El Supremo decidirá el 30 de enero sobre la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat

 

Planta desalinizadora de ATLL

El Tribunal Supremo dictará una resolución sobre el recurso de la Generalitat a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que anuló el concurso con el que se adjudicó a Acciona la gestión de ATLL.

Con esta operación la Generalitat llevó a cabo la mayor privatización de Cataluña, que ascendió a 1.000 millones de euros, y que iba destinada a tapar el agujero del déficit en 2012.

Agbar denunció entonces la adjudicación ante el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) que acabó dándole la razón argumentando que Acciona debería haber quedado excluida del procedimiento por el incumplimiento de una de sus bases.

Desde sus inicios, la operación ha estado envuelta en litigios y adversidades para la administración de Artur Mas. Así, el 12 de marzo de 2015 tal y como ha venido informando CATALUNYAPRESS, el Tribunal Supremo sentenciaba que "Aigües Ter-Llobregat (ATLL) está inhabilitada para gestionar el servicio de abastecimiento en alta" del Sistema Ter-Llobregat.

En febrero de 2016, la Oficina Antifraude de Catalunya presentaba un informe en el que se relata cómo el Grupo Acciona habría desviado 13,3 millones de euros por servicios que presuntamente nunca han llegado a realizarse entre los años 2013 y 2015. A través de un mecanismo de facturas cruzadas entre ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya y Empresa Operadora ATLL y Acciona Agua, dos filiales con vinculaciones con el grupo.

Finalmente, en la réplica a la auditoría de ese año, la interventora explicó que el Ejecutivo catalán provisionó 380,29 millones de euros —más de lo estimado públicamente— ante el “riesgo” de que los tribunales decidan resolver el contrato. En concreto, la Administración admitió que podría verse obligada a hacer frente a “posibles indemnizaciones por daños y perjuicios”. En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Acciona estimó que las compensaciones podían llegar a los 296 millones de euros, aunque sin tener en cuenta los daños y perjuicios.