La Fiscalía ordena a los Mossos requisar todo el material que pueda usarse en el referéndum

 

Los Mossos obligados a colaborar con la Fiscalía General del Estado. 

La Guardia Civil registra desde primera hora de la tarde la empresa de Constantí en que sospecha que se ha impreso material para el referéndum.

Un grupo de agentes ha entrado en el recinto a las 14.45 horas, con cajas y mochilas en las que previsiblemente introducirá el material que considere para investigar.

La Fiscalía de Tarragona abrió diligencias de investigación el jueves por la mañana tras recibir un atestado de la Guardia Civil por si una empresa tiene imprimido material del 1-O, han indicado fuentes judiciales.

A mediodía de este viernes, hasta entrar en el recinto, la Guardia Civil se limitaba a estar a las puertas de la nave, controlando los vehículos que entraban y salían.

LA EMPRESA LO NEGÓ

Fuentes de la empresa declararon que es "falso" que estén imprimiendo ese material.

Según había publicado el diario digital local 'La República', en esta sociedad se pueden haber estado imprimiendo ejemplares de la 'Lista numerada de votantes', un documento de 24 páginas en catalán y castellano, en el que se incluyen instrucciones para los miembros de las mesas electorales.

En este documento puede estar incluida una cuadrícula que se rellene con los nombres de los votantes en las mesas de votación.

REQUISAR URNAS

Los cuerpos políciales no solo deberán requisar “urnas”, “sobre electorales” o “manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales” sino que también deberán redactar los atestados correspondientes ante los indicios de delitos que presencien y dar traslado de los mismos a la Fiscalía. Y es que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dictó este jueves un oficio en el que ordena a los máximos responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra en las cuatro provincias catalanas que intervengan en el caso de la celebración del referéndum interviniendo si es necesario "los efectos del delito" y elaborando el correspondiente atestado ante cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares.

Entre estos efectos estarían las urnas, las papeletas y sobres electorales y los manuales de funcionamiento de las mesas.

Así se señala en el escrito remitido por Maza tanto al fiscal superior de Catalunya como a los fiscales jefes provinciales, en cumplimento de la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió anoche la ley de referéndum y la convocatoria de la consulta independentista del próximo 1 de octubre.

Una vez la policía remita los atestados, Maza ordena a los fiscales incoar las correspondientes diligencias de investigación y formular denuncia o querella ante el órgano jurisdiccional competente.

En este sentido, el oficio advierte de que "la notoriedad de la prohibición de los actos de organización del referéndum hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores, dirigida a tal fin", sea constitutiva "al menos" de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, castigado éste último con hasta ocho años de prisión y veinte de inhabilitación absoluta.

En el último de los casos, el delito prevé penas de prisión, a las que se enfrentarían aquéllos que incurran en gastos de dinero público destinados a la consulta que ha sido suspendida por el TC.

El oficio, de cinco páginas, comienza recordando el auto del pasado mes de febrero por el que el TC declaró la nulidad de la resolución por la que el Parlament acordó llevar adelante "un proyecto político de desconexión con el Estado español y creación de un estado catalán independiente en forma de república", lo que supone "intentar una inaceptable vía de hecho para reformar la Constitución al margen de ella o conseguir su ineficacia práctica":

Además, insiste en que el tribunal de garantías acordó notificar dicha suspensión tanto al la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, como al resto de la Mesa con la advertencia de abstenerse de realizar "cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento" a la hoja de ruta independentista. Igualmente, se anularon las partidas presupuestarias tendentes a la celebración de la consulta.

Ante esta situación, el fiscal general del Estado señala en su escrito que los pronunciamientos del TC se dan a conocer "a través de todos los medios de comunicación", por lo que la prohibición del referéndum "es un hecho notorio e, indudablemente, de conocimiento indiscutible para todos aquellos que ostentan alguna responsabilidad pública".