La expresidenta del Parlament acata el 155 y sostiene que la DUI fue simbólica
Fiscalía quiere solicitar medidas contra Forcadell y ex miembros de la Mesa del Parlament al término de las declaraciones.
Forcadell a su salida del Tribunal Supremo.
La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha asumido ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena la aplicación del artículo 155 de la Constitución que conllevó a la disolución de la cámara y ha sostenido que la declaración de independencia unilateral (DIU) que fue aprobada el pasado 27 de octubre, era "simbólica".
Forcadell ha contestado a las preguntas que le realizan los fiscales presentes en la declaración que comenzó poco antes de las diez de esta mañana y que ha durado más de dos horas ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena por delitos de rebelión, sedición y malversación, han confirmado fuentes jurídicas.
De este modo, la parlamentaria habría roto con la estrategia seguida el pasado 2 de noviembre por los ocho ex miembros del Govern que se negaron a responder a las preguntas del Ministerio Público durante el interrogatorio al que les sometió la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien acordó contra ellos prisión preventiva.
El único para el que se impuso una fianza, y que ha ha sido excarcelado tras depositarla, fue el exconsejero de Empresa Santi Vila, que sí había respondido al fiscal.
FISCALÍA
La Fiscalía solicitará las medidas cautelares -que pueden ir de la mera retirada de pasaporte a la imposición de fianza e incluso el ingreso en prisión- para la presidenta del Parlament de Catalunya y los cinco exmiembros de la Mesa.
Así lo han señalado fuentes de la Fiscalía, que han recordado que la adopción de medidas cautelares de carácter personal ya había sido solicitada en la querella presentada contra todos ellos "teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas".
El TS REQUIERE AL TSJC TODA LA CAUSA CONTRA LA MESA
El juez Pablo Llarena ha requerido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) toda la causa que se abrió allí por desobediencia, malversación de caudales públicos y prevaricación. El objetivo es acumular toda la causa contraForcadell,y los miembros de la Mesa que permitieron la tramitación de las leyes de ruptura y de referéndum.
Por eso, ha reclamado a la magistrada que instruye esta causa en el TSJC, Maria Eugènia Alegret, le remita todas las diligencias que ha realizado hasta la fecha.
En la causa abierta en el TSJC están investigados, además de Forcadell, el exvicepresidente primero del Parlament Lluís Coromminas, la exsecretaria primera de la Mesa Anna Simó, el exsecretario tercero Joan Josep Nuet y la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet.
Se les acusa de haber "dinamitado los cimientos del Estado" con los actos realizados, como la tramitación de la propuesta de declaración de independencia.
Unos actos realizados "con absoluto desprecio" a la Constitución y proclamando la separación de una parte de España.
Las declaraciones se aplazaron el pasado 2 de noviembre para que los abogados pudieran preparar la defensa.
Junto con Forcadell, también declaran Anna Simó (ERC), los miembros del Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que es Pot), todos aforados menos Nuet, al pertenecer a la Diputación Permamente del Parlament.
MEDIDAS CAUTELARES
Siguiendo el criterio que Fiscalía aplicó con el vicepresidente cesado Oriol Junqueras y los 'exconsellers' en la Audiencia Nacional, se espera que el ministerio público pida medidas cautelares para los investigados.
Entre ellas, el juez puede imponer el ingreso en prisión provisional, en caso de lo que pidiese la Fiscalía.
Para todos los citados, eso sí, menos para Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que es Pot) a quien podría solicitar una fianza. Una opción que cobra peso en casa que opte por desmarcarse de la desobediencia que se les atribuye.
ANTECEDENTES
La Fiscalía presentó el 30 de octubre dos querellas, una en la Audiencia Nacional y otra en el Tribunal Supremo, contra un total de 20 personas por hechos que engloban todo el denominado 'procès'.
La querella interpuesta en el Supremo iba dirigida contra Forcadell y los cinco exmiembros de la Mesa, todos ellos aforados por pertenecer a la Diputación Permanente del Parlament, salvo Nuet.
En cuanto a la Audiencia Nacional, la Fiscalía se ha querellado contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su vicepresidente Oriol Junqueras y otros 12 consejeros.
La Audiencia Nacional también concentró el pasado jueves las declaraciones de estos investigados, aunque el 'expresident' y cuatro de sus subordinados no se presentaron ante la juez Carmen Lamela, por lo que lanzó una orden de detención europea y otra de búsqueda y captura internacional.
La magistrada de la Audiencia Nacional envió a prisión a los nueve altos cargos del Govern que sí comparecieron en las dependencias judiciales, entre ellos Santi Vila, al que dejó en libertad al día siguiente tras pagar una fianza 50.000 euros.
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