Rull y Turull acatan el 155 para salir de prisión

 

Los exconsellers niegan el riesgo de reiteración delictiva. 

Los conselleres cesados de la Generalitat Josep Rull y Jordi Turull han alegado en su recurso contra el auto la prisión incondicional dictado por la jueza Carmen Lamela que acatan el artículo 155 de la Constitución y que han optado por concurrir a las elecciones del 21-D.

En sus recursos de apelación, los dos exconsellers niegan los preceptos en los que se basa la decisión de encarcelarles.

Tanto que exista riesgo de reiteración delictiva ya que han acatado el 155 y ya no tienen puestos de poder, como que haya riesgo de fuga ya que mantienen su "compromiso político" con Catalunya y la intención de concurrir en las elecciones del 21 de diciembre.

En el recurso se solicita para la sustanciación del recurso la celebración de una vista en la que se permita la presencia de ambos investigados, al amparo del artículo 766.5 de la Ley de enjuiciamiento criminal.

La defensa solicita en su escrito que, para la sustanciación del recurso, se celebre una vista en la que se permita la presencia de ambos investigados, al amparo del artículo 766.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Todos los querellados, "aún discrepando políticamente de su contenido y legitimidad, han acatado expresamente las medidas decretadas al amparo del artículo 155 de la Constitución sin efectuar ni promover ningún tipo de resistencia a su aplicación", aseguran.

Añaden que tras la aplicación del 155 ninguno de los querellados "ha optado por ofrecer ni promover resistencia al nuevo escenario, anunciando por el contrario su propósito de concurrir a las urnas".

21 DE DICIEMBRE

Consideran que tampoco existe riesgo de fuga por el compromiso político de los exconsellers con Catalunya, siendo "impensable" que quisiera abandonar la tierra con la que siempre se han sentido comprometidos, más aún al concurrir en las elecciones en la lista de JuntsxCat.

Defienden que la privación de libertad "contraviene el derecho a elecciones libres" del Protocolo de la Convención Europea de Derechos Humanos y el derecho de los ciudadanos a tener representantes políticos, que se traduce, también, en el derecho a la iniciativa y participación políticas recogido en el artículo 23 de la Constitución Europea.