La precaria economía familiar empuja a los ‘exconsellers’ a pedir su pensión y acatar el 155
Puigdemont ha renunciado a su pensión por considerar que sigue ejerciendo de presidente del ‘Govern legítim’ en el exilio pero sí reclama su sueldo de diputado. En el entorno de ERC justifican un apoyo vital mínimo a las familias de los afectados que han perdido los ingresos desde que fueron cesados
El último Consell Executiu presidido por Carles Puigdemont
Carles Puigdemont está viendo como el inicio de la campaña electoral marca la conducta de sus compañeros del Govern que acatan las consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aceptan su condición de “exconsellers” y piden sus retribuciones correspondientes. El último, su principal rival en la elecciones, el exvicepresidente Oriol Junqueras, que ha solicitado su salario de 'exconseller', igual que han hecho buena parte de los antiguos miembros del Ejecutivo catalán.
Así lo han confirmado fuentes de ERC, que explican que en la misma situación se encuentran otros 'exconsellers', tanto los que se encuentran encarcelados, como el propio Junqueras, como los que se encuentran en Bruselas.
Así, se suman a la petición del vicepresidente cesado otros 'exconsellers' en prisión, como Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Treball) y Carles Mundó (Justicia). Desde su estancia en Bruselas han hecho lo propio Clara Ponsatí (Educació), Lluís Puig (Cultura), Toni Comín (Salud) y Meritxell Serret (Agricultura).En el entorno de ERC lo justifican como un apoyo vital mínimo a las familias de los afectados que han perdido los ingresos desde que fueron cesados. Tal y como establece el marco legal vigente, los 'exconsellers' tienen derecho a percibir una cantidad fija que se estableció en los años ochenta y que se ha ido actualizando. Actualmente, el importe es de 2.095 euros brutos, que se pueden percibir durante un periodo máximo de 18 meses.
La cuestión es que los 'consellers' en la cárcel están en prisión preventiva pero no han sido condenados por ningún delito por lo que tienen todo el derecho a percibir esta compensación. La misma circunstancia que se aplica a los que se encuentran Bruselas.
Si embargo, la relevancia es política. Al solicitar la asignación se produce el acto jurídico de reconocerse como 'exconsellers', lo que choca frontalmente con el discurso de que hay una Generalitat en el exilio. Por eso, por ejemplo, Carles Puigdemont rechazó cobrar su salario como 'expresident', pero ha pedido cobrar los tres meses que le corresponden en calidad de diputado. Y por eso, esa postura deja aislado el discurso de un Puigdemont en el exilio con un "Govern legítimo".
Por su parte, Oriol Junqueras ha evitado el acatamiento explícito del artículo 155 siguiendo la misma estrategia que la totalidad de los 'exconsellers' de ERC que están en prisión preventiva. Esta semana pueden ser llamados a declarar en el Tribunal Supremo para que aclaren su postura y, en función de lo que declaren, tal y como pasó con los miembros de la Mesa del Parlament, encabezados por Carme Forcadell, pueden ser puestos en libertad.
Esta dignificación legal queda en parte cuestionada por la solicitud de la pensión de 'exconseller', que también han demandado los antiguos cargos que están intentando permanecer en Bruselas. No es ilegal. Pero chirría cuando la campaña electoral se basa, como defienden tanto Puigdemont como Marta Rovira (ERC), en la implementación de una república ya declarada.
SALIR DE LA CÁRCEL Y SEGUIR EN EL CARGO
Una estrategia diferenciada es la que están siguiendo los 'exconsellers' del PDeCAT que también están en la cárcel de Estremera. Tanto Josep Rull (Territori i Sostenibilitat) como Jordi Turull (Presidencia) o Joaquim Forn (Interior) han acatado de manera explícita el artículo 155, en un intento por acelerar la excarcelación. Sin embargo, ni Rull ni Turull han aceptado su condición de 'exconsellers' y se han limitado, tal y como ha hecho el propio Puigdemont, ha solicitar sus salarios como diputados, al cual también tienen derecho.
La situación económica de algunas de las familias de los 'exconsellers' es muy precaria. Además, están los gastos legales, especialmente elevados para los retirados en Bruselas. Estos últimos movimientos se entienden en esta clave, sobre todo, personal y familiar. Pero, desde luego, tienen repercusión política y más con las elecciones a las puertas.
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