oposición.
"Teniendo en cuenta cómo la atacan, que ahora tengan prisa para que vaya en el orden del día es sorprendente", ha sostenido Corominas, que ha apoyado las explicaciones dadas por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Después de que el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, afirmara que el Govern afronta un referéndum sin convocatoria, censo, funcionarios, urnas, papeletas ni calendario, el presidente de JxSí ha replicado: "Habrá convocatoria, hará censo, habrá urnas, habrá papeletas y el calendario ya lo tienen: el 1-O".
LEY DE TRANSITORIEDAD
Sobre la ley de transitoriedad, Corominas ha reiterado que explicarán su contenido este mes, por lo que ha negado que intenten esconder su redactado, y se ha mostrado convencido de que también se pondrán de acuerdo en el procedimiento para tramitarla.
Así, ha negado que haya discrepancias entre JxSí y la CUP sobre esta cuestión, y ha aventurado que habrá un acuerdo al respecto: "La tramitaremos de acuerdo con todo el mundo. Cada vez que hemos tenido algún problema de este tipo nos hemos puesto de acuerdo en el calendario y la tramitación, lo hemos superado".
También ha tachado de "escándalo" la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de mantener la suspensión de la reforma del reglamento del Parlament porque, a su juicio, el contenido de la norma es perfectamente legal y lo prevé el reglamento de las Cortes y de otras 14 comunidades autónomas.
Para Corominas, la resolución del Alto Tribunal es de carácter preventivo pero "el derecho no entiende de prevenciones", por lo que considera que el TC actúa de parte y se somete al servicio del Estado.
"Los reglamentos no regulan ideologías, son instrumentos para que se puedan vehicular iniciativas, y no se pueden someter a la voluntad del Gobierno" central, ha recalcado después de que el Abogado del Estado Jefe, Francisco de Asís Sanz Gandanseguí, alegara que la reforma del reglamento sólo busca romper la nación española.
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