El Tribunal de Cuentas reclama más de 5,2 millones a Mas por la consulta del 9N
El pasado 6 de septiembre, el Tribunal de Cuentas ya aclaró que la citación "no exige afianzamiento alguno" por lo que no tendrán que pagar de inmediato | Ya están inhabilitados por el Supremo para ejercer cargos públicos.
Artur Mas está inhabilitado para cargo público por el Tribunal Supremo.
El Tribunal de Cuentas pide a Artur Mas 5.251.948,17 euros por la organización del 9N. Además del expresidente de la Generalitat, otros ex altos cargos también han comparecido ante el Tribunal para hacer las alegaciones pertinentes antes de imponerles una fianza por supuesto desvío de caudales púbicos para la consulta del 9N.
Esta cantidad responde a los gastos de la organización del referéndum unos 4,8 millones de euros más los intereses generados desde la fecha de celebración de la consulta hasta hoy, que suponen alrededor de 0,4 millones de euros, han concretado fuentes de Sociedad Civil Catalana (SCC).
Además de Mas, los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, todas ellos inhabilitados al igual que Mas por la consulta del 9 de noviembre de 2014, así como otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidència y Governació de la Generalitat.
Estos siete cargos son: Lluís Bertran Saura, Josefina Valls Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo Planas, lgnasi Genovés Avellana, Jordi Serra Catalán y Jordi Vilajoana Rovira.
El pasado 6 de septiembre, el Tribunal de Cuentas ya aclaró que la citación "no exige afianzamiento alguno" por lo que no tendrán que pagar, de inmediato, los 5,12 millones de euros que les reclaman por el 9N.
INHABILITADOS POR EL SUPREMO
Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.
En su resolución el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros.
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