La aplicación del artículo 155 supondría sustituir al Govern de la Generalitat en pleno

 

Mariano Rajoy y Carles Puigdemont

Al presidente Rajoy se le plantean dos opciones. O formar un Gobierno de concentración con políticos de todos los partidos o bien uno de gestión con técnicos del Estado. Y finalmente, convocar elecciones en Catalunya para dentro de 3 o 6 meses.

Las próximas semanas serán decisivas en relación a la aplicación por primera vez en 40 años del artículo 155 de la Constitución. Según fuentes del Tribunal Constitucional, «el artículo 155 es la bomba atómica, está ahí como amenaza, pero a nadie se le ha pasado nunca por la cabeza que hubiera que aplicarlo».

Así, según publica este domingo el diario ‘El Mundo’, “el escenario general con el que trabajan los servicios jurídicos del Estado es la destitución de todo el Govern y su reemplazo por una superestructura general paralela designada por el Gobierno central para hacerse cargo de la gestión ordinaria de la administración autonómica catalana durante unos meses -de tres a seis- y posteriormente convocar las elecciones autonómicas. La operación político-jurídica es inédita, enormemente delicada, y está plagada de incógnitas que los responsables de su ejecución habrán de resolver antes de plantearla en el Senado”.

No obstante, esta próxima semana se agotan los dos plazos implícitos en el requerimiento de Rajoy a Puigdemont: El primero, para que conteste sí o no se declaró la independencia en el últim pleno del Parlament de Catalunya, se acaba el lunes. El segundo, en el que se le exige que restaure la legalidad, finaliza el jueves.

Así las cosas, la única manera de evitar la aplicación del 155 sería que Carles Puigdemont ponga freno al proceso independentista convocando elecciones anticipadas. Sobre todo a partir de la disposición del PSOE a negociar con el Gobierno el contenido del desarrollo de este artículo, si llega el caso de que Puigdemont se mantenga en sus trece para proclamar la república catalana.

UNA MEDIDA INÉDITA

Así, según el reportaje de ‘El Mundo’, “los juristas y los expertos en Derecho Constitucional no son muy explícitos a la hora de pronunciarse acerca de cómo debe desarrollarse el 155. El Gobierno se adentrará, pues, en un territorio inédito que nadie ha explorado. Los responsables de los servicios jurídicos del Estado y la Presidencia del Gobierno trabajan a contrarreloj -y con un elevado nivel de vértigo y estrés- desde hace dos semanas en busca de la fórmula jurídica para tomar «las medidas necesarias para obligar» a la comunidad autónoma catalana «al cumplimiento forzoso» de sus «obligaciones». Las «medidas» deberán ser remitidas al Senado para su aprobación por mayoría absoluta”.

“El escenario general con el que trabajan los servicios jurídicos del Estado es la destitución de todo el Govern y su reemplazo por una superestructura general paralela designada por el Gobierno central para hacerse cargo de la gestión ordinaria de la administración autonómica catalana durante unos meses -de tres a seis- y posteriormente convocar las elecciones autonómicas. La operación político-jurídica es inédita, enormemente delicada, y está plagada de incógnitas que los responsables de su ejecución habrán de resolver antes de plantearla en el Senado”, detalla el diario.

«No se trata de suspender la autonomía de Cataluña, eso no se puede hacer, sino de garantizar el autogobierno, de restaurar la legalidad estatutaria que se está incumpliendo. Pero respetando todas sus competencias y sin privarla de sus instituciones de autogobierno. Cataluña no se va a convertir en Ceuta y Melilla, la única parte del territorio en la que el Estado sigue manteniendo muchas competencias», se asegura desde el Gobierno.

GOBIERNO DE CONCENTRACIÓN O TÉCNICOS EN GESTIÓN

En este aspecto, los abogados del Estado contemplan dos hipótesis generales para sustituir al presidente de la Generalitat y a su Govern.

La primera es un Gobierno de concentración en el que participarían políticos de todos los partidos, incluídas algunas personalidades nacionalistas críticas con el proceso independentista. Se trataría de nombrar a un presidente de la Generalitat y a los correspondientes consellers de entre personalidades con prestigio. Entre los nombres que se han barajado -siempre con carácter muy embrionario- figuran Josep Borrell -catapultado a la actualidad por su discurso tras la manifestación de Barcelona-, el ex ministro Josep Piqué, el ex dirigente de Convergència Josep López de Lerma e, incluso, el propio Josep Antoni Durán i Lleida. 

La segunda hipótesis sería un gobierno de gestión, más «tecnocrático», y consiste en la creación de un órgano colegiado, compuesto por altos funcionarios del segundo nivel del Estado -subsecretarios, secretarios de Estado o directores generales-, que se harían cargo de los distintos departamentos del Gobierno catalán, para gestionar los asuntos ordinarios. Este órgano colegiado sería casi una copia de la comisión de subsecretarios y estaría presidido por Soraya Sáenz de Santamaría.

Esta segunda opción, según ‘El Mundo’ genera muchas dudas. La primera, si los altos cargos designados para hacerse cargo de las funciones de las distintas consejerías tendrían que desplazarse a Catalunya o ejercer desde Madrid. La segunda, qué hacer con los escalones superiores de la administración autonómica catalana -secretarios generales, directores generales-, que podrían ser destituidos o mantenidos en sus puestos. También cabe la posibilidad de que se produzcan dimisiones en bloque. La administración catalana tiene 300.000 funcionarios.

Y aún cabe una tercera posibilidad, menos desarrollada, que consistiría en designar a un ministro para Catalunya que se hiciera cargo de la administración en esa comunidad.

En cualquiera de los supuestos, la tesis que impera en el Gobierno es que la superestructura de mando que sustituya al Govern no podría tomar decisiones políticas, sino únicamente garantizar el normal funcionamiento de la administración autonómica. Por poner dos ejemplos concretos, no se podría alterar el status quo del sistema educativo catalán, ni entrar a saco en TV3.

El Parlament tendría que seguir funcionando en paralelo. Los servicios jurídicos del Estado interpretan que al Gobierno autonómico que incumpla la ley -como es el caso- se le puede sustituir por otro que la cumpla invocando el 155, pero no a los representantes de los ciudadanos.